Hace unos días el representante del régimen de Maduro, el cuestionado Maikel Moreno, asistió en La Haya a la celebración de los 20 años de la firma del Estatuto de Roma, en la sede la Corte Penal Internacional, ante la cual se han formulado denuncias muy serias en las que se señalan funcionarios del régimen venezolano que estarían incursos en la realización de crímenes de lesa humanidad, entre los cuales el mismo Moreno.
La presencia del representante de Maduro provocó críticas y comentarios diversos, en particular, sobre la efectividad de las sanciones que legal y justificadamente han impuesto algunos gobiernos a funcionarios del régimen venezolano señalados por su participación en la destrucción del Estado de Derecho y en la violación sistemática y generalizada de derechos humanos en el país.
En relación con ello debemos recordar, ante todo, que la Corte es, además de una institución judicial internacional, integrada por jueces elegidos por los Estados partes del Estatuto, una organización internacional con una estructura propia de esas instituciones. En efecto, en este último contexto, el Estatuto prevé una Asamblea de Estados partes en la que están representados todos los Estados que han ratificado el Estatuto, un órgano que tiene funciones muy específicas, como se describen en el artículo 112 de ese mismo texto.
El Reino de los Países Bajos es el Estado sede. Es en La Haya en donde se ha establecido la Corte y para regular sus relaciones, como es normal en el funcionamiento de las organizaciones internacionales, se suscribió un acuerdo sede entre el Reino y la Corte, en el que se regula, entre otras, lo relativo a las inmunidades y privilegios de los representantes de los Estados partes que asisten a las reuniones de la Asamblea (artículos 21 y 22 del Estatuto).
Los Estados, Venezuela en este caso particular, tienen derecho de enviar representantes, independientemente de la relación que pueda haber entre ese Estado y el Reino de los Países Bajos o la Unión Europea de la cual es parte; Países Bajos, por su parte, tiene la obligación de garantizar su participación de conformidad con el Acuerdo Sede y las demás normas de derecho internacional aplicables, en particular, vale recordar también, las establecidas en la Convención de Viena sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal, de 1975, que convencionaliza normas de derecho internacional consuetudinario.
Es cierto que sobre Moreno se han acordado sanciones, no solo la UE, sino otros Estados, medidas unilaterales que por lo demás se justifican, dada su participación en un régimen que viola el Estado de Derecho y los derechos humanos en forma sistemática y generalizada; pero sobre él no se ha dictado ninguna medida judicial, tampoco es objeto de una investigación formal por la Fiscalía, que tiene en sus manos numerosas pruebas para hacerlo, lo que no ha hecho hasta ahora y por lo cual es objeto de críticas.
Aunque pudiere parecer una paradoja, el ingreso de Moreno al territorio europeo está prohibido por resolución de la UE. Sin embargo, el ingreso al territorio de los Países Bajos estaría autorizado según lo establecido en el Acuerdo Sede suscrito con la Corte Penal Internacional, que prevalece en este caso.
Evidentemente, la situación sería distinta si Moreno fuese objeto de una investigación o si sobre el pesase una orden de captura (Caso Al Bashir, de Sudán) o en todo caso, si hubiese una decisión condenatoria por su participación en la realización de crímenes de lesa humanidad, tal como lo establece el Estatuto de Roma que inversamente, prevalecería, en este caso, sobre el Acuerdo Sede.
Lo que es importante destacar es que la presencia de Moreno en la sede de la Corte no disminuye ni anula las sanciones, una percepción que buscaba proyectar el régimen de Maduro para afectar la credibilidad de estas acciones unilaterales que en definitiva, insisto, son legítimas y necesarias para restaurar el orden en Venezuela.
El régimen jugó una vez más con las reglas y envió a un sancionado por la UE a una reunión en el territorio de un Estado de la Unión, para retar a la comunidad internacional y abrir una discusión sobre un tema delicado. Una postura ofensiva y arrogante que refleja la naturaleza del régimen de Maduro y su camarilla organizada que insiste en enfrentar la legalidad y el orden internacional, propio del forajido que tanto preocupa a la comunidad internacional.
Sobre lo jurídico hay mucho que decir, más en el futuro cuando la Fiscalía comience la investigación formal que está obligada a iniciar y en la que seguramente estará Moreno como uno de los investigados por sus acciones y omisiones que lo pudieren hacer partícipe en crímenes de lesa humanidad. Sobre lo político hay espacio para especulaciones, pero en realidad este atrevimiento de la dictadura no es más que otro episodio de una obra que parece pronta a concluir.