Asistimos impotentes a la demolición del Estado venezolano, materializado en el dominio de amplias zonas de la geografía nacional por actores ajenos al mismo, vinculados directamente al hampa organizada y grupos irregulares colombianos. Proceso permitido por acción y omisión de quienes gobiernan.
El chavismo ha propiciado y permitido este proceso de debilitamiento del Estado, que constituye una clara dejación de sus obligaciones y competencias como gobierno, así como un atentado a los intereses del país, por razones subalternas vinculadas a su objetivo primordial (demostrado hasta la saciedad) de perpetuarse en el poder. Desde el principio de su gestión identificó en las FARC, el ELN y en sectores del crimen organizado unos aliados fundamentales para llevar adelante su proyecto de dominación.
El precio a pagar por tales alianzas ha sido el debilitamiento del control estatal y la cesión a esos grupos de amplias zonas del territorio nacional para que puedan desarrollar impunemente e incluso con protección de organismos de defensa y seguridad del Estado sus actividades subversivo-delictivas.
La vigencia de esa alianza contra natura y perversa ha ocasionado y ocasiona crecientes perjuicios a los intereses del Estado venezolano, a su seguridad nacional y ciudadana, a su integridad territorial y a su vigencia, en tanto que ente representativo y vertebrador de la nación, e impide la preservación y explotación en función del bienestar nacional de los recursos naturales en algunas zonas del territorio.
El avance dramático de esa situación ha sido relevado en los últimos días por la denuncias del diputado Américo de Gracia referentes a toda la operación que se lleva a cabo en el llamado Arco Minero, en la cual funciona aceitadamente la alianza gobierno- ELN y hampa organizada (suerte de mafia paraestatal) para usufructuar ilegalmente los vastos recursos mineros de la zona. Según el diputado, el ELN y el hampa se ocupan del trabajo sucio de represión en la zona contra comunidades indígenas y mineros artesanales a cambio de pingues beneficios. Es vox populi en la zona que toda esta actividad se hace a costa de grandes daños ecológicos en la región.
A estas alturas uno se pregunta dónde queda el honor, el sentido del deber y la obligación de defender los intereses del país de la institución a la que la Constitución encomienda expresamente la custodia y preservación de la integridad del territorio nacional, la seguridad nacional y el monopolio de la violencia.
La situación arriba descrita es un elemento más a favor de un cambio urgente de gobierno y de régimen. El problema es que los políticos no están haciendo su trabajo de ser portavoces e instrumentos para beneficiar los intereses nacionales y ciudadanos. Quienes gobiernan, por ser causantes y cómplices de la crisis sistémica en progreso. Y los democráticos, por su incapacidad y falta de voluntad política para construir una alternativa de poder (con todas las dificultades de hacer política en una dictadura), como lo demanda la situación y la mayoría determinante del cuerpo social.