En la Fundamentación de la metafísica de la costumbre Kant “presupone la libertad como propiedad de la voluntad de todos los seres racionales… si queremos pensar un ser como racional y con consciencia de su casualidad de las acciones; es decir dotado de voluntad”. Pero este concepto de liberalismo igualitario es insuficiente para enfrentar las diversidades que se presentan por las dimensiones de la igualdad moral y sus consecuencias económicas y sociales.
Participar o no participar en las elecciones presidenciales es en cualquier caso una escogencia política que asume el papel de cumplir con la defensa de los valores democráticos de la libertad y de la igualdad. El compromiso con tales valores no se puede reducir a sus garantías jurídicas, sino que debe incluir una intervención colectiva que logre emancipar los individuos de la miseria que los consuma y les impide desarrollar su moralidad con libertad, miseria como el hambre, la enfermedad, la falta de recursos en la vejez y la educación.
No se trata solo de elegir un presidente, de escoger entre ideologías opuestas si bien importantes para tipificar el sistema del Estado democrático o dictatorial. Se trata de mantener la “neutralidad pública” con respecto a las diversas concepciones que presumen reglamentar la vida de la sociedad a través del poder ejercitado para controlarla bajo formas y aspectos diferentes. Es la tipificación de la neutralidad que impide que el Estado imponga a los ciudadanos las razones de la visión del poder que representa y que no pueden ser aceptadas sin abandonar el principio de libertad. El intervencionismo del Estado en los asuntos morales se contrapone a la ética de la responsabilidad individual y colectiva: anula la defensa de los valores liberales de la libertad y de la igualdad, que en el pensamiento de Stuart Mill constituye una obligación ineludible, su razón de existir.
Queda sin sustanciación la visión marxista-leninista por la cual el colectivismo estatal, únicamente comprometido con la libertad negativa, se inmiscuye en la vida privada de las personas mortificando la dignidad de su ser para obligarlas a la servidumbre voluntaria por pobreza inducida e indiferencia criminal frente al sufrimiento, la imposición de un autoritarismo instrumentalizado a la conservación del poder. Al contrario, Isaiah Berlin resalta que el liberalismo moderno “se siente igualmente obligado a garantizar los recursos indispensables para lograr una igual libertad positiva”; es decir, la libertad individual que deriva de ser dueño de sí mismo y realizarse moralmente, socialmente, políticamente y económicamente. De modo que, ya que las desigualdades de recursos entre las personas interfieren en su desarrollo moral, las cuatros prioridades indicadas como configuración de la miseria continúan tanto para quien considere su deber de ejercitar el derecho del voto, como para quien opte por la abstención. En el siglo XXI, frente a un mundo que siempre más se abre a la globalización, la racionalidad tiende a prevalecer y, por consiguiente, como afirma Giovanni Sartori no se puede concebir “la ideología como un sistema basado en elementos fijos, caracterizado por una alta intensidad emotiva y por una estructura cognitiva cerrada”.
La realidad se encuentra para todos en su dimensión aplastante: en marzo, con el cambio Dicom de 35.280 bolívares por dólar, el salario mínimo se llevó a 1.307.646 bolívares; es decir a 37,0647 dólares mensuales; para el Primero de Mayo, con el cambio Dicom de un dólar por 70.560 bolívares, el salario mínimo llegó a 2.555.500 bolívares: 36,2174 dólares mensuales: saldo negativo = –0,8473 dólares, ulteriormente contraído por el aumento de la inflación y la persistente especulación. Mientras tanto, disminuye la exportación de petróleo y Venezuela pasa al sexto puesto de los suministradores de Estados Unidos, y Colombia sube al quinto lugar: lo que es un indicador circunstancial de la menor disponibilidad de divisas de Venezuela, dentro de nueve meses se estabilizará como una condición del mercado determinada por el manejo inadecuado e inconsistente en lo técnico, lo financiero y lo político de la nacionalización y estatización de Pdvsa (Noruega docet).
Estos aspectos no son objetos de análisis de los politólogos de profesión, que parecen preocupados por la estabilización del poder, como si independientemente del resultado electoral, ya conocido por todos, tuviesen al alcance soluciones viables del estatus de necesidad subsistente que no significaran para los venezolanos ulteriores sacrificios: si existiera algún interés a lo planteado se definirían con firmeza y sin titubeos seudodiplomáticos las modalidades inherentes al poder, sus aspectos jurídicos conformes con el Derecho y las normas internacionales para negociar una condición de supervivencia interna, de la cual fuesen corresponsables los actores políticos, económicos, sociales y militares de la sociedad.
De pronto, en la comunidad internacional, la Unión Europea, debido a la persistencia de las irregularidades, a priori no reconoce el resultado de las elecciones presidenciales y la OEA acepta “la inhabilitación y suspensión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela”, sentenciada por el TSJ legítimo. En contraposición, en la configuración de la política interna impera el tradicional gatopardismo para hacer muestra de un cambio que deja invariado el ejercicio del poder del social-comunismo y la sumisión de la oposición: a) Falcón, conocido por la variedad de las posiciones políticas asumidas en el tiempo y cual hipotético representante de la oposición, asume la función de legitimar el proceso electoral, y aparentemente viene sostenido por los tenedores de bonos de Wall Street para un “potencial gobierno de unidad nacional” que garantice los pagos de la deuda venezolana; b) Maduro, que controla el sistema electoral, empuja este personaje útil para una convergencia opositora que permita ajustar el diferencial de los votos en la medida que su reelección fuese creíble por la comunidad internacional y artificialmente acentúa una hipotética distancia hasta acusarlo de “vender” el país al “imperio estadounidense”, motivo por el cual el Estado, para defender su soberanía, recurriría al uso de las armas (¿las de la Fuerza Armada, de las FAN, de la FALC o de las otras guerrillas presentes en el país, de los colectivos, de los delincuentes armados hechos salir de las cárceles?) desplegadas en contra de quién… ¿del pueblo venezolano?; c) Muy lejos de una fórmula estratégica derivada por una visión evolutiva cual la “convergencia de las paralelas” postuladas por Aldo Moro en sus tramitaciones con la izquierda comunista italiana, Eduardo Fernández reconoce que Falcón no es Winston Churchill y limita su proposición política a admitir que el ex gobernador “tiene el coraje y la decisión de poner su nombre a la orden del país para enfrentar el continuismo de Maduro”; d) Por el contrario, Julio Borges acusa a Falcón de haberse “convertido en la oposición oficial”. “Lo está haciendo para su propio beneficio personal, en el caso de que Maduro convoque un gobierno de unidad nacional y lo invite a ocupar un cargo importante”.
Es un panorama devastador, el opuesto de la formulación de una política de entendimiento que la práctica de una democracia igualitarista podría suponer cual específica concepción moral para defender las libertades constitucionales, la unidad nacional, la soberanía y enrumbar el país hacia una solución viable de la grave crisis económica en la que se encuentra reducido. Se ha determinado una incertidumbre generalizada en todos los miembros de la sociedad y la responsabilidad es tanto del gobierno como de la oposición: la del primero, detrás del proyecto de la revolución bonita, para mantener el poder hasta que sea posible; la de la oposición, por no haber tenido ni una visión política ni una proposición programática para sustituirlo democráticamente cuando se han presentado las oportunidades, ni la capacidad de identificar y aunarse alrededor de un líder que tuviese las cualidades para obtener el consenso de la mayoría de los ciudadanos.
El resultado es la impersonalidad, la no separación de los individuos acomunados en un coacervo de inermes e ineptos, corrompidos por un sistema rentista que les ha quitado las capacidades de tomar decisiones para la recuperación individual y colectiva a través de la racionalidad de las acciones. Como afirmaría Rawls en la Teoría de la justicia…, no hay en principio razón por la cual las mayores ganancias de alguno no han de compensar las menores pérdidas de otros o, lo que es más importante, por la que la violación de la libertad de unos pocos no se pudiera considerar correcta por un mayor bien compartido por muchos”.
El derecho a la autorrealización moral define el Estado como instrumento al servicio de los intereses de las personas como seres libres e iguales que, por su propia naturaleza e identidad, no pueden eludir de la teoría política su propia concepción moral, a menos que consideren que sea posible un compromiso universal de igualdad moral con aquellos que para mantener el poder niegan los valores y principios constitutivos de la historia de la República. La eutanasia de la libertad no permite construir el futuro.