Para empezar, la constituyente se le fue de las manos al gobierno; he allí su consternación. Más de dos meses han trascurrido desde que se iniciaron las protestas de calle pidiendo libertad y mejores condiciones de vida. Se da la circunstancia, no común entre nosotros, de que los estratos sociales, desde el A hasta el E, luchan por los mismos intereses y por las mismas carencias.
Bien se ha dicho que estas luchas nunca desbordarán en una guerra civil por la simple razón de que no se trata de combates de pueblo contra pueblo, sino de todo un pueblo contra un gobierno opresor y, como consecuencia sinonímica, dictador.
Maduro y sus adláteres saben que en estos meses de protestas: pueblo, estudiantes y partidos democráticos, todos en un bloque, han colocado al régimen en una situación de desamparo; por eso el asalto a la Constitución. La acción de la fiscal general de la República ajustada a la ley, exigiéndoles que no se aparten del cuadro legal, ha multiplicado sus angustias. Los temblores sísmicos se han acentuado como una manifestación de desesperación. A una velocidad más acelerada caminan las manifestaciones espontáneas y públicas de los sectores populares de la ciudad capital con las consecuencias letales que sabemos ellas acarrean.
La fiscal, Luisa Ortega Díaz, que no es un ánima sola en este reino infernal, consignó el jueves 1° de junio un documento ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que sea revisado el contenido de la convocatoria al proceso constituyente.
Dos días más tarde, el penalista Alberto Arteaga, junto con otros colegas de bien ganada notoriedad, denunciaron ante la cabeza del Ministerio Público a los magistrados de la Sala Constitucional y solicitaron para ellos la aplicación del antejuicio de mérito.
Este es el perfil del organismo del Estado con un diagnóstico de valores alterados. Sin embargo, la oposición aprieta el acelerador y agota todos los recursos disponibles con el propósito de impedir que el proceso ilícito, inconstitucional y tramposo de la asamblea comunal propuesta por Nicolás Maduro y avalada por el cuerpo servil del CNE se cumpla a finales del mes de julio. La arbitraria convocatoria constituyente es solo una maniobra política en busca de una angustiosa bocanada de aire. Esto no es un conflicto, repito, que tiene como epicentro los códigos legales venezolanos, ni es el caso de que el nuevo ropaje legal sea mejor que la Constitución manufacturada por Hugo Chávez; solo es una pretensión desesperada de asirse al poder.
Lo que prevalece en este caos dantesco, muy sencillo de entender y muy complicado de resolver sin disponer de recursos económicos ni la capacidad intelectual para hacerlo son: el hambre, la carencia de medicinas y la de medios económicos para adquirirlos, la inseguridad y la libertad. Todo lo demás es secundario. Tampoco ganarán tiempo ni les echarán agua fría a las numerosas manifestaciones de protestas que salen a las calles pidiendo elecciones generales y que sea el pueblo el que decida.
La tragedia del gobierno reside en que si llama a elecciones pierde abiertamente. Si permite que el pueblo llegue hasta donde quiere llegar, el resultado será el mismo, es decir, la salida indefectible del régimen. Se puede hacer una analogía con un fragmento de una poesía de Rubén Darío: “Tu amor es el acero: ¡si me lo quitas, me muero; si me lo dejas, me matas!