Opinión

Constructores y sus contratiempos

No es reciente que empresas privadas y gremios que agrupan a compañías del capital privado boliviano se hayan quejado en los últimos años del sistema impositivo nacional.

Toca el turno de la Cámara Boliviana de la Construcción que de forma pública y documentada denunció “persecución tributaria”. Bolivia debe ser uno de los pocos países del mundo en que los administrados se sienten perseguidos por la Administración Tributaria.

Y tienen razón los empresarios del rubro de construcciones, dado que desde el servicio impositivo se busca imponer una normativa regulatoria (N° 10180000036) emitida sin consenso y que, en los hechos, intimida y hostiga a los inversionistas del sector constructor boliviano. Por lo menos esa es la queja que se lee en los medios.

Esa “resolución” busca pedir información detallada a los constructores de forma tal que todos sus actuales software financiero-contables quedarían obsoletos y necesitarían, mínimamente, upgrades con costos que no están contemplados y que no pueden ser implementados sin contar con un proceso progresivo. La resolución pide que cada constructor del país debe informar a la Administración Tributaria sobre la construcción de cada bien inmueble que realice en su propiedad o para terceros, respecto a las características y costo de las construcciones. En caso de incumplimiento, advierte que las empresas serán sancionadas. Pareciera que hay una manía estatal en conocer en detalle toda operación privada, y cuando ello ocurre resulta ser contraproducente más que beneficioso.

Tal determinación –de llegar a ser aplicada– es otra forma de socialismo, de intervencionismo de Estado en el aparato económico del país: el Estado mete narices y hace prácticamente imposible el ejercicio de la libre empresa. O la hace menos rentable, o menos atractiva.

No olvidemos que el ámbito de la construcción es uno de los sectores formales que más tributos aporta al Estado.

Recordemos además los pesos pesados a los que están sometidos los que invierten: reglas laborales muy duras y otro tipo de contratiempos que dejan el escenario para invertir demasiado malogrado.

Bolivia dejó de ser un país rural y pasó a ser uno urbano. Eso significa que las transacciones y el comercio ocurren en las ciudades y deben desarrollarse en un ámbito de libertad económica, sin perseguir el comercio. Eso incluye el rubro de las construcciones, el desarrollo inmobiliario y los negocios derivados e inherentes a ese sector. Aquí recordamos las enseñanzas del maestro del liberalismo moderno, Antonio Escotado, en su libro Enemigos del comercio, en el que señala, entre otros, que los altos impuestos sumados a la mirada hostigadora del Estado no son receta para atraer inversión y sí mas bien para expulsar empresas del ámbito formal.

Sume usted: regulaciones de trabajo, registro de empleados, doble aguinaldo, dilaciones en trámites, una justicia absolutamente criticada, trámites interminables en cajas de salud, en aduana y las eternas facturas y fiscalizaciones impositivas. Es casi un milagro ser empresario privado en el país y es un reto ser constructor, además de competir con el Estado-empresario (por ejemplo en aviación, en el sector oil & gas, etc.).

El Colegio de Arquitectos de Bolivia advierte que la aplicación de la nueva normativa citada puede generar “incremento en el costo de la actividad de la construcción e incluso poner en riesgo la inversión”. Además, elevará costos en servicios asociados al rubro de la construcción. Ojo que no tengo nada que ver con la industria de la construcción pero sí me solidarizo contra esas penas.

¿Porqué tanta traba a la inversión?

Creemos que la libre empresa, la libre iniciativa y los emprendimientos –a lo largo de la historia– crean trabajo y bienestar y corresponde colaborar en su surgimiento. La mejor ayuda que puede ofrecer el Estado es no meter su mano en la iniciativa privada.

@BorisSGomezU