Opinión

Con mi pensión no te metas

Froilán Barrios

La opinión de

Los pensionados del IVSS han pasado a ser el contingente laboral más numeroso de la población venezolana. Nos referimos a 3.500.000 trabajadores que cotizaron sus aportes con base en la vigente Ley del Seguro Social de 1966 y el artículo 26 que establece un mínimo de 750 cotizaciones para acceder a ese derecho. A esta cifra hay que agregarle  800.000 pensionados de la misión Amor Mayor, asignados igualmente al IVSS por decreto presidencial de Hugo Chávez en 2011.

Es importante tener presente que el derecho a la pensión y al sistema de seguridad social se enmarca en el contexto del artículo 86 de la vigente carta magna, que consagra el derecho a la seguridad social a toda la población venezolana, aspiración hoy incumplida por el Estado al no haberse aprobado a 16 años de haberse promulgado la Ley marco de seguridad social integral, LOSSI (2002), las leyes correspondientes a los subsistemas de Salud y  del subsistema de Pensiones. En ese lapso se han aprobado solo los subsistemas de Adulto Mayor, Empleo y Capacitación, Riesgos en el Trabajo (Lopcimat) así como Habitat y Vivienda.

La ausencia de las leyes de los dos subsistemas más importantes del sistema de seguridad social en cualquier país del mundo ha sido sustituida por la demagogia gubernamental, que mediante decretos  las manipula a su conveniencia, en las campañas presidenciales y para garantizarse el apoyo de esa inmensa masa laboral. Mediante este modus operandi le ofreció pensiones al sector de la economía no dependiente o informal que registra más de 5.000.000 de trabajadores de la población activa y le ha generado expectativas con la misión Amor Mayor a la tercera edad, aun cuando el IVSS carece de la infraestructura necesaria para atender a los pensionados del Seguro Social.

En definitiva, así como el régimen mantiene al país en la ruina, el IVSS no podía escapar a esta vorágine, que ha conllevado a que la prestación de servicio a la salud es inexistente y el incumplimiento con los pensionados en el exterior es una tragedia humanitaria. Denuncian que más de 30.000 pensionados,  en su mayoría en países de América y Europa, subsisten en la penuria total al haber pasado casi 3 años sin recibir depósito alguno de su pensión respectiva, lograda con su trabajo y no como regalo de presidente alguno.

El ensañamiento del gobierno contra los pensionados y jubilados es general, al pretender imponer el carnet de la patria como condición para cobrarla. Desató la ira colectiva en todo el territorio nacional de millones de pensionados que se sintieron burlados por el cronograma fallido para el pago de la pensión de 1.800 bolívares soberanos, lo que refleja el desprecio gubernamental al sector laboral que en su mayoría fue en una ocasión su soporte político. Y ahora, cansado de la demagogia y la burla oficialista, ha roto definitivamente con el chantaje del régimen.

El otro sector vilmente maltratado son los jubilados en el sector público, de ministerios, institutos autónomos, gobernaciones, alcaldías, quienes mantenían los beneficios socioeconómicos de los trabajadores activos según la Ley de jubilados y pensionados de 2010, contenida en su disposición cuarta. El régimen de Maduro los despojó en 2014 de estas conquistas mediante reforma de la ley, a través de una Ley Habilitante bastarda, que transgrede la progresividad de los derechos laborales consagrados en la Constitución y el Convenio 98 de la OIT, teniendo como resultado que hoy el monto de la jubilación de un trabajador público apenas sea 1/3 de su último salario, teniendo como compensación deplorable llevarla al salario mínimo, aun cuando el trabajador público cotiza doblemente al Seguro Social y al Fondo de Pensiones y Jubilaciones convertido en caja negra de la Tesorería Nacional.

En todo el sector de pensionados y jubilados se ha reafirmado  la posición del carácter autónomo de la pensión y la jubilación frente al Estado, pues esta proviene del salario y la labor realizada durante los años de servicio establecidos en las leyes respectivas, confrontando la pretensión del régimen madurista de concederla como un favor presidencial, cuando en realidad ha vulnerado esos derechos, siendo este un derecho vitalicio.