Desde hace algún tiempo he estado escribiendo sobre la pobre actuación de la Defensoría del Pueblo en su principal función, que es defender los derechos humanos de los ciudadanos.
Los venezolanos en verdad no hemos pegado una con esta institución desde su creación en la Constitución Nacional de 1999, a pesar de todo lo que trabajamos las organizaciones de derechos humanos que hacíamos vida en Venezuela en esa época; al menos por mi parte solo siento una gran decepción.
Con excepción de Dilia Parra Guillén, la primera defensora del pueblo venezolano, a quien solo le dieron un carro y un chofer para iniciar su gestión y que servía de oficina de la naciente Defensoría del Pueblo, mujer que con gran trabajo, humildad y rodeada de gente capaz logró muchas cosas importantes, como al menos darle institucionalidad a esa naciente criatura, lástima que solo estuvo un año en su cargo, a la iniciante revolución no le convenía alguien así en ese cargo, Dilia sí sabía lo que era hablar alto y claro y eso no lo quería la revolución.
Después de la corta gestión de Dilia Parra, no creo que haya nada que comentar, Germán Mundaraín y Gabriela Ramírez compitieron por cuál era peor en su gestión, se ganaron en buena lid el título popular de defensor del puesto, nombre con el que hoy se conoce a quien ocupa ese cargo.
Cuando designan a Tarek William Saab como defensor del pueblo, muchos pensábamos que se iba a dar un resurgimiento de esa institución, pues el nuevo defensor había participado en el movimiento de derechos humanos en los años ochenta y noventa, además conocía del tema y el trabajo de las organizaciones que hacíamos vida en Venezuela, habíamos sido muchos sus compañeros de la primera especialización en derechos humanos que se creó en Venezuela en la Universidad Central de Venezuela, aunque no la concluyó; incluso a los pocos días de su nombramiento convocó a un nutrido grupo de organizaciones no gubernamentales y prometió trabajar conjuntamente con nosotros, crear mesas de trabajo y todas esas cosas que se ofrecen cuando se inicia una gestión. Lamentablemente, al menos en mi caso, tengo que aceptar que me equivoqué y nada de lo ofrecido se ha cumplido, no hubo mesas de trabajo ni encuentros posteriore, y aquella reunión de enero de 2015 quedó en el baúl de los recuerdos. Esta nueva gestión de la Defensoría del Pueblo ha sido más de lo mismo, solo defiende al gobierno y sus adeptos, el pueblo que ellos defienden se circunscribió solo a los que llevan camisas rojas.
En agosto del año pasado, el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (Ganhri), organización que agrupa a las diferentes defensorías del pueblo del mundo y que se encarga de calificar las actuaciones de estas instituciones y ubicarlas en el nivel que les corresponda según su actuación, niveles que comprenden tres categorías “A”, “B” y “C”, decidió, luego de una revisión exhaustiva del trabajo hecho por la Defensoría del Pueblo de Venezuela, recomendar que fuera degradada de categoría y ubicada en el tipo “B” y no en la “A” como estaba en ese momento, y perdió así su derecho a voz en los organismos de Naciones Unidas; una prueba de esto es no haber visto al defensor presente en el examen periódico universal que se le hizo a Venezuela recientemente en la ONU, no podía hablar.
Según el informe presentado en esa oportunidad, “el Subcomité era de la opinión de que la Defensoría del Pueblo venezolana no ha hablado alto y claro sobre las principales cuestiones de derechos humanos”. Sobre estos hay una lista larga de que hablar y el defensor se ha hecho el loco o, peor aún, para él no han existido, como las fosas comunes que recientemente aparecieron en la Penitenciaria General de Venezuela, una cárcel situada en el estado Guárico y de lo cual no se enteró.
Un grupo de más de 110 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y personalidades vinculadas al área pidieron el pasado miércoles la renuncia del defensor del pueblo de su cargo, algo nunca visto en nuestro país. En ese documento, entre los que nos encontramos como suscriptores, expresamos: “Conforme a lo establecido en el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) usted tiene entre sus atribuciones ‘la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos’. En este caso usted se aparta de esas obligaciones inherentes a su cargo al igual que en numerosas ocasiones omite pronunciarse ante graves casos de violaciones de los derechos humanos, como en el caso de los restos hallados en las instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV). Por lo expuesto anteriormente, quienes suscribimos la presente comunicación le solicitamos formalmente que presente su renuncia al cargo como defensor del pueblo, permitiendo que una persona independiente y respetuosa de la Constitución, el Estado de Derecho y los principios democráticos asuma el cargo; una persona que, en lugar de defender sin pudor al gobierno, se coloque al lado de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos que ocurren diariamente, cuyas manifestaciones más evidentes son el aumento de la pobreza, el hambre, la falta de acceso a medicinas y a la atención en salud en general, así como la pérdida de vidas producto de la violencia, incluyendo las causadas por las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y la impunidad. Su renuncia y sustitución por un defensor del pueblo consciente del papel que debe jugar, especialmente en momentos de crisis política y de derechos humanos, permitiría que la Defensoría del Pueblo venezolana pueda ser evaluada favorablemente no solo por los organismos internacionales con competencia en derechos humanos, sino por quienes más necesitan de una institución autónoma e independiente que esté a su lado: la población en general y las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Desde la organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad, y mi persona nos unimos a este clamor y le pedimos al defensor del pueblo su renuncia; es un deseo ciudadano que debe ser cumplido.