Las últimas dos semanas expusieron una de las más escandalosas escenas de violación del derecho internacional y de los derechos humanos, y no fue precisamente en los países que ya nos tienen acostumbrados a ello… Esta vez se trató del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos; y ocurrió ante el más contundente rechazo de otras ramas del poder público y el llamado cuarto poder: la libre prensa y la opinión pública.
Con el agravamiento de la situación de la violencia en Centroamérica, pasto de los carteles de la droga y otras bandas criminales, miles de familias han persistido en el doloroso y riesgoso peregrinaje en búsqueda de seguridad familiar. Al llegar a la frontera de Estados Unidos y solicitar la protección del asilo, en lugar del debido proceso, la administración Trump prodigó detenciones en masa, separó a los menores de sus padres para ubicarlos en horrorosas condiciones de detención, incluso a bebés que fueron colocados en jaulas.
Los grupos de defensa de los derechos del inmigrante y los derechos humanos prendieron las alarmas en toda la sociedad. A senadores y diputados les fue arbitrariamente denegado acceso a los centros de reclusión para comprobar el estado de los adultos y niños detenidos, incluso con cita pautada por las autoridades de estos retenes.
Los legisladores finalmente lograrían acceso, y junto con ellos las ONG, lo que permitió la divulgación de inhumanas imágenes, incluso audios, que constataban la gravedad de lo acontecido. Entre otros, los senadores demócratas Bob Menéndez (NJ), Jeff Merkley (Oregon), Tim Kaine (Virginia), Bill Nelson (Florida), así como los representantes Joaquín Castro y Beto O’Rourke (Texas), Nidia Velázquez (NY) y Michelle Lujan (Nuevo México), junto a otros miembros de la conferencia de legisladores hispanos y a una masiva comparecencia de la sociedad civil abrieron fuego contra esta xenófoba práctica del gobierno de Trump.
Más recientemente, el gobernador de Virginia ordenó la investigación de posibles casos de abuso en algunas detenciones de niños en una cárcel en esa entidad, a la que fueron trasladados los menores bajo custodia de oficiales de inmigración.
El secretario de Justicia, Jeff Sessions, respondió, como es usual en el gobierno de Trump, mintiendo. Dijo que el proceso de “cero tolerancia” (prepárense para escucharlo) era ¡bíblico!, porque, según él, se trataba de hacer cumplir la ley ¡y ese deber está en las sagradas escrituras! Tal manipulación concluyó recibiendo el rechazo de algunos líderes de los más conservadores grupos evangélicos que son fervientes seguidores del Partido Republicano. El propio Trump, en franca adulteración de la realidad, dijo con descaro que todo era resultado de leyes aprobadas por los demócratas (cuando ambas cámaras están bajo control republicano desde hace varios años); e incluso llegó a referirse a los inmigrantes como “animales”, que venían a “infestar” la sociedad norteamericana.
Entre líneas y también en declaraciones expresas, el propio Trump y sus operadores dejaron entrever dos perversos objetivos de esta política (no prevista en ley) de separar familias: 1) disuadir a otras familias migrantes de ingresar a Estados Unidos; y, 2) condicionar la suspensión de esta oprobiosa política a que los demócratas acepten los términos de una muy deficiente reforma migratoria, que incluye los recursos para construir el muro en la frontera (que supuestamente pagaría México).
Entre los muchos aspectos legales en juego con esta despiadada política de Trump están los derechos humanos y del niño, previstos en tratados internacionales de los que Estados Unidos es signatario; y, por supuesto, el derecho al asilo, que impone un trámite judicial respetuoso de los derechos del solicitante. Por esa razón, la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU condenó esta práctica del gobierno de Trump y subrayó el grave riesgo, admitido por las autoridades migratorias de Estados Unidos, de que muchos de estos menores no puedan ser reunificados con sus padres por las deficiencias del sistema. Hablamos, pues, de una orfandad impuesta por la negligencia culposa del Estado.
Días después de este pronunciamiento de la ONU, el gobierno de Trump (en conducta propia de una dictadura tercermundista) anunció que se retiraba del órgano de defensa de los derechos humanos de la ONU, con la rebuscada excusa de que este presenta un sesgo “propalestino” en el conflicto con Israel. Este escape hacia delante profundiza la devaluación del liderazgo global de la Casa Blanca, ante la mirada condenatoria de los gobiernos democráticos del mundo.
En el cruce de ataques y excusas plagadas de mentiras (la más prominente, aquella según la cual toda esta barbarie está prevista en la ley), se dijo que los gobiernos de Obama y Bush habían hecho lo mismo. Nada más falso. En un objetivo reportaje publicado por The New York Times quedó claramente establecido que jamás se separaron familias en la tramitación de casos de asilos o ingresos ilegales por la frontera en administraciones previas. Las crisis anteriores, en las que hubo detenciones de menores, ocurrieron en el marco de los procedimientos legales, debido a la migración de niños y adolescentes no acompañados por adultos. Esta situación fue incluso atendida con recursos extraordinarios, como una situación de carácter humanitario. Buena parte de esos menores, sujetos a regímenes de presentación judicial durante la resolución de sus casos migratorios y asilos, dejaron de cumplir posteriormente con la presentación ante la autoridad por miedo a la retórica de Trump y su política de “cero tolerancia” y por esa razón actualmente no se sabe en muchos casos de su exacto paradero.
Al final, la falsedad de que esta política de separación de familias estuviera prevista en la ley quedó en evidencia al bastar una orden presidencial para desaplicarla. El volantazo de Trump se produjo ante la presión o el rubor y desaprobación de parte del liderazgo de su propio partido, así como de la ex primera dama Laura Bush y hasta, refieren fuentes anónimas, de presiones de la primera dama Melania Trump y de la hija del presidente, Ivanka Trump. Pero al encubrir su conducta en esta orden ejecutiva, también innecesaria, Trump estableció dos cosas muy graves: en vez de ser separadas al momento de su detención, las familias podrían ser retenidas indefinidamente (violando precedentes judiciales en esta materia), hasta concretarse la deportación. Y al mismo tiempo omitió una previsión fundamental, cual es establecer los medios y recursos para garantizar la reunificación de más de 2.300 menores con sus padres.
La demagogia no tiene límites. Y una de sus primeras víctimas suelen ser los derechos humanos y la dignidad de las personas. Dado que el ejemplo dista mucho de empezar por casa, difícil pensar que un liderazgo como el de Trump acumule autoridad moral para convocar consenso internacional en defensa de la democracia y los derechos humanos.
Como bien expresó el diputado Joe Kennedy en las manifestaciones del pasado domingo en Tornillo, Texas: “La humanidad no está relacionada con la ciudadanía o el portar una tarjeta de residencia (green card)”. La humanidad, podríamos completar, está en el dolor que sentimos cuando vemos la cara de los niños arrebatados de la protección de su familia.
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