En círculos académicos, diplomáticos y periodísticos de esta capital últimamente ha crecido la inquietud sobre qué más puede hacer la comunidad internacional para contribuir a la restauración del orden democrático en Venezuela.
Parece que la comunidad internacional ha llegado, finalmente, a dos conclusiones: una, que el gobierno de Maduro es una dictadura, un régimen tirano, sostenido solo por la fuerza y el control de los medios y todos los poderes del Estado, y que además ha sumergido al país en la peor debacle económica de su historia, con una profunda crisis humanitaria, alimentaria y de salud pública; y la otra, que el régimen madurista no se irá “por las buenas”, o sea, por una vía democrática de negociación y elecciones.
La única salida pacífica y democrática de una dictadura es a través de elecciones íntegras y confiables, es decir, elecciones libres, justas, transparentes, sin ventajismos y con libertad de prensa, con autoridades electorales independientes y observadas internacionalmente. Y a esto es lo que la comunidad internacional creyó por años que se llegaría por medio del diálogo y la negociación. En República Dominicana la negociación fracasó (7 de febrero de 2018) porque siempre ha sido una farsa. Por ello, Paraguay, uno de los invitados como garante del diálogo, nunca se presentó y México se retiró, al igual que Chile, el último esperanzado,
El régimen pretende dialogar y mostrarse democrático mientras ejerce un control descarado del Poder Electoral, el Poder Judicial y el Poder Legislativo vía una asamblea nacional constituyente inconstitucional, que actúa más bien como poder destituyente. Es que el régimen no puede ir a elecciones íntegras y observadas porque sabe que las pierde. Es suicidarse. La cúpula sabe que al perder se le terminan sus privilegios e impunidad, mantenidos por las armas y la ilegalidad, y van todos presos o al exilio. Pero aun si hubiesen acordado realizar elecciones íntegras, quién podía creer que el régimen las iba a respetar, si ni siquiera respeta su propia Constitución chavista.
En vista del fracaso del diálogo ¿qué medidas o presiones, colectivas o individuales, puede adoptar la comunidad internacional? Para, por ejemplo, convencer a los personeros del régimen de que abandonen pacíficamente su intención de perpetuarse en el poder, ofreciéndoles garantías de seguridad/impunidad (ver el tratado de paz en Colombia) para exiliarse o participar en elecciones íntegras. Veamos el amplio espectro disponible, de declaraciones a sanciones/acciones posibles:
El Grupo del Lima (los 14 países más importantes del continente), más Estados Unidos, hasta hace poco clamaba en la OEA por el diálogo; ahora, en Santiago de Chile (enero de 2018), el grupo desconoció la ANC por inconstitucional, condenó el adelanto de las elecciones (y sin garantías suficientes) y advirtió que no reconocerá al nuevo gobierno electo en tales comicios. El grupo podría excluir a Maduro de la cumbre que se realizará en Lima en abril. Líderes del Congreso peruano ya han pedido que se le declare persona no grata. Es probable que algunos presidentes se sientan incómodos con la presencia de Maduro y Raúl Castro y no participen. Mercosur ya expulsó a Maduro por violar su cláusula democrática en agosto de 2017.
El Grupo de Lima puede adoptar una serie de posibles sanciones no militares contra los personeros del régimen y el Estado venezolano, más allá de la condena, la exclusión o el no reconocimiento; incluyendo, por ejemplo, la ruptura de relaciones diplomáticas, militares y comerciales, la prohibición de viaje, el congelamiento de bienes y activos financieros, el embargo (bloqueo) de armamentos, así como de petróleo y sus derivados. Sanciones que podrían perjudicar a la población, pero ¿puede el pueblo venezolano sufrir todavía más agravios y daños de los que está sufriendo ahora, bajo el sofocante y tiránico régimen?
Estados Unidos, por su parte, ya ha sancionado a más de 40 funcionarios del régimen, con prohibición de viaje, congelamiento de bienes y activos financieros, y comienza a explorar otras opciones (gira de Tillerson por varios países de la región, febrero de 2018). El secretario de Estado descartó la opción militar (mencionada por Trump). La región también rechaza categóricamente esa posibilidad. En vista está un embargo petrolero, a pesar de que afectaría importantes intereses económicos en Estados Unidos. Un embargo de armas o un bloqueo militar es probable que no esté totalmente descartado, particularmente si el régimen se convierte en una amenaza seria para la seguridad y paz de la región.
Venezuela (y su petróleo) está controlada por militares, corruptos, narcotraficantes y lavadores de dinero manejados por la inteligencia militar cubana, una combinación vulnerable a la penetración de China y Rusia. Esta última nación controla 49% de Citgo, la compañía venezolana de petróleo y distribución de gasolina en Estados Unidos. El régimen madurista depende cada vez más económica, financiera y militarmente de ambos países extracontinentales. Tillerson podría expresarles su interés de que dejen de sostener la dictadura madurista. La cercanía de Trump con Putin podría ayudar.
Por otro lado, Canadá, miembro del Grupo de Lima, y la Unión Europea también han impuesto sanciones financieras y prohibiciones de viaje contra miembros del régimen, y han exigido la apertura de un canal humanitario y la realización de elecciones íntegras y observadas. Las sanciones probablemente aumenten.
La OEA, como entidad colectiva, no ha logrado condenar y suspender a la dictadura de Maduro por su violación a la Carta Democrática Interamericana. En la reunión de cancilleres de Cancún (junio de 2017), el Grupo de Lima no logró los 18 votos necesarios para adoptar una resolución crítica de la situación en Venezuela. Se opuso la “alianza chavista” compuesta por 14 países del Caribe más Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Sin embargo, su secretario general, Luis Almagro, ha continuado (en solitario) condenando las violaciones de los derechos humanos y a la democracia en Venezuela (ver sus devastadores informes) y ha pedido a la comunidad internacional aumentar las sanciones contra el régimen. También considera enviar a la Corte Penal Internacional un informe de expertos sobre violación de los derechos humanos de lesa humanidad, tras audiencias públicas convocadas por él en la OEA.
El Consejo Permanente de la OEA debería debatir y pronunciarse sobre el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela. La organización es efectiva solo cuando sus diferentes instancias actúan al unísono. ¿Se reunirán los 18 votos necesarios? Puede ser, Jamaica, Santa Lucía (firmantes de la declaración del Grupo de Lima de Santiago) e incluso el Ecuador de Lenín Moreno ya no se sienten cómodos con la dictadura de Maduro, y podrían apoyar una condena al régimen.