El “diálogo” que propone el régimen, hoy con fecha fija de expiración, deberá centrarse en el cambio de gobierno y de sistema y no en otra cosa. No se trata de sentarse en una mesa para discutir las medidas económicas, la inseguridad o la ayuda humanitaria, mucho menos aún para alguna absurda distribución de cuotas o espacios de poder en el ejercicio de una suerte de cohabitación bastarda. El único tema a discutir es la organización inmediata de una transición pacífica lo que supone, pues ese es el sentimiento de la inmensa mayoría de los venezolanos, el establecimiento de un gobierno provisional de unidad nacional, la organización cuanto antes de elecciones libres organizadas por un ente electoral pluralista, independiente y autónomo designado por la Asamblea Nacional bajo supervisión internacional.

Por supuesto, ese “diálogo”, en el que participarían representantes de la sociedad civil, de todos los factores sociales del país, y no solamente de la oposición partidista, supone el cumplimiento por el régimen de algunas condiciones exigidas hace tiempo que nunca fueron respetadas. La liberación de todos los presos políticos y el fin de la persecución, el reconocimiento de los poderes públicos: la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, la eliminación de la constituyente y la recomposición del ente electoral.

Se abre así un período de transición en el que deberán adoptarse todas las medidas necesarias para superar la crisis y restablecer el orden democrático. La recuperación del Estado de Derecho, la recuperación del país; pero, sobre todo, los venezolanos exigimos que se esclarezcan los hechos, se determine la verdad, se establezcan responsabilidades y se haga justicia por los crímenes cometidos durante estos años, que deberán abarcar tanto las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y los crímenes internacionales, como los actos de corrupción y otros delitos conexos de alcance transnacional que han contribuido a la destrucción y al saqueo del país. Se pide que se procese a los presuntos autores y se castigue a los responsables. No se habla de venganza ni de retaliación, sino de justicia, lo que supone garantizar los derechos de los acusados y los intereses de las víctimas.

La recuperación del Estado de Derecho es fundamental. Es la base de la confianza. Es un concepto que se traduce en la necesidad de que todos, entidades públicas y privadas, el Estado mismo, estén sometidos al imperio de la ley que se aplicará en igualdad de condiciones, sin discriminación por razones políticas e ideológicas, por órganos independientes, imparciales y eficaces.

El proceso de transición que se habrá de iniciar no será un proceso fácil. Hay que estar claro en ello. Habrá que dar confianza a los venezolanos de que el cambio que se produce va en la dirección correcta, un cambio que promoverá las libertades y el crecimiento económico equitativo y que las políticas que se adopten serán inclusivas, para dejar atrás de una vez por todas la discriminación y la intolerancia, el odio y los intereses individuales y partidistas e ideológicos y dar paso al interés colectivo. El compromiso de hacer un país para todos es la prioridad. En pocas palabras el proceso que se inicia debe ser sólido y estable, pero sobre todo duradero.

Se han dado muchos procesos de transición en el mundo, algunos de los cuales hemos estudiado con el mayor detenimiento. Hay referencias importantes que debemos considerar, aunque debemos ser conscientes de que las crisis, sus orígenes, su naturaleza, su alcance y su forma son distintas, y las soluciones deben ser igualmente diversas. Pero hay muchos elementos comunes. Hay que concebir mecanismos transitorios, relacionados con la aplicación de la justicia y la erradicación de la impunidad, aunque algunos podrían integrarse posteriormente en el sistema de justicia permanente, mecanismos que permitan la investigación, la determinación y el esclarecimiento de los hechos ocurridos estos años, el procesamiento de los presuntos autores y el castigo de los responsables que va más allá de lo penal, abarcando lo administrativo y lo político.

Esa transición supone reformas institucionales y legales urgentes que garanticen a los venezolanos que estamos en la buena dirección y que genere a su vez confianza en la comunidad internacional, la que deberá apoyar e incluso participar en el proceso de reconstrucción. Solo esa confianza dentro y fuera asegurará que la situación vivida estos últimos años no se repita.

Habrá que reestructurar el sistema judicial y los órganos de justicia, las fuerzas armadas y los cuerpos policiales y de seguridad que deben estar al servicio de los ciudadanos, sin condicionamientos ideológicos o partidistas ni discriminación de ninguna naturaleza. Tal reestructuración debe ir acompañada, por supuesto, de reformas legales fundamentales, unas para desmontar el Estado montado ilegalmente en violación de la Constitución y del orden jurídico nacional y en contra de la voluntad de los venezolanos que lo rechaza en su inmensa mayoría, y otras para garantizar que las instituciones puedan funcionar eficazmente.

En el marco de la justicia deberán establecerse mecanismos o procedimientos transitorios, aunque nada excluye que puedan incorporarse en el sistema permanente de justicia tribunales, defensorías y fiscalías especiales, quizás tribunales algunos híbridos inspirados en los constituidos en el Líbano, en Timor Leste y en Sierra Leona; que apliquen el derecho internacional y el derecho interno e incluso mecanismos para que se haga efectiva la complementariedad de la Corte Penal Internacional y se puedan remitir algunos casos a esa jurisdicción penal internacional que ya los conoce, aunque todavía no haya, lamentablemente, iniciado la investigación correspondiente para dar inicio a los procesos penales individuales.

De manera que un “diálogo” no puede ser cualquier “diálogo” entre cualesquiera personas, incluso con cualquier apoyo o presencia internacional como la lamentable y vergonzosa participación llevada a cabo por Zapatero, quien lejos de haber sido un facilitador fue un miembro más de la delegación de la dictadura.

El cambio está en la puerta, aunque todavía algunos no lo vean, y corresponde a la sociedad pensante preparar el camino de la transición para que se pueda dar de la manera más pacífica y satisfaga a los venezolanos y a la comunidad internacional, afectada por esta crisis que ha sido calificada con razón de humanitaria compleja.


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