Opinión

Dar prioridad al autoritarismo gorila

Rafael Rodríguez Mudarra

El ejercicio autárquico del poder por parte del gobierno de pertinencia militar, lo que evidencia no discusión; el uso de las instituciones republicanas para la práctica de una inclemente represalia identificada como estilo de mando, no es más que la reticencia de un ensayo decimonónico que sin posibilidad de solución de la situación caótica, tanto en el orden político como económico y social que atraviesa la nación, acompañada con petulante comportamiento de dirección de una congregación familiar intocable posesionada a la vez de las mayores comodidades burocráticas, aberrante delirio monárquico de exhibición, fuerza a los sectores organizados en partidos políticos, agrupaciones juveniles, estudiantiles diversas, al frente femenino; a la combativa y sufrida tercera edad; a los obreros; a los profesionales; a los sectores de credos religiosos; a los de profesionales y técnicos; a los culturales; a los empresarios progresistas, tanto del campo como de la ciudad, a  ejercitarse como vanguardia para la defensa de los derechos que constitucionalmente le son garantes de la protección familiar, así como recuperar los espacios que les son imprescindibles como subsistencia, dedicando voluntad solidaria en el cumplimiento de tan importante deber a los fines de la preservación de la igualdad de los derechos y deberes que le permita al pueblo venezolano, como depositario del poder originario, lograr como alcance definitivo una sincera y fraterna convivencia pacífica, la cual es hoy harto desaparecida, como consecuencia de un ejercicio abusivo de la función pública, llevada a cabo por un gobierno que incurso en desobediencia a la Constitución se empeña en retrotraernos a una práctica arbitraria de poder con el velado propósito de impedir la alternancia por vía democrática en el desempeño de la Presidencia de la República.

Para nadie es secreto la no existencia del Estado de Derecho en Venezuela, consumado por la aquiescencia subordinada de cuestionados integrantes de los poderes públicos: el TSJ; el CNE; el Poder Ciudadano; el ilegítimo funcionario designado en el Ministerio Público; el Consejo Moral Republicano con actuaciones cuestionadas por la fiscal general, quien fue destituida sin consentimiento de la Asamblea Nacional, de donde hubo de derivar su mandato; quienes han dejado de ser servidores de un Estado llamado a cumplir con el orden constitucional, lo que nos lleva por similitud  que fuerza homologación traer a colación la sabia realidad deducida de un cuento, cual no es otro: “que si se tiene forma de pato, se camina como pato, se comporta como pato y se grazna como pato” no puede caber duda de que se es “pato”, lo que por deducción, al examinar la obediencia “activa” de los magistrados no revocables por consulta popular, subordinados al sector gobierno, dan certeza de no encontrarse al servicio del Estado, empero,  subordinados a las órdenes, que en cadena le son ordenadas por el presidente de la República o por la cúspide de dirección política del partido de gobierno.

Fuerza pues, dado el cúmulo ostensible de denuncias, hoy ecuménicas, sobre el particular aludido: que el “Consejo Moral Republicano”, actuando sin integración de los miembros deliberantes en el fraudulento enjuiciamiento de la señora fiscal Luisa Ortega Díaz, pero sí con incorporación de sus miembros suplentes, supuestamente no infestados por interés servil, velando por el cumplimiento de los principios  constitucionales del debido proceso y de la legalidad, proceda en atención a la ética y la moral pública a investigar si es pertinente que una ANC denunciada como “espuria”, interviniendo en actos no de su oficio, se preste a la consolidación del abuso de poder, la cual creado por decreto que obvió la consulta del poder originario, ha colocado al pueblo en situación de rechazo, dadas las triquiñuelas que se suelen evidenciar advenidas de resoluciones sin sustento de constitucionalidad.

La persecución draconiana, que sin tocar la conducta fraudulenta y culposa de muchos alcaldes y alcaldesas del oficialismo que se encuentran incursos en actos de corrupción, cometida con la anuencia de los que dirigen la política autoritaria del régimen dizque revolucionario en contra de los alcaldes que cierran filas en la oposición, coloca al pueblo en la necesidad imperiosa de unificar esfuerzos para que fiel a “su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocer las actuaciones denunciadas por ser contrario a los valores, principios y garantías democráticas que menoscaban los derechos  humanos”.

Es importante señalar que representantes del chavismo que se dicen minoría frente al proyecto constituyente han aseverado que la “constituyente surge porque no prosperaron las sentencias 155 y 156 del TSJ que convertían al presidente en un monarca, pues le daban la competencia de la Asamblea Nacional, la autoridad de MP, todos los poderes. Eso pasó por debajo de la mesa, hasta que surgió la fiscal general y desmoronó esa estrategia de crear aquí un absolutismo, ergo una dictadura”.

Moraleja: si el presidente de la Venezuela hoy sumergida en crisis asume todos los poderes, si ostensiblemente amenaza con someter a prisión al sector opositor que disiente con postura democrática de los errores de su gobierno; si se hace partícipe en el enjuiciamiento y destitución de alcaldes; si no ordena investigación sobre funcionarios enriquecidos en forma súbita; si condecora a los que han sido denunciados por hechos ilícitos; si con abusos de cadenas comunicacionales señala a los sectores que pondrá a disposición del TSJ para su enjuiciamiento, y si entre otras ocurrencias hace del “estado de excepción” una disposición personal, habida consideración de la referencia al “pato”, debemos preguntarnos si se puede tener a Nicolás Maduro como un dictador, al más desarrollado estilo “gorila”.