Opinión

Un criminal en el Palacio de Nariño

Ya es un hecho aberrante en cualquier nación que un movimiento guerrillero disponga de un partido político. Mucho más que uno de sus secuaces sienta que puede armarse con la máxima magistratura de su país.

Pero es que hasta allí es que ha llevado Juan Manuel Santos a la nación neogranadina, con el pretexto –más que válido y encomiable– de que era indispensable alcanzar la paz para su ciudadanía. Pero no la paz a cualquier precio.

El propósito del partido de las FARC, ahora activo dentro de la política colombiana, fue formulado esta semana y sería que Timochenko –el alias de Rodrigo Londoño– uno de los más temidos y sanguinarios efectivos de los alzados en armas durante 50 años, uno que cuenta con un prontuario criminal monstruoso y con procesos judiciales por delitos atroces que le han valido 452 años de sentencias de obligatorio encierro, dirima los asuntos nacionales desde una cómoda posición en la casa de Nariño.

Hay quienes aseguran que el propio presidente nunca estimó que tal desaguisado pudiera tener lugar y, de hecho, así lo había declarado unos meses atrás.

Pero la cúpula guerrillera tiene prisa y desea quemar etapas a gran velocidad. Ya esta fuerza combatiente ha sido beneficiada de oficio, por los acuerdos de La Habana, con cinco escaños en el Senado y en la Cámara, pero su interés no es el de quedarse inercialmente con la participación que se les otorgó como un sagrado derecho en el Parlamento. Usarán la campaña de las venideras elecciones para tratar de vender sus postulados a la inerme población votante y hacerse de una base más sólida dentro del electorado con más puestos en el Congreso. Aspirar a la presidencia los faculta para hacer campaña, para obtener ayudas públicas, para la difusión de sus ideas entre los menos favorecidos del país con sus tesis incluyentes y totalitarias. Es decir, entrar en el juego de frente. De hecho, antes de hablar de acceder a la presidencia, ya las FARC habían anunciado candidaturas para cinco de los departamentos que más gravitan en la realidad cotidiana colombiana por el número de votantes que aportan: Bogotá, Antioquia, Atlántico, Valle Del Cauca y Santander.

Porque es que el tiempo les resulta escaso. Mientras en Venezuela el poder gubernamental y el militar se encuentre en manos de un grupo de líderes afecto a la guerrilla colombiana, contaminado hasta los tuétanos con el narcotráfico y tributario del soporte estratégico de La Habana, los ex combatientes guerrilleros podrán moverse a sus anchas dentro de un país donde tienen armada una tentacularidad nada despreciable y se dedicarán, desde el ejercicio político que les cabe por derecho, a influenciar al país, sobre todo a las nuevas generaciones, en favor de su causa, y a mantener sus jugosos negocios con la complicidad y las facilidades de la geografía vecina. Pero el tema de la inestabilidad del gobierno venezolano y su rechazo universal, sin duda que los tiene insomnes.

En este punto y hora, el tema de la impunidad de los criminales, consagrada por los acuerdos de La Habana, ha sido sobrepasado en Colombia por el esperpento de la candidatura presidencial de Timochenko.

Una sola y palmaria realidad retumba en los cuatro puntos cardinales del país vecino: Juan Manuel Santos le ha servido a su país, en bandeja de plata, la posibilidad de que un criminal se haga con el poder presidencial.