Todo aquel que se reúne y cohabita con perros, aprende a ladrar y termina por gruñir para enseñar los dientes. Nuevamente el agonizante gobierno nacional recurre a sus artimañas acostumbradas, y, como cualquier mago pueblerino, saca de su remendada chistera, la acostumbrada paloma (¿de la paz?) pretendiendo engañar incautos. Nuevamente, entonces, nos toca ejercitar el aldabonazo de costumbre.
“To be or not to be”: si luego de 17 años de infortunio no hemos aprendido la lección mereceremos sumergirnos y ahogarnos en la ignominia que caracteriza a los pusilánimes. Comparto a plenitud las opiniones jurídicas emitidas por constitucionalistas serios como los profesores de la materia en la UCV, UCAB, además de José Ignacio Hernández, Allan Brewer Carías, Jesús María Casal, José Vicente Haro, Gerardo Blyde –entre muchos otros– que analizan con propiedad académica tanto los aspectos sustantivos, como los adjetivos, de la socarrona petición de asamblea nacional constituyente formulada por Maduro. (1). Igualmente no deseo caer en repeticiones que excederían la brevedad recomendada del artículo. Sin embargo enumeraré algunas, como simples recordatorios, para que, los interesados, puedan –si lo tienen a bien– volver a leerlas. Tanto en el archivo web de El Nacional y/o en mi blog: https://jravendanotimaurycheye.wordpress.com (2).
Antecedentes: la Sala Constitucional y el TSJ (¿ignoro el orden de prelación?) han mantenido una constante ejecución sumisa y rastrera de las órdenes del ejecutivo para cubrir las falsas apariencias consistentes de que vivimos en un idílico régimen constitucional donde está armonizado el cabal funcionamiento del Poder Público Nacional representado por los cinco poderes instituidos por la Carta Magna. Aquellos que sobrepasaron los tres de la genial división instaurada por Montesquieu en el siglo de las luces del derecho público. La Planopia constitucional y otros escritos abordaron, tratando de alertar y denunciar las intenciones malsanas ejercidas a discreción –sin limitación alguna– para que el equipo de gobierno venezolano se mantenga inamovible en el tiempo y en el espacio a través de la alianza proxeneta establecida entre los rábulas del supremo tribunal y los generales milicos que disponen criminalmente de las bayonetas. También deseo referirme de manera tangencial (es necesario ahondar el tema en otra oportunidad) a la ética –tan despreciada por todos los politicastros–, pero que la aborda, como un bien irrenunciable y de manera prístina, nuestra CN en varios de sus artículos (102, 106, 274, 280 etc.). El inefable Maduro ya señaló, en la oportunidad de anunciar su convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, que se acogería ¿cándidamente? –por si alguien plantea alguna duda– a la decisión interpretativa emanada de la Sala Constitucional del TSJ.
Fiscalía General de la República: en los últimos tiempos la titular del organismo ha realizado actos jurisdiccionales, que le son propios. Ajustados algunos a derecho, otros de carácter político (comparecencia a la Asamblea Nacional), y algunos meramente declarativos ante los medios informativos nacionales e internacionales. Es obvio que ha retomado la senda extraviada de la constitucionalidad y legalidad. A pesar de la ilegitimidad ocasionada por las formas y los modos con que fue reelecta. Lo cierto es le ha llegado la hora, luego del pensar profundo, de tomar decisiones concretas (todas ajustadas a derecho) para legitimarse debidamente. Estas decisiones tienen que ser objetivas, traducidas y plasmadas por hechos concretos. No circunscribirse únicamente a simples modalidades expresivas de ocasión. Es sugerente su declaración al The Wall Street Journal (3): “No podemos exigir comportamiento legal si el Estado viola la ley”. El pasado jueves El Nacional reseña en su primera página: “Es momento de hacer acuerdos entre nosotros”. Pareciera, “prima facie”, que ambas declaraciones son ajustadas y necesarias para evitar lo cruento que se vislumbra. Pero es oportuno hacer precisiones al respecto. El Estado venezolano, a través del ejecutivo y demás poderes públicos nacionales (con la excepción conocida), subalternos todos y de carácter genuflexo, vienen violando de manera consuetudinaria el ordenamiento constitucional y legal: Antes, ahora y los próximos días. Entonces, lo procedente no es otra cosa que intimarlos (al ejecutivo y demás poderes alzados en contra de la CN) para que acaten –de una vez por todas– la carta magna. Los exhortos, por más plausibles que sean, no son otra cosa que un mero saludo a la bandera. Agotada esta vía persuasiva, es menester ejercer la coerción, amparada legalmente, necesaria para lograrlo. Establecida la premisa anterior, aterrizamos en su (hasta ahora) única propuesta. Un tanto etérea; consistente en recomenzar un diálogo o negociación política entre el poder ejecutivo y las grandes mayorías nacionales representadas por diversos órganos. Así las cosas, luego de la declaración presidencial tajante de la convocatoria “manu militari” a una sedicente asamblea nacional constituyente –con todos los actores desprestigiados conocidos–, confrontamos más de lo mismo: Pérdida de tiempo para que transcurra este año en un bullanguero carnaval electorero. Cuyos resultados todos sabemos: que le sería adverso al régimen si se respetara la voluntad popular. Pero traducido, seguramente, con nuevas interpretaciones y manipulaciones que inevitablemente sobrevendrán (4). Garantizando la continuación del gobierno hasta el año 2018 y vaya usted a saber con qué nuevas sorpresas. ¡Así de simple!… A propósito de la doctora Ortega Díaz (quien por cierto no necesita que el defensor del pueblo (5) la inste para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos. [Art. 281, Ord. 4 CN]). He recordado la actitud asumida –en principio– por el fiscal general norteamericano en el célebre y aleccionador caso conocido como Watergate, en 1972 y 1973. En aquella ocasión el fiscal general de aquel país enmendó a posteriori su errática conducta inicial y procedió a cumplir con su deber…
Ámbito internacional: reiteradamente Su Santidad y diversos presidentes en ejercicio, y otros no, han llamado al diálogo entre la Venezuela mayoritaria y el gobierno agonizante. Evidentemente que a ellos no les queda otra opción que la de insistir –de manera civilizada y “diplomática”– en hacer uso de las negociaciones para solventar el problema. Sin embargo, el diálogo y/o negociación necesaria en todas las contingencias políticas; es inútil en la actualidad; por la sencilla razón –ya enunciada hasta el cansancio– de que lo único que aspira el presidente es ganar tiempo y conservar el poder a toda costa hasta “el final de los siglos”. A la ya despierta comunidad democrática internacional, también lo único que les queda, es la necesaria aplicación de políticas concretas ajustadas al ordenamiento establecido en el ámbito legal mundial para hacer entrar en razón al desprestigiado, totalitario e inconstitucional gobierno venezolano. Más allá de las simples declaraciones de principios; que son recibidas despectivamente por el régimen robolucionario, con las “trompetillas de rigor”.
Terapia: la única solución –de Perogrullo– la tenemos los venezolanos: civiles y militares (excluidos los milicos, a quienes debemos confrontar resueltamente), políticos y apolíticos, la ciudadanía y también la población venezolana en todos sus estratos inconformes. ¿Cómo? ¡En la calle!… incrementando la protesta cívica (a pesar de la sangre dolorosamente vertida de los muertos, heridos, torturados) y presos existentes. Los agredidos por la represión gubernamental que seguramente se incrementarán en los próximos días. Acompañando la repulsa masiva con otros métodos de lucha lícitos ya conocidos; pero hasta ahora –increíblemente– no utilizados. Me refiero a los paros y/o huelgas; parciales o generales; a tiempo definido o indefinido. En fin, a toda la reserva de opciones cívicas existentes. Además, por supuesto, del necesario diálogo a establecer con la sociedad civil organizada (en ningún caso como “convidados de piedra” en monólogos descalificadores) como lo son los sindicatos, organizaciones empresariales, gremiales, estudiantiles etc.; para establecer las tácticas necesarias… Insistir en la exclusión y denuncia del actual CNE porque este no garantiza ni la igualdad, ni es confiable; tampoco es transparente; además es ineficaz (ya lo hemos dicho hasta el cansancio). Este organismo no es otra cosa que un ministerio más del poder ejecutivo; quien ejecuta diligentemente todas las instrucciones referidas al ámbito electoral)… ¡Es la hora de concertar voluntades!… Sin afanes protagónicos delimitados o excluyentes.
Notas:
1.- “Grosso modo”, la insoslayable consulta previa al soberano. En el sentido de establecer, por intermedio de una pregunta clara y sin tapujos –si se está de acuerdo o no– de realizar la Asamblea Nacional Constituyente. Oída la opinión de la ciudadanía, a través de la votación, –si es favorable– proceder a la elección de los futuros miembros constituyentes de acuerdo a la intención, cronograma y formas a establecer. Se debe recalcar que la constitución establece que el Poder Electoral someterá a referendo; tanto las enmiendas, como las reformas a la constitución (artículos 341, Ord. 3 y 344, primer párrafo). La lógica jurídica impone que si el referendo es fundamental para la ratificación de enmiendas y reformas; lo debe ser como mayor exigencia para la celebración de la asamblea nacional constituyente, quien podrá dictar una nueva constitución, modificando radicalmente la actual.
2.- He querido señalar algunos de los diversos escritos que abordan áreas específicas del acontecer nacional y que he condensado en cuatro aspectos: FANB, TSJ, CNE y MUD. Tratan y alertan lo que ha venido aconteciendo y acontece: Entre milicos te veas (30/4/2015), Postergar (17/7/2015), Similitud (30/10/2015) y Milicos (8/4/2016). Resentimiento Constitucional (23/4/2015), Encrucijada (18/12/2015), Chacumbele (24/12/2015), Intérpretes (9/7/2016) y Sentencia (31/3/2017). Arpías (6/11/2015), Revocatorio (22/1/2016) y Revocar (4/3/2016). Negociación política, propósitos y despropósitos (11/4/2014), Negociación y diálogo (18/5/204), Realidades (31/1/2015), Lecciones (6/3/2015), MUD (20/11/2015), Procrastinar (5/2/2016), Inextricable (17/2/2016), Cartografiar (11/3/2016), Inflexión (1/10/2016) y La MUD (11/11/2016).
3.- Curiosamente la titular de la FGR se vale de un diario estadounidense de la ciudad de Washington, capital del “imperio”, para deslindar un término álgido; pero esclarecedor donde establece sin duda alguna que el gobierno venezolano ha perdido definitivamente la “brújula” constitucional en el sentido de que al violar la Carta Magna, consecuencialmente viola el ordenamiento legal.
4.- Tener presente (sin olvido complaciente) la sentencia de la Sala Electoral del TSJ que despojó –¡hace más de un año!– a la representación parlamentaria del estado Amazonas y al diputado indígena. Sustrayendo de esta manera la cualidad global representativa de los 112 diputados y sus necesarias consecuencias (dos terceras partes de los integrantes de la AN). Maduro instruyó para que esta inaudita decisión se mantenga vigente indefinidamente abonando la perturbadora tesis del “desacato”.
5.- Este ignominioso funcionario incumple notoriamente los requisitos establecidos para desempeñar el cargo. Quebranta las exigencias de “honorabilidad, ética y moral” que presupone la ley. Es suficientemente conocida su militancia en el PSUV. Circunstancia que le imposibilita a cumplir a cabalidad con el espíritu, propósito y razón pautado en el órgano que tan indignamente preside. No actúa en defensa de los ciudadanos directamente (artículos 280 y 281). Se circunscribe exclusivamente a salvaguardar los intereses políticos del ejecutivo por sobre todas las cosas. El defensor del pueblo y el contralor general de la República, (tal para cual) –al constituir ambos la mayoría en el Consejo Moral Republicano– desdicen y contrarían con sus actos todos los preceptos constitucionales establecidos para el actual –y prostituido– Poder Ciudadano en los artículos 273 al 279.