La cancelación del programa DACA por parte de Trump tiene dos vertientes: la que afecta a la gente ahora indefensa en Estados Unidos y la reacción del gobierno de México. El primer aspecto debe ser estudiado, analizado y denunciado repetidamente; el segundo, es el más pertinente en este momento en México, donde todas las promesas del gobierno de Peña Nieto de hace ocho meses sobre la negociación integral se vinieron abajo.
La suspensión del programa afecta a unos 680 000 mexicanos que habían visto legalizada su situación migratoria y laboral después de 2012 por una orden ejecutiva de Obama, sin duda, de manera provisional y precaria. La situación en Estados Unidos es aún confusa. Sabemos que el programa va a desaparecer dentro de 6 meses; que las renovaciones que se presenten durante el próximo mes, y en teoría por 2 años, serán respetadas; y que los servicios de inmigración del gobierno norteamericano no le darán prioridad a perseguir a los dreamers.
No sabemos si la información que ellos entregaron al presentar su solicitud, y que incluye su dirección, trabajo y la fecha en que llegaron a Estados Unidos va a ser compartida por la agencia que la posee con las otras agencias dentro de Homeland Security para encontrarlos y deportarlos. En principio, no la ofrecerán, pero podrían entregarla cuando sea solicitada.
Tampoco sabemos con precisión cuál va a ser la situación jurídico-laboral de los dreamers, ya sea con un permiso vigente, ya sea gracias a una renovación durante este primer mes y que dure dos años. ¿Pueden seguir trabajando “legalmente” en instancias públicas o que reciben fondos federales? Por ahora no se sabe, y deberá aclararse en los próximos días para poder calcular con precisión las consecuencias devastadoras de esta odiosa decisión.
Y, por último, podemos vaticinar que no habrá una ley DACA que salga del Congreso estadounidense de aquí al 5 de marzo. Conviene recordar que los jóvenes se llaman dreamers porque fue en 2002 cuando los senadores Durbin y Dodd, entre otros, presentaron una iniciativa de ley para legalizar su situación, cuyo acrónimo fue Dream (Development, Relief and Education for Alien Minors Act). En estos 15 años, ha sido imposible para dos presidentes lograr que el Congreso apruebe cualquier tipo de legislación migratoria. ¿Por qué un presidente tan débil como Trump convencería a un Congreso polarizado y fragmentado cuando ni Bush ni Obama pudieron?
Lo más importante es el tema de la reacción mexicana. El comunicado de la SRE es deplorable por dos motivos. Primero, porque su contenido deja todo que desear. Decir que se lamenta una decisión de este tipo es no decir nada. No hay ninguna medida de represalia, respuesta categórica o determinación para infligirle un costo, de algún tipo, a Trump por esta medida tan antimexicana.
En segundo lugar, es altamente criticable la posición de Peña, porque viola la supuesta definición que se adoptó a principios de año de una negociación en paquete. Un acto tan agresivo como el de Trump no recibió ninguna respuesta mexicana en los otros frentes abiertos. Las negociaciones del Tlcan siguieron su curso como si nada. Los encuentros con altos funcionarios de Estados Unidos, de directivos de gobernación, Inami y Policía Federal, siguieron también a finales de la semana pasada. El gobierno decidió no poner en práctica ninguna medida concreta de represalia. Había muchas.
La primera y más fácil, para mostrar el disgusto ante la decisión de otro gobierno por un acto agresivo contra el propio, es llamar al embajador a consultas. No se hizo. Una segunda hubiera consistido en pararse de la mesa de negociaciones del TLC diciendo que no seguirían hasta que no hubiera más claridad sobre las consecuencias de la postura de Trump y, sobre todo, su intervención personal frente al Congreso: por ahora solo le pasa la pelota a este último y él no toma una posición.
Si no se quería tocar las negociaciones del TLC y a los negociadores mexicanos les da lo mismo lo que les suceda a 680 000 compatriotas en Estados Unidos, se podían haber adoptado medidas en otros ámbitos. Por ejemplo, en el migratorio y la frontera sur o, incluso, como lo han sugerido varios ex altos funcionarios que conocen bien estos temas, aplicando la letra de la Ley General de Población y otras disposiciones a más de 1 millón de norteamericanos que residen en México, pero que en la mayoría de los casos no tienen los papeles correspondientes. De que ellos no son culpables de las decisiones de Trump, es un hecho; de que los dreamers tampoco lo son, también.
En fin, el hecho es que después de mucha anticipación y mucho tiempo para reflexionar sobre ello, el gobierno de Peña no fue capaz de responder con claridad a esta decisión anunciada y agresiva, y prefirió nuevamente hacerse la vista gorda. Un muy mal día para los dreamers, para el gobierno de Peña, y para México en general.