Inconcebible que luego del destierro de Lorent Saleh el gobierno de España replantee un diálogo en Venezuela. Contradictorio y sesgado pueden ser términos que adjetiven con acierto su posición. Ese destierro, y el asesinato de Albán, son las más recientes pruebas reales de la contundencia con la que impone el régimen chavista su poder absoluto y ello debería bastar para entender que con dictaduras no se dialoga, se les enfrenta. Eso es lo que han hecho muchos países y organismos internacionales. ¡Qué pena lo de España! Zapatero se burla nuevamente de los venezolanos.
El extrañamiento, usualmente tomado como sinónimo de destierro, pese a la sutil diferencia que consiste en que se hace por el tiempo que reste de condena, está prohibido expresamente como pena en Venezuela en la parte in fine del artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De forma tal que, al echar mano al principio jurídico de “nulla poena sine lege”, se ve la dimensión de la arbitrariedad. Mi condiscípulo Dr. Aníbal Palacios, perteneciente a esa camada de buenos juristas larenses, nos señalaba en una de sus opiniones: “El destierro, expulsión, extrañamiento del país, o como lo quieran llamar, es un procedimiento prohibido expresamente en la Constitución. Ese método es propio de las más aberrantes dictaduras. Eso de agarrar a un ciudadano, sacarlo de la cárcel directamente a un aeropuerto para extrañarlo del país es otra demostración clara de que vivimos en dictadura”.
Agregaríamos, pese a que la problemática de fondo es estructuralmente política, que la Constitución prohíbe las penas infamantes y establece que ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas, tratos crueles o degradantes; así como tampoco puede recibir, mientras esté presa, tratos indignos de su naturaleza humana.
Sería justo precisar que el destierro, como arma política del régimen, no solo debe entenderse como una de sus acciones puntuales, como ha sido el caso de Lorent Saleh. Los ya millones de venezolanos que han sido empujados fuera del país porque les estorba también son unos desterrados, en una variable muy importante que conlleva el término, cuando han tenido que migrar ante este nefasto gobierno totalitario, entreguista, excluyente y en extremo represivo. Dicho en otros términos, la causa de esa diáspora no tiene el carácter volitivo que pudiera tener quien –con derecho– así lo haga, por turismo o porque sus trabajos lo exijan. Los desterrados, bajo esta modalidad, son igualmente obligados a dejar su patria. La Acnur ya les está dando el estatus de refugiados por razones políticas, como seguramente se lo darán a Saleh.
Es una causa ajena a sus voluntades la que los ha aventado de aquí, en un desplazamiento forzoso que se impone con violencia en forma intencionada, donde es inexistente la administración de justicia porque no hay justicia que administrar, y en el que la represión, persecución, acoso y tortura están por encima de los legítimos derechos de nuestros compatriotas de vivir en su propia tierra. O de trabajar y disfrutar de un buen sistema de salud y educación, o coexistir pacíficamente con sus demás coterráneos, como en cualquier lugar civilizado del planeta.
Pero no, eso es imposible hoy en nuestro país. Dentro de las políticas de Estado está la completa sujeción que pretenden de los venezolanos a esos intereses totalitarios y hegemónicos; así, el manejo exclusivo y excluyente de alimentos y medicinas, divisas, petróleo, minería, donde lo único que han privatizado, y crece para mal, es el transporte público con las infames “perreras”; así como la dantesca recolección parcial de basura por un ejército de indigentes. De manera que esos paisanos que ya se fueron, y los que están por irse de este país unívoco en hambre y miseria, con esas políticas, fueron y serán deliberadamente empujados a ello, con mucha saña, por no ceñirse a las reglas de esta diabólica manipulación. La tristemente célebre “lista de Tascón” ha sido perfeccionada como instrumento de una discriminación generalizada por un régimen tan sectario como precario en soluciones.
Se quejaba el Dr. Palacios de que “hasta ese momento no había visto al primer político referirse a esta terrible violación constitucional, sabiendo que igual le puede pasar a cualquiera de ellos”. Ciertamente muy pocos se han pronunciado. Es de suponer que no lo han hecho aquellos a quienes les viene bien el diálogo, puesto que –entre otras cosas– los tiene ocupados la campaña electoral de los concejales en algunos municipios del país. Difícil salir de esta dictadura con ellos, pero no imposible. Basta con ver cómo han rectificado muchos que alguna vez solo les faltó inmolarse por el régimen. No sabemos si incurrimos en un acto de ingenuidad suprema cuando les pedimos que rectifiquen por el bien de todos los venezolanos.
Un concurso generalizado de los factores y actores políticos con seguridad despejará el camino hacia la transición necesaria; pero, más todavía, ante las amenazas “cantadas”, será indispensable para la viabilidad del cambio que determine otro rumbo para Venezuela.