La experiencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala invita a reflexionar sobre el rol de la comunidad internacional y la ciudadanía ante un eventual proceso de democratización en Venezuela.

El conflicto armado interno en Guatemala duró 36 años. Culminó el 29 de diciembre de 1996 con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el Estado de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que buscó con ello sentar las bases para la democratización del país centroamericano.

En el año 2002, un grupo de ONG defensor de derechos humanos inició una campaña para que el gobierno guatemalteco estableciera un órgano encargado de combatir y enjuiciar los crímenes cometidos por organismos ilegales de seguridad.

Posteriormente, en el año 2003, el Estado de Guatemala solicitó asistencia técnica al Departamento de Asuntos Políticos de la Organización de Naciones Unidas, con el propósito de crear mecanismos institucionales que combatieran a esos grupos de delincuencia organizada.

Después de varias misiones diplomáticas, debate interno, resistencia y negociaciones políticas, el 12 de diciembre de 2006 se firmó el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)en vigor a partir del 4 de septiembre de 2007.

En el Acuerdo celebrado entre el Estado de Guatemala y la ONU, la Cicig es un órgano de carácter técnico e independiente que tiene por objeto colaborar, apoyar y fortalecer a las instituciones guatemaltecas encargadas de la investigación y persecución penal, así como recomendar acciones al Estado para la erradicación de grupos ilegales de seguridad.

Para garantizar su independencia, la Cicig se integra por un comisionado designado por el secretario general de la ONU y el personal técnico correspondiente.

Desde su creación, la Cicig ha contribuido al desmantelamiento no solo de cuerpos ilegales de seguridad, sino también al enjuiciamiento de funcionarios públicos de alto nivel involucrados en malversación de fondos públicos. El caso La Línea –que posteriormente llevó a la cárcel al ex presidente Otto Molina– y la investigación contra el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales, por financiamiento electoral ilegal, son algunos de los tantos casos en los que la Cicig ha actuado.

Creo que la experiencia de Guatemala puede ser útil a Venezuela desde dos puntos de vista. En primer lugar, la democratización de las instituciones venezolanas pudiera no ser un asunto interno exclusivamente. Es cierto que el país necesita de ayuda económica, inversión en tecnología, asistencia médica humanitaria, por ejemplo, pero ese ansiado desarrollo al que se aspira, debe ir acompañado de medidas para fortalecer y democratizar sus instituciones.

Frente a un país cuya debilidad institucional, que además de ser histórica, ha incidido en la forma cómo el ciudadano entiende lo público y lo político, un órgano internacional como el de la Cicig –de carácter técnico, imparcial y colaborativo– pudiera ser ese paso en el corto y mediano plazo que permita direccionar el proceso de reinstitucionalización democrática en Venezuela.

En segundo lugar, el surgimiento de la Cicig ilustra cómo en contextos tan adversos, la ciudadanía y las organizaciones sociales pueden ser actores fundamentales en un proceso de democratización. No fueron los actores políticos los que inicialmente presionaron al Estado guatemalteco para que creara un órgano contra la impunidad, sino ONG y grupos sociales en un espacio de absoluta impunidad institucional. Por eso, la eventual democratización no puede ser un pacto de gobernabilidad cuyos actores exclusivos sean los partidos políticos; la aspiración no puede ser un nuevo Pacto de Puntofijo.

Tan o más importante que la recuperación económica o la asistencia humanitaria, la democratización y el fortalecimiento de las instituciones en Venezuela en el corto, mediano y largo plazo, debe ser un aspecto a tomar en cuenta ante un eventual cambio de gobierno, pues en su inclusividad, transparencia e imparcialidad residen (sí o sí) la estabilidad y el desarrollo de nuestro país.

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@jaimemerrick


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