A todos los países de América Latina a los que viajamos siempre nos hacen la misma pregunta: ¿cómo podemos construir un «Lava Jato»?
La pregunta, obviamente, se refiere a la investigación sobre la corrupción en Petrobras, Odebrecht y otras compañías, que ha resultado en varias condenas a personas que alguna vez fueron intocables. La investigación tiene muchos admiradores que quieren ponerle fin a prácticas corruptas que se remontan décadas e incluso siglos, en las que el dinero que debería ser usado para educación, salud e infraestructura ha terminado siendo robado. Aunque investigar y castigar la corrupción puede ser doloroso y puede contribuir a desestabilizar la economía y minar el ambiente político, encuestas recientes y conversaciones que hemos sostenido con muchas personas sugieren que los latinoamericanos quieren que jueces y fiscales en sus países monten una operación «Lava Jato».
La buena noticia es que eso es posible, incluso en los ambientes más corruptos. La mala noticia, que el proceso es largo y complejo. Y algunos ciudadanos parecen tener la idea equivocada sobre cómo lograrlo.
Dos de cada tres latinoamericanos van a elegir presidente este año, así que es importante recordar que ungir a un «salvador de la patria» que promete reducir la corrupción gracias a sus acciones individuales y a sus virtudes personales nunca ha dado resultados positivos. De hecho, con frecuencia estos personajes empeoran la situación. En 1960 Janio Quadros fue elegido en Brasil gracias a que hizo campaña con una escoba con la que prometió «barrer a los ladrones». Siete meses después tuvo que renunciar en medio de la frustración de sus seguidores. Fernando Collor de Mello se presentó a las elecciones de 1989 como el «cazador de los corruptos», pero más tarde él mismo fue llevado a juicio político por corrupción.
Ningún individuo puede acabar por sí solo la corrupción sistemática. Se necesita una construcción gradual de las instituciones, así como cambios específicos y profundos en las políticas públicas.
El primero y quizás más importante paso es crear una fiscalía general y un cuerpo de fiscales verdaderamente autónomo. Esta condición, establecida en Brasil a raíz de la Constitución de 1988, les dio a los fiscales del «Lava Jato» la libertad necesaria para investigar a las personas más poderosas del país, incluyendo a presidentes en ejercicio y a ex presidentes, sin que hubiera interferencia política significativa. Una vez que los fiscales brasileños han cumplido dos años en su función, no pueden ser despedidos a menos que cometan un crimen. Tampoco pueden ser relevados de casos que están investigando, y tienen control sobre sus propios presupuestos y procesos administrativos. Este grado de autonomía es poco común en América Latina y, más que cualquiera de las acciones de un fiscal general o juez, es lo que explica el éxito sin precedentes de las recientes investigaciones.
La segunda clave es permitirles a los fiscales llegar a acuerdos con los testigos y usar sus testimonios en otros casos. El uso de las llamadas “delaciones premiadas” fue aprobado en Brasil tan solo en 2013, pero rápidamente se ha convertido en una herramienta fundamental: 120 acuerdos de negociación se habían concretado en el caso «Lava Jato» hasta septiembre de 2017. Las estructuras criminales son por definición complejas, especialmente cuando involucran a las esferas más altas del poder. Para descifrarlas y enjuiciar a los culpables se requiere de un conocimiento profundo de su modus operandi, lo que solo puede venir desde adentro.
El tercer paso es que los fiscales compartan datos bancarios y demás información más allá de las fronteras nacionales, sin interferencia de la rama ejecutiva. Esto previene que se dupliquen esfuerzos y también ayuda a evitar que la corrupción «migre» a países en los que los sistemas judiciales son más débiles.
Finalmente, para construir un «Lava Jato» se necesita una condición que no siempre abunda: paciencia. Vale la pena recordar que han pasado 26 años entre la Constitución brasileña de 1988 y la aparición de la primera investigación de Petrobras. Incluso si todos los pasos mencionados arriba fueran implementados mañana, se necesita tiempo para que las instituciones maduren y los individuos desarrollen la capacidad técnica necesaria para investigar casos complejos. El proceso de eliminar o al menos de reducir la corrupción sistemática exige sacrificio, habilidad de investigar y apoyo de la opinión pública. Pero también es más evidente cada día que los latinoamericanos no se contentarán con menos.