Pudiéramos afirmar, sin temor a equivocarnos, que muchos de los males que aquejan a la sociedad venezolana, en general, tienen su origen, lamentablemente, en la falta de institucionalidad y en la ausencia total de la aplicación de la ley con rigor y de forma oportuna. Y ello es así casi desde nuestra independencia.

El venezolano es dado a no cumplir la ley, y más por quienes están llamados a cumplirla y hacerla cumplir. Tal es el caso de los funcionarios que ocupan o desempeñan funciones ejecutivas en la conducción del Estado. Para ello debemos tener un Poder Judicial sólido, sin interferencias. Si revisamos el comportamiento y la opinión de los usuarios de los servicios de justicia, se aprecia que hay mucha desidia, apatía, desinterés y, sobre todo, un gran desprecio por ella y por los ciudadanos en general y, en muchos casos, complicidad. A nadie parece importarle ese hecho tan dramático y perverso para la vida de un país y su democracia. Un Estado donde no se cumple la ley está condenado indefectiblemente a vivir inmerso en el caos y la incertidumbre. Y ese es nuestro mayor drama. Este país debe y tiene que ser reinstitucionalizado de inmediato, tanto como para mejorar sus índices macroeconómicos, la producción, el salario, y globalmente la calidad de vida de sus habitantes, pero todo ello pasa por cumplir y hacer cumplir la ley. Las sociedades que han alcanzado crecimiento económico, desarrollo humano y tecnológico, excelentes niveles de educación, inversiones, seguridad jurídica, entre muchos otros aspectos, en todas se cumple la ley como algo inexorable e inequívoco. Aquí no. Y vemos el país que somos, donde reina la impunidad, la arbitrariedad, el desorden, la ley del más fuerte y el cuánto hay. Así no se llega a ninguna parte, y eso le ha ocurrido a Venezuela para tragedia de sus habitantes.

De manera que al gobierno que le corresponda regir los destinos de nuestro país en el futuro inmediato, tiene el imperativo impostergable de abocarse con vigor, pasión y empeño en cumplir y hacer cumplir la ley. Venezuela no puede seguir esperando más. A los niños y jóvenes debe inculcárseles el valor de la justicia a través de la educación y del cumplimiento de las normas. Es el mejor ejemplo. Ese ejercicio de ciudadanía no puede ni debe ser soslayado por quienes les corresponda gobernar a este maltrecho país. Parte de las soluciones a nuestros grandes y múltiples problemas pasa porque tanto los gobernantes como los ciudadanos cumplan a pie juntillas la ley.

Vamos todos a cumplirla. En la medida que cada quien sepa cuáles son sus derechos, y sepa también sus deberes, la sociedad va a cambiar. Seremos mejores ciudadanos y tendremos un país más justo. Aquí no puede seguir reinando la ley del más vivo y más fuerte. Materialicemos el principio de que todos somos iguales ante la ley. 


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