Francisco de Miranda no solo fue el gran precursor de nuestra libertad sino ideólogo de nuestra primera Constitución. Miranda fue para Venezuela, y para toda Latinoamérica, el “Primer Libertador”, como proponemos llamarle, y le llamaremos a partir de ahora, en este proceso de conformación de la, en su honor, ¡Cátedra Internacional de la libertad!
Hace algunos años (1994-1995) tuve el honor de ser profesor invitado de posgrado en la Universidad Francisco de Miranda. El tópico, o asignatura, dictada para los gerentes en formación fue el desarrollo de las asociaciones público-privadas; materia que hube de estudiar internacionalmente, aprendiendo de las experiencias y avances en esta modalidad de alianza del Estado-ente privado en varias ciudades del mundo, tales como: Washington, Buenos Aires, Santiago de Chile y Madrid, entre otras.
La situación catastrófica a la que finalmente ha llegado Venezuela, luego de una concepción errónea del Estado y su papel, desde el inicio del régimen chavista hasta hoy, es provocada a nuestro entender por la falla de origen en estos dos conceptos fundamentales para la vida de una nación: 1) la Constitución, con el establecimiento de un verdadero pacto social para el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y 2) el Estado, el cual se forma bajo la “tensión creativa” (frase de nuestro querido profesor George Kastner, IESA,1996) de los grupos de poder de cada sociedad, para lograr un determinado orden, en un específico territorio. Así se produce un proceso de alianzas entre el sector público y el sector privado que traerá prosperidad a dicha sociedad, en el curso de su crecimiento y desarrollo.
En la evolución del diseño de tal Estado, el mundo avanzó hacia el establecimiento del Estado democrático con balance de poderes mediante la estructuración de los tres poderes conocidos y bien definidos en sus competencias: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Pero no solo ello, avanzó también en la concepción económica, las libertades, el tratamiento del dilema Estado-mercado y la desigualdad económica; y sigue avanzando, día a día, en el mundo libre, mientras que en las dictaduras la sociedad prisionera entristece y es poco productiva.
El militarismo ha sido una sombra histórica en la construcción de la república democrática en Venezuela, y por tanto una sombra también para el avance de una nación próspera, libre de caudillos y de salvadores. Requerimos una nación realmente democrática, basada en el trabajo, en la justicia y en la solidaridad. Nuestra primera Constitución del 21 de diciembre de 1811, en la cual reconocemos como ideólogo a Miranda” (federalista), ya contemplaba un claro avance en el sometimiento del poder de las armas a la voluntad popular, expresada esta a través del Congreso y de sus decisiones. Aun en tiempos de guerra y de una república en nacimiento. La segunda Constitución presentada en Angostura (hoy Ciudad Bolívar), el 15 de agosto de 1819, la reconocemos como Constitución del Libertador Bolívar. Su ideólogo. Igualmente con clara base democrática de respeto al Congreso. Luego siguieron 25 constituciones más. Incluyendo la más reciente chavista, promulgada el 24 de marzo del año 2000. En ninguna de ellas se estableció el absurdo de un Poder Judicial que asumiera las funciones del Poder Legislativo, a pesar de sufrir múltiples dictaduras y caudillos. Hasta encontrarse el camino de la efectiva administración del poder civil sobre las armas del poder militar, en la segunda mitad del siglo XX, el país no había conocido realmente la democracia continua. Por ello, el “socialismo del siglo XXI” tenía que fingir una actitud discreta de autoritarismo para, avanzando desde la democracia, afianzar sus garras totalitarias. Sin embargo, el internacionalmente reconocido profesor Noam Chomsky (MTI) comprobó con el caso de la jueza Afiuni la relación de subordinación del Poder Judicial venezolano al Poder Ejecutivo chavista.
El poder más importante para garantizar una verdadera democracia, en cualquier parte del mundo, es el Poder Legislativo. Este controla el poder del presidente, quien comanda las armas. Hoy, por el contrario, Venezuela retrocede. En la supuesta revolución del socialismo del siglo XXI, el Poder Ejecutivo intenta controlar el Parlamento (recordemos el episodio de Monagas – Fermin Toro). La razón es sencilla, pero muy grave: el Poder Ejecutivo, entiéndase Nicolás Maduro y su séquito, con sus arcas exhaustas ante el latrocinio y el despilfarro cometido, quiere ahora seguir firmando contratos millonarios y contrayendo deuda pública sin que exista control por parte de la Asamblea Nacional (art. 150). Por ello es importantísimo que el país y el mundo sepan que los venezolanos en nuestra lucha, mirandina y auténticamente bolivariana, por Venezuela, no reconoceremos ningún acto del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, ni sus contratos ilegítimos e inconstitucionales, que pueda contraer en lo adelante, con base en los artículos: 150, 333 y 350 de nuestra carta magna.
Los regímenes totalitarios, siempre en el intento de disfrazarse de democráticos, han tratado a lo largo de la historia de la humanidad, y Venezuela no es la excepción, de justificar los atropellos a la esencia parlamentaria de la democracia. Mediante la manipulación de supuestas “decisiones judiciales”, basadas en razonamientos de “defensa ante amenaza a la república”, “defensa de la revolución”, “defensa de los más pobres” o “defensa de la patria”, y tantas otras expresiones, ejercen el poder de manera totalitaria, sin controles institucionales. Es el Parlamento, en democracia, el que es capaz de controlar la gestión del Poder Ejecutivo y no al contrario. Es al Parlamento al que el presidente debe entregar cuentas, y rendir informe de su gestión al frente de la República. No como ocurrió en la supuesta rendición de gestión de 2016 ante el TSJ, con lo cual el Poder Ejecutivo ya desconocía al Parlamento. Y ahora, finalmente, cuando con complicidad de la Sala Constitucional del TSJ se desconoce y se pretende suplantar definitivamente al Parlamento, ha llegado la hora del pueblo de recuperar su democracia. Ambos poderes públicos deben presentar su renuncia para ser enjuiciados y destituidos, conforme a la Constitución y la soberanía popular, expresada de manera pacífica en las calles junto al Parlamento democrático, y con el respeto y respaldo de las armas de la República. Luego, deberán realizarse elecciones libres, bajo la transición que está establecida en nuestra Constitución mediante una presidencia temporal del presidente de la Asamblea Nacional. Queda clara la ausencia del presidente por su desempeño no democrático, al igual que de su vicepresidente ejecutivo. No solo cómplice del presidente de la Sala Electoral del TSJ en el golpe de Estado, sino también investigado por complicidad en graves delitos de lesa humanidad como son el terrorismo y el narcotráfico.