Va finalizando julio de 2018 y no puedo dejar de recordarles, una y mil veces, a los diputados que se postularon para esos cargos y fueron electos en diciembre de 2015, que recibieron un mandato del pueblo venezolano, y por tanto están en deuda con la nación. “Si así lo hiciereis que Dios y la patria os lo premien; o si no, que os lo demanden”.
El 16 de julio más de 7,6 millones de ciudadanos nos expresamos en una consulta democrática vinculante. Se exhortó a la Fuerza Armada Nacional a cumplir su deber de garantes del respeto a la Constitución, que no es otra cosa en las actuales circunstancias que detener al usurpador de Miraflores y sus cómplices. Se aprobó la designación de un nuevo CNE, el cual debería iniciar un riguroso proceso de reconstrucción del registro electoral permanente. La designación de los magistrados de TSJ, doce principales que debía renovar el cuerpo y los veinte suplentes, se nombraron, contra viento y marea. En este aspecto cumplieron. Estos, sabemos, corrieron un gran riesgo al ofrecer sus nombres para tan delicadas responsabilidades, en momentos en que en Venezuela desaparecían los vestigios remanentes del Estado de Derecho.
Ahora asistimos a una determinante pérdida total de esperanza en el estamento político institucional de la República. A esta situación se suma la Asamblea Nacional, la cual comprueba, con las actuaciones de sus protagonistas presidentes, su crisis terminal. Los dos ex presidentes, Henry Ramos de AD y Julio Borges con su PJ, demostraron claramente cómo se conducen. Si faltaba una comprobación más, le tocó el turno (con base en el pacto electoral) al actual presidente, Omar Barboza. Todo ha quedado claro, muy claro.
Resulta que el venezolano Miguel Ángel Martín Tortabú, como todos los otros abogados venezolanos que por nacimiento se postularon para el cargo de magistrado, sabían que correrían riesgos por su patria, nuestra patria. Como muchos, Miguel Ángel Martín tiene la ascendencia europea. Por ello accedió al derecho que le daba España de solicitar para él y su familia esa opción de protección ante el desastre en Venezuela de tener también nacionalidad española. A la hora de escoger entre el riesgo de asumirse solamente venezolano para dar la pelea en la patria que lo vio nacer, donde creció, estudió y formó familia, o la de conservar el privilegio al que tenía derecho de la adicional nacionalidad española, escogió luchar por su Venezuela. Ahora Barboza nos dirá que actuó “diligentemente”.
En el momento que escribo este artículo no he logrado aún tener en mis manos la copia de la carta de trámite de renuncia a su privilegio de ser también ciudadano español, por parte del magistrado presidente de nuestro legítimo TSJ, Miguel Ángel Martín Tortabú. Lo que sí tengo claro, a todo evento, en mi conciencia y en mis valores humanos, es que su decisión valiente de haberse postulado y haber asumido las responsabilidades de magistrado frente a una narcodictadura genocida y malandra es un acto de escogencia del amor por su patria. Nuestra patria venezolana. Malandros son también aquellos que acompañen, de manera velada o en pestilentes conciliábulos, los que “diligentemente” asumen accionar en contra de los que luchan por liberar nuestro país.