Escribo este artículo en un especial momento para los panameños. Este 2019 se cumplen 500 años de la ciudad de Panamá, lo que ha puesto en marcha un amplio programa de actividades académicas, culturales y gastronómicas, en espacios cerrados o en las calles. El 15 de agosto de 2019 se recordará, con la solemnidad debida, los 500 años transcurridos desde que Pedro Arias Dávila fundó la ciudad de Panamá con un centenar de habitantes, la primera en el litoral del océano Pacífico.
A lo anterior hay que añadir que el próximo 5 de mayo los panameños irán a las urnas. Se celebrarán elecciones generales, en las que, además del presidente y el vicepresidente de la República, serán escogidos los diputados a la Asamblea Nacional, los alcaldes y otros cargos de carácter local. Si las proyecciones que arrojan las encuestas se mantienen en el último trecho de la campaña electoral, lo más probable es que el empresario Laurentino Cortizo, miembro del PRD –Partido Revolucionario Democrático–, se convierta en el próximo presidente de la República de Panamá. Cortizo es un experimentado político que, entre los años 1994 y 2004, fue miembro de la Asamblea Nacional. Entre julio de 2000 y julio de 2001 presidió esa entidad. Además, durante el gobierno del presidente Juan Carlos Valera se desempeñó como ministro de Desarrollo Agropecuario.
Cuando se examina el desenvolvimiento de la economía panameña en las últimas dos décadas, sus números resultan sorprendentes. En junio del 2018, el Banco Mundial calificaba a la economía de Panamá como una de las “de más rápido crecimiento en el mundo”. Y las evidencias son categóricas: entre 2001 y 2013 su crecimiento promedio anual fue de 7,2%. A continuación, entre los años 2014 y 2018, aunque el promedio anual bajó a 5,6%, continuó siendo satisfactorio.
En buena medida, uno de los factores decisivos de este comportamiento, radica en los grandes proyectos de inversión pública que viene realizando el Estado panameño. En el mundo entero se ha seguido con interés la ampliación del Canal de Panamá. Pero hay otras obras en curso, como la construcción de los 26 kilómetros de la línea 3 del Metro de Panamá, la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá –un modelo de alta ingeniería que tendrá una longitud de casi 4 kilómetros–, o el Proyecto de Regeneración Urbana de la Ciudad de Colón, que dan fundamento a quienes tienen una visión optimista sobre las perspectivas económicas del país en el corto y mediano plazo.
En esta breve relación sobre las perspectivas económicas del país, no puedo omitir el aporte que representa la Zona Libre de Colón, la zona franca más grande del continente americano y la segunda en el mundo. En ella operan más de 2.600 empresas, distribuidas en un poco más de 1.000 hectáreas. Ubicada en la costa, a un lado de la entrada atlántica de Canal de Panamá, está en las proximidades de los puertos Manzanillo, Colón Container y el Puerto de San Cristóbal, del ferrocarril de Panamá, del aeropuerto Enrique Adolfo Jiménez y se conecta con la autopista a la Ciudad de Panamá.
Difícilmente quien no ha visitado el lugar puede imaginar la cantidad de servicios y operaciones que allí se realizan. Se reciben exportaciones, se ensamblan productos, se embalan, se almacenan y se exportan. De Estados Unidos, China, varios países de Europa, Taiwán y Singapur, principalmente, llegan electrodomésticos, productos para el aseo personal, medicamentos, joyas, juguetes, vestidos y calzados, licores, muebles para el hogar y las oficinas, lámparas y tantísimos productos más, que posteriormente saldrán, por distintos transportes a destinos en el continente, desde Chile y Argentina, hasta México. La Zona Libre de Colón, además de emplear a más de 25.000 personas, está en el rumbo de alcanzar ingresos por casi 20.000 millones de dólares al año.
En el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, presentado por la Cepal en diciembre de 2018, hay proyecciones para 2019 que es pertinente revisar. Mientras el conjunto de la región podría tener un crecimiento relativamente bajo, de 1,7% de promedio; mientras América Central –sin incluir a México– proyecta un promedio de 3,3%, Panamá podría alcanzar 5,6%, lo que puede considerarse un buen año, dada la merma que ha sufrido el comercio mundial, lo que ha causado una disminución en los ingresos previstos por las operaciones del Canal de Panamá.
En medio de este ambiente alentador, la República de Panamá y, de forma particular, el gobierno que resulte electo en las elecciones de mayo, deberá hacer frente a una serie de cuestiones que están por resolverse. Una de ellas, que inquieta a muchos en ese país, es cómo crear oportunidades compartidas en este ambiente de crecimiento económico, para atender las demandas sociales del sindicalismo. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ha llamado la atención sobre el impacto que tuvo la huelga de la construcción, entre los meses de abril y mayo de 2018, que causó pérdidas de casi 30 millones de dólares al día, de acuerdo con las proyecciones de la Cámara Panameña de la Construcción. Esto lastró las cifras macroeconómicas del país, correspondientes a los 2 meses mencionados, y también al conjunto del año.
Otra materia recurrente de preocupación de la sociedad panameña es, sin duda alguna, la situación de su sistema educativo público, interrogado por problemas de mantenimiento, estado crítico de una parte de la infraestructura, la excesiva burocracia para la gestión de los recursos, el hecho de que haya escuelas saturadas que operan con un número de estudiantes que sobrepasa sus capacidades. En medio de este panorama, alrededor de 18 gremios docentes, de forma constante, paralizan las actividades. Anualmente, entre días de asueto, actividades celebratorias, recesos escolares y paralizaciones ordenadas por los sindicatos, se produce una disminución real del tiempo que se dedica a la enseñanza. La OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, advirtió en 2017 sobre el estratégico asunto de la calidad educativa. El “Estudio Multidimensional de Panamá” sostiene que una de las principales barreras que limitan la posibilidad de un crecimiento sostenido e inclusivo tiene su núcleo en la educación. En una declaración emitida en octubre de 2017, Sebastián Nieto, director adjunto para Latinoamérica de OCDE, dijo: “El conocimiento de un estudiante de 15 años en Panamá equivale al de 12 años en otros países de la OCDE. Panamá tiene un retraso en la escolaridad de 3 años”. Casi 50% de las empresas no encuentran las personas que necesitan para atender sus proyectos productivos.
La mejora del sistema educativo, en esto coinciden los expertos, es esencial como plataforma para atender el gran desafío que representa reducir la pobreza, especialmente en las zonas rurales habitadas por comunidades indígenas. Aunque es uno de los países que ha logrado una reducción de la pobreza, cifras del Ministerio de Economía y Finanzas –2018– reseñan este logro: en un período aproximado de 5 años, se produjo una baja de, aproximadamente, 26% a 21% en la tasa de pobreza. De ese total, aproximadamente la mitad –alrededor de 10%– califica como pobreza extrema. Un dato comparado más permite ilustrar la desigualdad: mientras en las zonas urbanas el promedio de expectativa de vida ronda los 79 años, en las zonas rurales y entre las comunidades indígenas no alcanza los 68 años. Nada menos que 11 años de diferencia.
No solo fuera de Panamá, sino también entre los dirigentes del país, está claro que las prácticas de disciplina fiscal deben seguir mejorando. También, todo lo referido a la fiscalización antiblanqueo de capitales, que continuará siendo un elemento fundamental para la economía del país, si quiere continuar siendo un destino de inversionistas y, al mismo tiempo, un aliado en la lucha contra delitos financieros, fiscales y de lavado de dinero proveniente de la delincuencia organizada.
En contraste con otros países de la región, es de suyo reconocer que Panamá goza de algunas ventajas que permiten pensar que continuará mejorando a lo largo de los próximos años. Que esta enorme posibilidad se transforme en realidades dependerá, en buena medida, de la voluntad de los próximos gobiernos, de la calidad de la gestión de los distintos entes, y de la disposición de empresarios y de la sociedad civil organizada –y en ello incluyo a los sindicatos–, de seguir avanzando hacia un país cada vez mejor organizado, con una mejor calidad de vida.