Los venezolanos viven constantemente en estado de perplejidad, de azoro permanente. Solo tomar la decisión de integrarse a la diáspora; mejor dicho, al éxodo, y enfrentar una nueva vida llena de aventuras y nostalgias no es cosa fácil; una sociedad que medio vive sin certeza de su destino, de su porvenir. Es una brutal pretensión que el dinero que alguien obtenga con honestidad, fruto de su trabajo, acepte de brazos cruzados que se los arrebate la dictadura. Que lo donen candorosamente a funcionarios del gobierno, que lo consiguen a borbotones a través de la rapiña y lavado de dinero, entre otras “pequeñeces”, sería una monumental estupidez.
Esta especie de introito es para ir adentrándonos en el tema que tanto preocupa a nuestros compatriotas en estos últimos días. Venezolanos que se enfrentan al dilema en el que los colocan los sátrapas: escoger entre el hambre o acceder al vejamen, a la humillación, que significa para medio subsistir, el carnet de la patria. El mismo sistema se va a utilizar para la obtención de gasolina para los vehículos. De la misma forma, para cobrar la pensión de vejez que por ley les corresponde, ganada a través de decenas de años de trabajo, a diferencia de altos funcionarios del régimen que no conocen cómo es eso de cumplir un horario ni han trabajado en su vida, tampoco se han quemado las pestañas estudiando o leyendo libros ilustrativos, quizás, sí, viciosos en abundancia.
¿Cómo subsistir en esta miseria de país? ¿Para qué crearles un conflicto mayor a tantos compatriotas que necesitan de ese dinero en extremo? Aparte de la indignación que nos produce ese vejamen, ¿qué beneficios obtiene la dictadura que no sea mayor odio por ellos y la lastra que significan? ¿Qué daño le ocasiona al régimen? Pues ninguno, nada de eso.
¿Ese dinero de los pensionados, acaso, no irá a parar a los bolsillos de “abuelitos precoces” de 20 años de edad, especies de testaferros muy particulares? Sin obnubilaciones, los derechos en autocracias hay que defenderlos por encima de pudores morales; con bandidos, los códigos de éticas son inoperantes.
Sin perder de vista la situación enmarañada del país y bajo el cristal del pragmatismo, mientras no haya alternativa real de cambio, de factible salida de Nicolás Maduro y su trulla, es un disparate, por inconveniente, pedirle al pueblo que se inmole y no gestione el instrumento. Es inútil, incluso, cualquier exigencia, por muy sencilla que sea como, por ejemplo, asistir a una concentración contra el gobierno mientras la sociedad civil perciba que las posibilidades de cambio están a larga distancia. Esa es la razón por la que muchas veces se hace oídos sordos a las convocatorias a actos de protestas de cualquier tipo sean.
Exhorto a la dirigencia política de oposición, a la sociedad civil organizada, a los medios de comunicación, columnistas, redes sociales, que sean comprensivos y cerebrales. No es lo mismo pedirles en un momento dado que vayan a votar o no, que exigirles que dejen de recibir un dinero que el gobierno espera arrebatárselos; eso sería una sádica desconsideración. Una última pregunta: ¿dispondrá el gobierno, realmente, del dinero para cancelarle a los 12 millones, calculados, de carnetizados la asignación que saltó de 5 millones de bolívares a 180 millones de bolívares mensuales?