El 28 de marzo, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que levanta la moratoria dictada el año pasado por el Departamento del Interior de la administración Obama, dirigida a limitar la adjudicación de nuevos contratos de arrendamiento de carbón en tierras federales, con el objeto de revisar los impactos generados por la quema de ese combustible fósil sobre el cambio climático. La disposición dio inicio también a la revisión del Plan de Energías Limpias de Obama, referido a la restricción de las emisiones de CO2 proveniente de plantas movidas con carbón.
Al día siguiente, según informó la revista Time, varios grupos ambientalistas entraron en acción. Se trata del Sierra Club y del Centro para la Diversidad Biológica quienes, aliados con la tribu indígena americana Cheyenne del Norte, solicitaron a una corte federal el bloqueo de esa orden presidencial, toda vez que, en su opinión, el levantamiento de la moratoria empeorará el cambio climático y permitirá que el carbón sea vendido a precios inaceptablemente bajos.
Por su parte, una coalición de 16 estados y el Distrito de Columbia, encabezada por Nueva York, dijo que se opondrá a cualquier acción para eliminar el Plan de Energías Limpias, al tiempo que las alcaldías de las principales ciudades se están manifestando de manera similar. Un poco antes, una encuesta conducida por Associated Press y la Universidad de Chicago reveló que 71% de los estadounidenses quiere que su gobierno actúe para controlar el cambio climático e incluso están dispuestos a pagar para financiar tales acciones.
Una semana más tarde, la agencia Reuters informó que las grandes empresas estadounidenses del carbón aconsejaron al presidente Trump olvidar su promesa de campaña de retirarse de los Acuerdos de París y, por el contrario, asegurar en ellos un lugar para el desarrollo de plantas eléctricas carboníferas bajas en emisiones, así como financiamiento para el desarrollo de tecnologías para la captura y almacenamiento de CO2. Aunque todas esas posiciones llaman la atención, ninguna tan impactante como la de muchos de los obreros carboníferos desempleados, quienes han expresado que quieren volver a trabajar pero en empleos del futuro y no del pasado; en empleos que no afecten su salud y que no interfieran con el desarrollo del turismo en sus regiones. Paradójicamente fue a ellos a quienes se refirió Trump cuando en el momento de firmar la decisión dijo, «Devolveremos a nuestros mineros al trabajo».
Por su parte, los analistas económicos consideran que los esfuerzos para revivir la industria del carbón van a fallar porque importantes sectores de la economía estadounidense ya se han cambiado a energías renovables, las cuales generan el doble de empleos que el carbón; además las energías limpias son totalmente autónomas y descentralizables, lo que las hace inmunes a decisiones que no provengan de sus usuarios y porque muchas de las políticas ambientales son atribución de las gobernaciones y las alcaldías. Incluso Exxon Mobil, la empresa petrolera más grande del mundo, ha expresado que no quiere que el Presidente Trump abandone el acuerdo global sobre el clima alcanzado en París; así lo manifestó en la carta enviada el pasado 22 de marzo a la Casa Blanca, en respuesta a la petición que les hizo la administración dirigida a conocer la opinión de la empresa sobre el referido acuerdo.
Habrá que esperar a finales de mayo próximo, cuando se reúnan los líderes del Grupo de los Siete, para saber cuál será la decisión final de Estados Unidos en torno a su permanencia como parte de los acuerdos globales sobre cambio climático. Mientras tanto parece que no será fácil para la administración Trump dar marcha atrás en el tema.