El estado brasileño de Rorarima, ubicado en el noroccidente territorial de esta primera economía latinoamericana, acaba de decretar la emergencia social a consecuencia del paso desde la frontera con Venezuela de miles de ciudadanos hacia su territorio. La repetida expresión de negación de este drama, por parte de la ahora flamante presidenta de la asamblea nacional constituyente de la dictadura de Maduro, señora Rodríguez (antes desde la Cancillería), ha pretendido colocarnos en una suerte de limbo internacional en la apreciación del real drama humano de desplazados que ocurre desde Venezuela hacia toda la región americana, en primer término, y hacia Europa y el resto del mundo.

La importancia y urgencia en la agenda internacional está marcada al parecer hoy mucho más que antes, lamentablemente, por los movimientos de capitales y productos para el comercio internacional, lícitos o no. Al petróleo y la cocaína, se agregan el oro y otros minerales que, desde Venezuela, se mueven hacia países receptores de los mismos. La postergación en la toma de decisiones políticas, en defensa de los derechos humanos que están siendo violados, día a día, por el régimen castrista-madurista instalado en el Palacio de Miraflores de Caracas, se resiente en las redes de mafias y componendas que demoran las soluciones de la gente.

La ausencia de acción internacional oportuna, para detener el agravamiento de la crisis, en este caso la venezolana, solo pareciera esperar, dolorosamente, por la implosión social que, a un costo en mayor número de víctimas, contabilizadas en vidas, heridos y más enfermos, lleva a los trágicos aumentos de la mortalidad y morbilidad en niños, ancianos, jovencitas casi niñas en gestación, y demás grupos vulnerables de la sociedad venezolana. Así se padecen las consecuencias del secuestro de las instituciones democráticas por parte de la dictadura madurista, perpetrando el saqueo de nuestros recursos como daño irreparable de la violación sistemática y continuada de nuestros derechos humanos y de nuestros recursos naturales hídricos, y de flora y fauna.

En nuestro estado Bolívar, donde hoy se profana su nombre glorioso, como padre de la patria, por parte de la mal llamada “revolución bolivariana”, se saquea el oro de sus suelos y otros minerales, y mientras se está produciendo la mayor devastación ecológica que se haya conocido en Venezuela, en toda su historia, a su paso van dejando el testimonio del destrozo junto a crímenes de lesa humanidad, que la oprobiosa dictadura madurista, y sus cómplices nacionales e internacionales, han cometido, y continúan cometiendo; no solo contra la población aborigen de waraos, yanomamis o yekuanas de la región, sino en general contra toda la población venezolana. Se comete así un doble crimen contra todo el sistema internacional de derechos humanos del mundo civilizado, hacia el hombre pero también hacia la naturaleza. Desde ese llamado “arco minero” se esparce la malaria hacia toda la región así como otras enfermedades, como el sarampión, la difteria, la tuberculosis, y se arremete contra el primer bien del que puede un hombre sentirse feliz como es el de tener salud.

La Organización de las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, en primer término, están emplazadas a encarar de inmediato, con sabiduría y firmeza, esta debacle en los principios y valores de defensa internacional de los pueblos y de los países. Se debe no solo condenar el depravado saqueo al que actores políticos, e incluso diplomáticos, como es el caso del ex embajador venezolano ante la ONU y antes ministro del Petróleo de Venezuela, señor Ramírez, que acaba de dejar sus salones, hacer contraloría internacional para tomar acciones inmediatas, por ejemplo, en este caso venezolano, en pro de rescatar las oportunidades de desarrollo armónico de las naciones del mundo; como una vez lo representó la promesa de un auténtico ecodesarrollo humanista la tierra de este estado Bolívar y el territorio todo de la Amazonia suramericana.

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