La violación permanente y sistemática de los derechos humanos es una característica del actual régimen. La ejerce de manera muy patente y universal con el derecho a la comunicación.

Ya de entrada precisemos que hablar de libertad en el campo comunicacional, va más allá de lo que se entiende por libertad de expresión, de información, de medios y otros semejantes, por cuanto comunicación, en cuanto concepto bipolar, comprende enviar y recibir. Arropa a emisores y receptores, e integra la creciente diversificación de instrumentos y modos de interrelación que la creatividad humana logra progresivamente.

Ante el cierre de una planta televisora, de una emisora de radio o de un periódico, lo que ordinariamente salta primero a la vista y desencadena reacciones es el derecho de propietarios y comunicadores. No tanto lo que resulta más grave, a saber, el derecho de la comunidad de ser informada y de disponer de medios para comunicarse. No es, por tanto, un problema de “otro”, sino de uno mismo. Y lo que se dice de información se aplica igualmente a formación y entretenimiento.

Este régimen ha sido prolífico y efectivo en cierre de medios, asumiendo esa tarea como política de Estado; también en saturación del espacio comunicacional con la abusiva utilización y multiplicación de medios oficiales, los cuales, siendo del Estado –los ciudadanos los pagamos–, gobierno, partido se los apropian descaradamente. En actuación de la misma política se crean organismos represivos como Conatel, se aprueban normas con miras a criminalizar toda disidencia y discrecionalmente se toman medidas contra todo aquel que se atreva a discrepar del “pensamiento único” oficial. Y la autocensura es tan eficaz o más que la censura.

Las dictaduras suelen hacer esto, pero los totalitarismos –el socialismo del siglo XXI se inscribe en esta línea– van, más allá, ya que buscan no solo el control político, sino el económico y el cultural, es decir, la totalidad de la persona y de la comunidad. ¿Objetivo? La completa hegemonía comunicacional en función del proyecto político-ideológico del régimen. Para los totalitarismos ciencia y tecnología son manejados cuidadosamente para “lavar (expropiar) cerebros”, masificar gente y militarizar espíritus. En Venezuela una forma preferida de adoctrinamiento son las cadenas presidenciales en donde el Hermano Mayor descarga toda su omnisciencia y omnipotencia con su “verdad oficial”.

Recojo de nuevo la insistencia de Antonio Pasquali en que “el derecho a la comunicación pertenece al grupo de derechos humanos primigenios y orgánicos, como aquel sin cuyo pleno disfrute se vería el ente racional impedido de acceder a la socialidad en tanto que animal político, de seleccionar el modo de estar-con-el-otro que más le plazca y de garantizarse el mayor grado posible de reciprocidad” (18 ensayos sobre comunicaciones, p. 45).

Existir es comunicarse. El derecho a la comunicación está íntima e inmediatamente vinculado al derecho a la vida. Tiene, por tanto, un carácter primario, generador. Integra muchos otros como el de expresión, les señala su fundamento, sentido y horizonte. El derecho a la comunicación es englobante; se abre en círculos cada vez más amplios. ¿Qué es la democracia sino una convivencia de libre intercomunicación ciudadana; la educación, un compartir de verdades y valores, y la cultura, una dinámica y plural red de diálogo social? Descartes (siglo XVII) dijo: “Pienso, luego existo”; hoy podríamos traducirlo así: “Me comunico, luego existo”. Al fin y al cabo, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, que no es soledad sino Trinidad, compartir, amor.

Objetivo monstruoso de dictaduras y totalitarismos es el obstruir, monopolizar la comunicación humana. Tarea obligante de los constructores de una nueva sociedad es la de promover y asegurar una con-vivencia libre, plural. Dialogal. Sin hegemonías y fundamentalismos.


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