Cuando en días recientes escuché a la ex ministra para el servicio penitenciario y ahora miembro de la ilegal asamblea nacional constituyente, todo en minúsculas, Iris Varela en una sesión televisada de esa caricatura de asamblea, con el lenguaje vulgar y escatológico que siempre la ha caracterizado, mentarle la madre a todos los que criticaran al sistema penitenciario venezolano, sentí pena ajena y ratifiqué lo que siempre he dicho: tenemos el peor sistema penitenciario del continente y este oscuro personaje que ahora nos menta la madre a los que lo criticamos es una de las grandes responsables del desastre carcelario que hoy vivimos.
En un reportaje publicado en el diario El Nacional el pasado domingo se hizo un excelente trabajo de investigación sobre la situación de las cárceles en el continente y allí se demostró que Venezuela tiene el peor sistema penitenciario de la región, esto igualmente lo han dicho organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desde hace años ha denunciado la grave situación que se vive en nuestros recintos carcelarios.
La caótica situación de las cárceles no es nueva. En la llamada cuarta república era muy grave, no quiero que mis lectores crean que antes era buena, era igualmente mala, solo que en la actualidad llegó a niveles extremos de gravedad. Nunca en la historia contemporánea de Venezuela el sistema penitenciario había funcionado tan mal como ahora.
Tenemos un aproximado de 55.000 reclusos en cárceles del Ministerio para el Servicio Penitenciario y 45.000 en comisarías policiales para un aproximado de 100.000 presos en Venezuela actualmente. La capacidad real de las cárceles venezolanas es para un poco más de 20.000 reclusos y 5.000 en comisarías, con la alarmante cifra de más de 250% de hacinamiento, aunque hay casos que quintuplican esta cifra. Nunca en la historia, el país había tenido una población privada de libertad tan grande y unas cifras de hacinamiento de esa magnitud.
El hacinamiento carcelario va completamente relacionado con la incapacidad del Estado venezolano a través del Ministerio para el Servicio Penitenciario de solucionar este grave problema con la construcción de nuevos recintos carcelarios, a pesar de los muchos ofrecimientos que se han hecho al respecto y que no han sido más que promesas incumplidas. Cuando se creó el Ministerio para el Servicio Penitenciario en julio de 2011, la titular de este despacho, Iris Varela, anunció que en el lapso de 2 años construiría 24 cárceles. Esto nunca se cumplió.
El ministerio solo ha inaugurado 3 recintos carcelarios: la Comunidad Penitenciaria de Lara, que estaba en construcción desde la época del Plan Nacional de Humanización Penitenciaria; la Cárcel 26 de Julio en el estado Guárico, que eran unos galpones que fueron expropiados a una empresa de alimentos y los convirtieron en cárcel; y la Comunidad Penitenciaria de Carabobo, que tardó 8 años en construirse. Igualmente, ha cerrado el Internado Judicial de Los Teques, la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal La Planta en Caracas, el Internado Judicial de Coro, la Cárcel de Sabaneta en el Zulia, la Cárcel de San Antonio en Nueva Esparta y la Penitenciaría General de Venezuela en Guárico.El cierre de recintos sin tomar las previsiones necesarias, como el tener un sitio acondicionado adonde llevar a los reclusos de la cárcel clausurada, ha aumentado el hacinamiento en otros centros, así como en los calabozos policiales.
A esto le agregamos que el retardo procesal es alarmante, solo 30% de nuestros presos tiene una sentencia definitiva, la gran mayoría está en la espera del inicio de un juicio, en algunos casos desde hace varios años. A pesar de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario creó hace años el Plan Cayapa con el fin de eliminar el retardo procesal, es claro que ha sido otro de los grandes fracasos de este ente rector de las políticas penitenciarias del país. El retardo procesal sigue siendo el mismo que cuando se inició este plan.
La guinda de la torta la tenemos con la grave situación que se vive en los centros de detención preventiva del país, ocasionada no solo por la falta de construcción de nuevos recintos carcelarios y el retardo procesal, sino porque el ministerio que rige las políticas penitenciarias del país y debe garantizar los derechos humanos de todos los privados de libertad del país, según el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de ese ministerio, no se ocupa de los que se encuentran en estos calabozos y le ha endosado la responsabilidad a las autoridades policiales que no tienen ninguna competencia en este sentido, pues su función termina cuando el detenido es presentado ante los tribunales, en las 48 horas siguientes a su captura.
Con estas pequeñas anormalidades que he descrito de lo que se vive en las cárceles venezolanas, es difícil que no te menten la madre por decir que tenemos el peor sistema penitenciario del continente.