Acusación grave de la Conferencia Episcopal Venezolana en documento de su asamblea plenaria de enero pasado: “El gobierno usurpó al pueblo su poder originario”. Esto nos recuerda el artículo 5 de nuestra Constitución: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo (…) Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. Este artículo recoge un primer principio político de las sociedades democráticas y es pilar fundamental del Estado de Derecho.
El soberano (es decir, la ciudadanía, la gente, la comunidad política en su sentido más englobante) constituye en un país el poder originario supremo, constituyente y supraconstitucional, que permanece tal a través y en medio de las delegaciones y formas de ejercicio que quiera establecer. El soberano es, por tanto, la referencia última e inapelable en la estructuración y manejo de la polis; se identifica así como poder generador.
La usurpación de poder, dijo el episcopado, se dio con “la suspensión del referéndum revocatorio y la creación de la asamblea nacional constituyente” ilegítima e inconstitucional. Y añadió: “Los resultados los está padeciendo el mismo pueblo que ve empeorar día tras día su situación. No habrá solución de los problemas del país hasta tanto el pueblo no recupere totalmente el ejercicio de su poder”.
La convocatoria a elecciones presidenciales fraudulentamente adelantadas –a las cuales se pensaría agregar otras de carácter regional y local– ha agravado la crisis nacional y evidenciado el propósito del régimen, que no es salir positivamente del desastre nacional, sino atornillar en el poder la presente dictadura militar comunista. La asamblea nacional constituyente usurpadora de lo correspondiente al soberano, el Consejo Nacional Electoral agente partidista y el Tribunal Supremo de Justicia, amanuense de las tropelías del Ejecutivo, son los organismos ejecutores del maligno designio gubernamental, del cual el Alto Mando de la Fuerza Armada se ha convertido en el sostén clave, por no decir único.
Interés del régimen no es que haya elecciones, sino asegurar una suma de votos que enmascaren lo ilegítimo y den forma jurídica a lo inconstitucional.
No es lo mismo votar que elegir. Votar es, en sí, un acto simplemente producido por un ser humano (actus hominis), como lo son también las piruetas de un sonámbulo, los daños cometidos por un demente y una confesión bajo tortura. A esta lista puede añadirse el voto forzado en comicios bajo presión o amenaza, como sucede en los regímenes totalitarios y dictatoriales, que aseguran así formalmente el respaldo de la población. Elegir es algo distinto, una opción en la cual entra en juego la libertad, que es don primerísimo otorgado por Dios al ser humano; es actuación del libre albedrío y, por consiguiente, un acto personal (actus personae) en el sentido estricto del término. El ejercicio del derecho a la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana, creada por Dios a su imagen y semejanza; de allí lo bueno del sistema democrático, que “asegura la participación de los ciudadanos en la opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien de sustituirlos oportunamente de manera pacífica” (Juan Pablo II en Centesimus Annus 46).
El pueblo soberano de Venezuela, por tanto, no debe aceptar los comicios anunciados mientras existan: a) una asamblea nacional constituyente con pretensiones monárquicas de poder absoluto, y b) condiciones que impiden elegir (CNE oficialista, TSJ alineado, Ejecutivo incontrolado…). El soberano no debe dejarse guillotinar.
Urge, pues, que el soberano recobre el ejercicio de su poder y ordene (artículo 71 de la Constitución) qué hacer para evitar el colapso del país y enrumbarlo hacia una convivencia democrática. En tal sentido destacan: disolver la ANC, asegurar un proceso electoral genuino con observación internacional y determinar algunos pasos fundamentales para la recuperación y el progreso de la nación.
La sociedad civil y los partidos deben unirse, ya, en un gran movimiento (frente, encuentro, convergencia) nacional para posibilitar y aun forzar la consulta al soberano, al cual la FA ha de obedecer para recuperar la N y merecer la B. Dios nos ayude.