Los sucesos ocurridos en la frontera sur del país durante el 22 de febrero dejan muy mal parados a nuestros militares, dejando la puerta completamente abierta para la discusión sobre las tareas de nuestra Fuerza Armada, que no puede ni debe seguir siendo la de confrontarse con nuestra población en los debates políticos, sirviéndole de muleta al gobierno de turno.
No hay ninguna razón de Estado para cumplir la orden de disparar sobre nuestros ciudadanos desarmados. Cuando semejante situación aparece la respuesta no debe ser otra que negarse a cumplirla, en nombre del derecho natural y constitucional a la vida de los habitantes de esta nación, que sigue siendo la República de Venezuela.
No estamos hablando de algo nuevo, el debate sobre el respeto al derecho a la vida de nuestros ciudadanos es un tema tan viejo como la República misma, sobran los ejemplos de cómo una y otra vez ha sido irrespetado por tirios y troyanos, pero en esta nueva situación de conflicto existencial en la cual nos encontramos, replantearlo es indispensable.
En San Francisco de Yuruary, municipio de la Gran Sabana, estado Bolívar, nadie estaba esperando que la Fuerza Armada a través de uno de sus componentes, la Guardia Nacional, dejara con su visita la estela de la señora Zoraida Rodríguez muerta y además 13 heridos de bala.
Cuál es entonces la gran pregunta para Vladimir, o para Remigio, para la dirección de las armas de le República, es que acaso hay órdenes superiores a la defensa de la vida de nuestros ciudadanos, NO, no las hay, bajo ninguna circunstancia, y cuando ellas aparecen como viene sucediendo con el gobierno de Nicolás, se impone la desobediencia critica.
Basta de que las armas de las Repúblicas de Iberoamérica y muy particularmente las de Venezuela sean utilizadas para amedrentar, castigar o exterminar a nuestras poblaciones, especialmente a los que carecen de los recursos suficientes para defenderse, como han sido los indígenas, los campesinos pobres, los habitantes de los barrios, los estudiantes, los obreros, las mujeres.
Creo que nos aproximamos a un replanteamiento democratizador de nuestra nación, cuya esencia es la derrota del autoritarismo y de las políticas empobrecedoras desarrolladas desde el Estado, nuestra paz y prosperidad dependen de que definitivamente en la dirección del gobierno venezolano se comprenda que el auténtico respeto a los derechos políticos, económicos y sociales de los ciudadanos constituyen el centro de su gestión.
Debe cesar la pretensión hegemónica del poder político, económico o militar sobre nuestros compatriotas. El respeto a la organización con autonomía política de la sociedad civil debe ser una conquista del conflicto en el cual nos encontramos, de igual manera es necesario consolidar el control social sobre el poder del Estado a todos los niveles.
Y, definitivamente, nuestros ciudadanos armados deben comprender que están allí en los cuarteles para cumplir con los deberes que la sociedad les asigna, que no son otros que los de su protección y defensa, y cuando las órdenes no cumplan ese cometido sencillamente no deben ejecutarse.