En contraposición al creciente poder de la dinámica del capitalismo mundial por la aceptación de la circulación de bienes, servicios y capitales con la cual países socialistas como Rusia y China conforman su desempeño en el intercambio internacional, el gobierno bolivariano ha subordinado las actividades de las instituciones del Estado a la detención del poder, reduciéndolas a una inercia de las posibilidades productivas y sociales, y ha utilizado los recursos de los venezolanos para la propaganda de un proyecto político que ha traicionado los ideales marxistas de producir riqueza para luego distribuirla, agotando por incapacidad y corrupción las ilusiones y perspectivas de quienes de buena fe o ingenuidad habían creído en la “revolución bonita”.
La pobreza extrema a la cual ha sido reducido el pueblo venezolano se identifica con veinte céntimos de dólares diarios que conforman el sueldo básico, y que constituyen la sexta parte del mínimo previsto por el PNUD (ONU) para la subsistencia. Por eso la ayuda humanitaria de alimentos y medicinas no es una indebida injerencia en los asuntos internos: al contrario, es la aplicación de un principio de solidaridad internacional definido por voto unánime, es decir, con la aprobación de Venezuela en la Asamblea de las Naciones Unidas en la Cumbre mundial de 2005, en la Responsabilidad de Proteger (R2P) la población de cualquier Estado para prevenir el genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad.
La aceptación de la ayuda no perjudica la soberanía de la nación, sino denuncia la incapacidad y autonomía del Ejecutivo nacional para satisfacer las necesidades primarias de la población. Por ello ni jurídica ni moralmente tiene autoridad para determinar y organizar el rechazo, sino que este se manifiesta como otra manipulación de la dictadura interesada en mantener el poder a toda costa, lo que queda de la “franquicia” de la neocolonización cubana para limitar la libertad con la fuerza de las armas y de la barbarie, y conculcar los derechos humanos, así como demuestran, desde el pasado 22 de febrero, los asesinados y heridos, hombres y mujeres, empezando por los pemones, los indígenas del estado Bolívar, otros héroes de los sacrificios a los cuales está sometido el pueblo venezolano.
Es una situación que denuncia la metodología de la actuación y configura el “diálogo” al cual se refiere el gobierno que, por fin, ha perdido lo que le quedaba de credibilidad en algunos personeros de la Unión Europea y de la ONU, ideólogos poseedores de nociones del acercamiento diplomático blando en los asuntos políticos internacionales, pero sin experiencia del ejercicio del poder relacionado con la detención ilegal de este y el sufrimiento que induce al éxodo y a la pérdida de la dignidad.
Ahora los últimos acontecimientos resaltan la ineficiencia de la diplomacia y la necesidad de soluciones que erradiquen el recurso a la violencia. Al contrario, es necesario producir las acciones para afirmar los valores y principios de la democracia en los cuales están interesados tanto la sociedad civil venezolana, el ciudadano común, cuanto la comunidad internacional vinculada a la civilización occidental y al equilibrio pacífico de la región. No se trata de utilizar otras opciones dialécticas, se trata de encontrar soluciones concretas que permitan la supervivencia no solo de la población venezolana, sino también de la convivencia pacífica de la región, que no puede quedar sometida al social comunismo cubano todavía financiado por la dictadura bolivariana con los recursos y la deuda venezolana.
Independientemente de “operaciones de compensación internacional” con Rusia o China en el control de las áreas de influencia, en el desempeño geopolítico de los últimos setenta años tradicionalmente han prevalecido los intereses económicos, financieros, tecnológicos, por supuesto sostenidos por la implícita referencia al potencial militar. En la circunstancia, pensamos que la abrumadora diferencia existente entre las partes no pone en tela de juicio una confrontación bélica, sino una “importante” operación de limpieza policial en contra de grupos mafiosos, de delincuentes comunes y narcotraficantes, hasta de terroristas protegidos por el régimen: sería un desempeño normal de la Fuerza Armada venezolana si hubiese sido despolitizada y respetuosa del juramento prestado a la Constitución de la república, pero ha sido parcializada y ha dejado desamparada la sociedad nacional, que no tiene la organización y las armas que deberían defenderla. Cierto, es un problema político y revisiones de última hora siempre pueden averiguarse: el redescubrimiento de la racionalidad puede prevalecer sobre intereses que cada día desvanecen, y ser sustituidos por otros, es decir, que se pone entonces un problema de credibilidad políticoinstitucional que deberá ser concretamente enfrentado.
Por ahora, los últimos acontecimientos se presentan como la punta del “iceberg” que sintetiza la conformación del posible devenir reservado a los venezolanos, en el supuesto negado de que la vocación democrática y la responsabilidad asumida por el presidente interino, Juan Guaidó, no obtenga el éxito estratégicamente programado con los países democráticos de la comunidad internacional que han manifestado su apoyo. Si fuera así, la formación de un gobierno de transición para la preparación de elecciones libres y transparentes, el dar inicio a una política macroeconómica que permita la superación de la crisis estructural que impide la autonomía y el crecimiento del país, la formación de una sociedad abierta, libre e independiente se alejarían.
El dominio de la política, fundamentada en los principios y valores de la democracia, de la libertad, del derecho y de la justicia social, permite recordar el alborear de la identidad con la cual la república se presentó en América Latina y al mundo como faro de civilización, progreso, convivencia civil: no como un Estado regido por mafiosos, delincuentes, narcotraficantes, terroristas. Es preciso enfrentar sin titubeos, y sin aceptar condicionamientos de los oportunistas de diferente origen y proveniencia, y que en cualquier caso deben ser sometidos a rigurosos controles, los diferentes aspectos de la crisis con el determinismo requerido por la senda confusa con la cual se presentan, tal vez carente de base ontológica, es decir, de sus propiedades trascendentes, que rodean los fenómenos y anomalías que la caracterizan.
El ejercicio del poder, en su racionalismo formal de las definiciones estratégicas específicas y temporales, asume las soluciones que deben ser soportadas por el conocimiento y la experiencia científica, y que permitan vincular la dinámica económica real y financiera con los lineamientos postulados en el proyecto de recuperación propuesto al país. En la teoría de los sistemas y su ética analítica, el crecimiento se ubica en la estrategia del Estado. Pensamos que todos los ciudadanos tienen suficiente capacidad crítica para saber que no se trata solo de sustituir personas, sino de modificar la hipótesis de desarrollo del país. Por eso, sin ninguna pretensión, nos permitimos recordar someramente algunos factores que contribuyen terminantemente a estructurar el difícil holismo que lo configura.
La sustitución de la moneda nacional por el dólar estadounidense ha sido una peculiar decisión del Ejecutivo nacional, desde cuando ha empezado a emitir bonos de la deuda pública con valor nominal en bolívares pagaderos en dólares. La dicotomía entre el cambio oficial y el cambio del mercado paralelo ha contribuido terminantemente al aumento de los precios: ha producido inevitablemente inflación descomunal, devaluación de la moneda, desempleo. El intento de sustituir el dólar por el petro, criptomoneda creada con hipótesis de soporte a futuro, ha fracasado al punto de que parece que el Banco Central de Venezuela ha autorizado formalmente a las empresas a realizar sus pagos directamente en dólares. El valor del cambio oficial se ubica por encima del cambio del mercado para llevar dólares a las cajas del BCV y para conocer los ciudadanos que los poseen: la “dolarización formal” caracteriza esta fase de la economía del país.
En esta condición, la tendencia histórica para el desarrollo de las actividades productivas, como las industriales, manufactureras y ganaderas, ha encontrado en el mercado de valores una opción secundaria y circunstancial al financiamiento del sector bancario, pues la cartera de crédito bruta, pilar teórico de la función institucional de la intermediación del crédito, redujo su participación desde el 29,16% de 2017 a solo el 10,25% de 2018. La recomposición relativa de los componentes de los activos de las inversiones nacionales se encuentra condicionada por el valor no pagables de los títulos del Estado y de Pdvsa en posesión de cada banco, por la reducción del ahorro utilizado por los poseedores para enfrentar la adquisición de bienes y servicios, que presentan una inflación diaria del 10%, por el aumento al 57% del encaje legal y del 100% del encaje marginal establecido por el BCV y vigente este año: se vislumbra una parálisis sustancial del sistema bancario, que no se encuentra en condiciones de financiar inversiones productivas.
Pero, para que estas se puedan realizar en una normal evaluación de costos-beneficios, asume particular relevancia el riesgo soberano, también conocido como riesgo país. Es decir que al prescindir del costo del dinero regulado por el BCV en la determinación de la tasa pasiva, el impuesto del 2% sobre las transacciones financieras y el pago de los impuestos, se deben añadir la influencia del riesgo económico, definido en los indicadores de la balanza comercial, y de los riesgos políticos, incluidos en la gobernanza, controles, restricciones y corrupción. En Venezuela el riesgo soberano mejoró de 2.815 pb. de 2015 a 2136 pb. de 2016, pero pasó de 5.778 pb. de 2017 a 6.762 pb. de 2018, lo que significa que el rendimiento esperado por los inversionistas en 2019 no puede ser inferior al 67,6% y que este porcentaje debería ser pagado por el Estado para la emisión de nuevos valores, es decir, el costo de ulteriores endeudamientos si no intervienen factores políticos y económicos que puedan reducirlo.
En estas condiciones, si posible jurídica y financieramente, recuperar Citgo como fuente de ingreso de divisa del Estado constituye la primera prioridad; vigilar atentamente la situación financiera de los bancos que se encuentran en condición de “default” técnico, de quiebra no declarada, es obligación en salvaguardia de los ahorristas y del sistema productivo general; tomar los acuerdos y previsiones para aumentar gradualmente la producción petrolera, es una exigencia estructural de la economía tradicional, posiblemente recurriendo a una nueva división y valoración del capital accionario; recapitalizar el BCV, las empresas de la Corporación de Guayana con el fin de producir los insumos necesarios para la construcción de viviendas y empleo; crear las condiciones financieras, fiscales y de servicios para incrementar la agricultura y la ganadería sustancian las perspectivas de frenar la hiperinflación y disminuir las importaciones que perjudican la independencia y soberanía del país: son todos aspectos importantes para recuperar la credibilidad y confiabilidad del país y que pueden permitir la reprogramación de los pagos de la deudas con base en la efectiva capacidad productiva, es decir, cumplir con los compromisos y actuar con honradez.
Por supuesto, al pensamiento y a la proposición política debe seguir la acción, una nueva visión del Estado por la cual fundamentar la república sobre el trabajo, en democracia y libertad.