Opinión

El crimen con las leyes habilitantes

Hugo Chávez concentró en sus manos el control total de las Fuerzas Armadas Nacionales y del Banco Central de Venezuela, todo el poder de las armas y del dinero en una sola persona sin tener que responder a control alguno, y para ello además se aseguró previamente de tener el monopolio de la elaboración de la ley, también el de hacer su interpretación; es decir, monopolizó el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

El instrumento para tan antidemocráticos propósitos fue el mismo inventado por Adolf Hitler para hacerse del poder total en Alemania y con el cual llevó al mundo al horror del holocausto y de la Segunda Guerra Mundial; ese invento criminal que rompe el esquema de la democracia republicana e instituye la dictadura bajo apariencia de legalidad fue la primera ley habilitante en el mundo, aquella que se denominó Ley de plenos poderes que el 23 de marzo de 1933 se hizo dar por el Parlamento alemán en medio de una oleada represiva y presiones de todo tipo. En ese invento primero fue Hitler, luego copió Chávez y continuó Maduro. Representa la fusión nazi-socialismo, es un elemento de altísima peligrosidad social que no ha sido suficientemente advertido.

En Venezuela no existió la figura de ley habilitante hasta la llegada de Chávez. En la Constitución de 1961 hubo un mecanismo para permitir al presidente a tomar medidas de emergencia en el área económica o financiera, con autorización por ley especial (artículo 190.8), no que el presidente hiciera la ley.

En el texto de la denominada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue introducido subrepticiamente el veneno de ley habilitante, sobre ella no hubo ninguna sesión para debatirla en la constituyente, tampoco aparece citada en la exposición de motivos como sí lo está el tipo de ley denominada “Orgánica”. Allí se asienta que “la Constitución establece cinco tipos de leyes orgánicas”, y en el artículo 203 estas se definen ampliamente en tres párrafos, y al final, en el último párrafo de dicha norma, allá escondido, se creó ese tipo de ley habilitante que es el permiso dado a la Asamblea Nacional para que esta ceda su atribución principal al presidente para que este sea quien haga las leyes. Ese tipo de ley habilitante se escribió en ese último párrafo de la norma con una permisividad total, nada de condiciones de emergencias, ni de controles posteriores a su ejecución, ni límites materiales ni temporales estrictos. Obviamente que aquello fue un “contrabando” que allí se introdujo con la premeditación y alevosía propia de un hecho delictivo.

Hugo Chávez tuvo cuatro leyes habilitantes y Maduro, dos, y con ellas crearon una maraña, un terrible entramado legislativo con el que han destruido el país bajo apariencia legal y que va desde el apoderamiento del Banco Central hasta la destrucción de la institucionalidad militar, pasando por toda clase de negocios de endeudamiento, financiamiento de partidos políticos en varios países, creación de entidades financieras y bancarias, saqueo del tesoro público, alineación con el terrorismo y el narcotráfico mundial, entrega de la soberanía nacional y un largo etcétera. Son 313 decretos ley que rigen toda la vida pública y todos absolutamente ilícitos, pero que han generado situaciones de hecho de muy difícil solución, será una tarea ciclópea poner orden en semejante marasmo.

En la primera ley habilitante dada a Chávez, este dictó 53 decretos ley. En la segunda dictó 49 decretos ley. En la tercera, 59 decretos ley. En la cuarta, 54 decretos ley. Para un total de 215 decretos ley.

En cuanto a Maduro, con Diosdado Cabello presidiendo la Asamblea Nacional, le dieron dos leyes habilitantes: la primera fue denominada “habilitante contra la corrupción” y con la cual emitió 56 decretos ley, y en la segunda, que fue denominada “habilitante antiimperialista”, dictó 42 decretos ley, para un total de 98 decretos ley. Sumadas las 6 habilitantes generaron 313 decretos ley.

No hay materia que no hayan intervenido con esto; todo el piso legal nacional lo hicieron un revoltillo, un amasijo de normas para disfrazar el crimen, más bien el genocidio que desde 1999 para acá cometen de forma continuada bajo la apariencia de estar actuando legalmente. Como dijo Martin Luther King: “Nunca olviden que todo lo que Hitler hizo en Alemania fue legal”.

Entre los principios fundamentales de la vida civilizada es hacerlo en democracia, y de ello resulta básico la participación de todos en el manejo de la cosa pública lo cual se hace a través de los representantes honestamente elegidos, ese es el papel del Parlamento, allí confluyen los representantes de las distintas fracciones del pensamiento político de la sociedad y entre sus principales funciones está la de hacer la ley. Esta actividad se ha negado a los venezolanos, se le entregó a Chávez y a Maduro, y con eso se ha impedido al pueblo la participación política que es un derecho supraconstitucional. Así, en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de los ciudadanos a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, derecho este que también lo contiene la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 21, también lo recoge y plasma la Constitución en su artículo 62: “Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos”.

En conclusión, esas leyes habilitantes usadas como lo han hecho en estos fatídicos años violan normas de derecho internacional y hasta de la propia Constitución que ellos mismos hicieron.

Para cerrar por ahora este tema cito uno solo de los más protuberantes casos del uso criminal que han hecho de las leyes habilitantes en Venezuela, el caso del Banco Central cuya ley ha sido modificada siete veces por los regímenes de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, modificaciones que estuvieron dirigidas a eliminarle la autonomía necesaria para la principal función de dicha entidad que es protección del valor de la moneda y mantener el equilibrio en los precios, y el resultado es la tragedia de hambre, miseria, desabastecimiento, destrucción del sistema comercial y del aparato productivo del país. Originalmente el BCV se creó y se mantuvo como entidad independiente, no sometida al vaivén político partidista, así fue hasta el año 2000 cuando Chávez le exigió la entrega de las ganancias cambiarias, exigencias que fueron aumentando al punto que además de las ganancias de la actividad de cambio de monedas se le pidió traspaso de reservas (“solo les pido un millardito”) y fuga de fondos a distintas entidades que creaba el régimen bajo figuras como Fonden y otras que solo era saqueo, dinero para convertir en fastuosos ricachones a los hasta entonces “pataenelsuelo”.

Los más recientes episodios de este drama han sido la séptima reforma a la Ley del BCV mediante en uso de la habilitante “antiimperialista” que Diosdado Cabello le dio a Maduro y con la que este se auto asignó el poder para nombrar a toda la junta directiva, incluso arrebatando a la Asamblea Nacional el derecho de nombrar dos de los directores, y últimamente el nombramiento de uno de los diputados de PSUV, el señor Ramón Lobo, llevado a ministro de Economía, y ahora como presidente del Banco, y quien además fue ratificado por la fraudulenta constituyente, todo en burla de la propia Constitución, artículo 320: “El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios para asegurar el bienestar social… En el ejercicio de sus funciones, el BCV no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias”.

Todo este tema lo he desarrollado con mayor amplitud en el libro titulado Leyes infames en Venezuela. Leyes habilitantes, apariencia de legalidad de una dictadura, recientemente publicado bajo el patrocinio del Interamerican Institute for Democracy en Miami, y es mi propósito llamar la atención sobre tan grave situación de tal conglomerado legislativo repleto de ilegalidades y que se encuentran activos produciendo situaciones de hecho que será muy difícil corregir, pero que hay que comenzar a visualizar.