Menos de una quinta parte de la meta gubernamental es lo que ha avanzado el cumplimiento de los objetivos del acuerdo de la paz con las FARC: Con ese pesado fardo a cuestas se acerca Juan Manuel Santos a la medición electoral que tendrá lugar en pocos días.
Los datos son del Observatorio de Seguimiento de Implementación de los Acuerdos de Paz, OIAP, que ha medido en 18,3 el grado de avance de los puntos negociados y pactados entre el gobierno colombiano y los criminales de las FARC
La frases del informe son lapidarias y no dejan mucho para especular: “Desde enero de 2016 a enero de 2017, 199 líderes sociales han sido asesinados, una cifra especialmente preocupante, si se tiene en cuenta que las FARC estaban en tregua unilateral desde el 20 de diciembre de 2015 y que el ELN lleva desde el 7 de enero de 2017 sentado a la mesa de negociación con un pacto de cese bilateral del fuego”.
Naciones Unidas, que también hace seguimiento del cumplimiento de los compromisos, le echa más leña al fuego al compartir con el público que es muy significativo el rezago en la instrumentación de lo pactado con las FARC. En febrero de este año, es la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia la que denuncia el fraude que se le está haciendo al país. Solo en lo que va de 2018 han sido asesinados 80 activistas sociales y sindicalistas, es la cifra que adelanta un eurodiputado de Izquierda Unida con el nombre de Javier Couso.
Los números anteriores son elocuentes en cuanto a la inexistente voluntad de los facinerosos guerrilleros de ponerle fin a la violencia que los ha mantenido activos por medio siglo. ¿Pero qué decir del gobierno galardonado por adelantado por un premio Nobel cuando se coteja que en el momento actual el gobierno de Santos apenas ha tramitado 12 de las 34 medidas acordadas para el primer año de la implementación de los acuerdos de La Habana? Dentro de este retraso procesal se encuentra el tema de la restitución a sus dueños de las tierras robadas por la insurgencia y el paramilitarismo.
Obligados como estamos a enfrentar la verdad, es necesario poner de relieve que la entrega de las armas se ha cumplido dentro de ciertos parámetros y que la incorporación de la insurgencia a la vida política también. Pero hace falta ver mucho más que ello. Queda aún por sincronizar las múltiples entidades que deben cumplir tareas específicas en el marco de los compromisos de paz del lado gubernamental, dictar leyes y decretos, cambiar normas en el seno de las instituciones e, incluso, dictar las reformas constitucionales imperativas para la instauración de la paz.
La rémora es importante y es elocuente en cuanto a la verdadera disposición anímica y de principios de las dos partes de ofrecerle a la ciudadanía colombiana condiciones de vida dentro de las cuales poder progresar, mantener sus negocios, educar a sus hijos y restañar las heridas.
Quedará mucho por hacer en manos del gobierno que tome el relevo, incluyendo poner el orden en la paralizada negociación con el otro de los actores, los irredentos matones del Ejército de Liberación Nacional.