En nuestro anterior artículo titulado “Bachelet: ángel o cómplice”, publicado en esta misma sección durante la visita de la alta comisionada pero antes de conocer su informe, alertábamos en el sentido de no llegar a conclusiones ni lanzar epítetos sin antes haberse producido y conocido el resultado. El resumen del informe se hizo público el día 4 de julio y el texto completo (38 páginas) se conoció el día 5 de julio. Generó reacciones notorias y esperamos que también consecuencias que lo eximan de la condición de “saludo a la bandera”.
No es cuestión de detenerse mucho para analizar la vitriólica reacción del funcionariado del régimen, que se sintió traicionado por la que ellos creían era una “pana burda” de la izquierda obsoleta, quien ignoraría su condición de funcionaria internacional de máxima jerarquía para alinearse con los muchachos del Foro de Sao Paulo. Menudo chasco se llevaron y ello quedó visibilizado por las descalificaciones que se hicieron, con mayor o menor educación, según el vocero. Era de esperarse.
Lo que sí vemos digno de comentario es el abanico de opiniones vertidas por voceros de la oposición venezolana que van desde la aprobación total (entre los cuales este columnista se anota) hasta quienes expresaron opiniones con distintos grados de reserva e incluso quienes consideran que la señora Bachelet no vio ―o no reportó― los suficientes horrores ni efectuó las recomendaciones requeridas, hasta quienes creen ―o afirman― que por haberse reunido con Nicolás Maduro, ello legitimó al usurpador (que era su anfitrión oficial) o que estuvo tibia en el lenguaje. No nos sorprende pero sí nos desalienta constatar que algunos dirigentes políticos, respetados opinadores y activos guerreros del teclado hayan llegado al extremo de descalificar el informe, y denigrar de la autora y su equipo, sembrando dudas sobre sus intenciones.
Además, hay que darse cuenta de que las recomendaciones del informe solo las puede cumplimentar el Ejecutivo usurpador, que, por los momentos, domina la estructura del Estado.
Lo cierto del caso es que las negociaciones que empezaron en Oslo (antes del informe de Bachelet) y que han seguido en Barbados (después del informe) se escenifican en condiciones muy diferentes para cada uno de los actores. Prueba de ello es la actitud de cada bando al salir del encuentro. El ―oficialismo apaleado― habla de “progresos sustanciales” y la oposición se mantiene en la posición firme de continuar sin descanso el camino de su agenda y sin permitir que el tal “diálogo” se convierta tan solo en oxígeno para quienes aún ocupan Miraflores y el aparato administrativo del Estado.
Es evidente ―y se ha repetido hasta el cansancio― que quien más apoya la causa de la restitución democrática ―la comunidad internacional― nos insta al diálogo como arma democrática civilizada y por lo mismo no es conveniente negar esa posibilidad, todo ello sin renunciar a la convicción de que el envión final reside en nosotros, los venezolanos unidos, movilizados y persistentes. ¿Implica riesgos? Sí. Solo frente al televisor y por WhastApp será difícil imponerse a quienes no tienen ya reparo alguno en el ejercicio de la maldad. ¿Duro? Sí. Pero lo que tenemos que vencer no es una “papayita”.
Para quienes creen que el demoledor informe de la alta comisionada es el final del trámite es bueno que estén enterados de que es solo el principio. En efecto, la visita de Bachelet fue el resultado de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ente ante el que la alta comisionada presentó sus conclusiones hace apenas unos pocos días. Con eso en la mano, el Consejo lo revisará y en su reunión plenaria, prevista para el venidero septiembre, resolverá si lo acoge o qué otra acción se recomienda.
Lo insólito del susodicho Consejo de Derechos Humanos es su composición, pues consta de 47 miembros: África, con 13; Asia Pacífico, con 13; América Latina/Caribe, con 8; Europa Occidental, 7; Europa Oriental, 6, y si usted se toma la molestia de verificar quiénes son, tendrá la sorpresa de encontrarse con la presencia ―entre otros― de Cuba, Argelia, Egipto, Rusia, Arabia Saudita, Qatar, República Democrática del Congo, Somalia, múltiples dictaduras de África, Venezuela y varios otros, cuyas credenciales de compromiso con los derechos humanos son muy poco encomiables. Saque usted sus conclusiones. En todo caso, el impacto político del informe de la alta comisionada no podrá ignorarse, menos aún en el ámbito continental y como insumo de la realidad política venezolana.