“Hombres civiles al manejo de la cosa pública. Exclusión de todo elemento militar del mecanismo administrativo durante el periodo preconstitucional. Lucha contra el caudillismo militarista”. (“Plan de Barranquilla”, Rómulo Betancourt – 22 de marzo de 1931).
En toda nuestra legislación, desde la Constitución de 1830, los militares siempre estuvieron subordinados al poder civil. Los ascensos militares estaban condicionados a la aprobación del Senado, y la Fuerza Armada era esencialmente obediente y no deliberante. La Constitución de 1858, aprobada en la Convención Nacional celebrada en Valencia, presidida por Pedro Gual (uno de nuestros próceres civiles más importantes y muy cercano y leal a Simón Bolívar), ordena que el Senado debe autorizar los ascensos militares (artículo 53); y ratifica que la Fuerza Armada es “esencialmente obediente y no deliberante” y que “la autoridad militar no estará nunca unida a la civil” (artículos 143 y 144).
Pero como los militares fueron los principales protagonistas de la Guerra de Independencia, siempre se han sentido dueños de Venezuela y herederos directos de las glorias del Libertador. Ese virus del militarismo ha estado latente infectando a nuestras Fuerzas Armadas; y, por eso, los militares o han estado gobernando en forma directa o conspirando para controlar el poder.
El Ejército venezolano inicia su profesionalización en 1899 durante el periodo presidencial de Cipriano Castro, y va evolucionando apoyado por Castro y luego por Juan Vicente Gómez. En 1936, los militares deciden que el sucesor de Gómez debe ser Eleazar López Contreras, ministro de la Defensa; y en 1941, los militares deciden que a López Contreras lo sustituya el general Isaías Medina Angarita. En 1945, son los militares dirigidos por Marcos Pérez Jiménez quienes derrocan a Medina Angarita y, obligados por el contexto internacional luego del final de la II Guerra Mundial, llaman al civil Rómulo Betancourt y lo colocan de presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Pero tres años después en 1948, las circunstancias internacionales habían cambiado y Pérez Jiménez encabeza un golpe militar contra a Rómulo Gallegos, se apoderaron de nuevo del poder y permanecieron en él hasta que pudieron. En 1958, el gobierno había entrado en un proceso de implosión y los militares al comprobar su insostenibilidad tumban a Pérez Jiménez, toman el poder y nombran una Junta Militar de Gobierno presidida por Wolfang Larrazábal. Ese ciudadano, militar pero de talante democrático, abre las cárceles y las fronteras para que los líderes políticos como Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera, regresen a tomar el destino del país, y convoca a elecciones.
Hoy el gobierno de Maduro ha llevado a Venezuela a una situación insoportable, que no se puede sostener desde el punto de vista económico, ni político ni social. Ha hecho lo único que sabe hacer: destruir las instituciones, las libertades democráticas y fomentar una corrupción generalizada. Ha arruinado Pdvsa, que llegó a ser la tercera empresa petrolera más grande del mundo. Se ha robado las reservas internacionales y el oro que las respaldaba. Ha hipotecado nuestro país a chinos y rusos, que se quedarán con nuestras refinerías de Amuay y Cardón. Ha llevado la inflación a una hiperinflación de 720% en 2017 y 2.068% en 2018. Ha devaluado la moneda al llevarla a 5.000 bolívares por dólar, y se ha robado los dólares de los ingresos petroleros. Ha saqueado el Tesoro Nacional repartiéndoselo como un botín de guerra. En fin, ha destrozado el ingreso familiar, empobrecido a la familia y expropiado su futuro.
Hemos comprobado que solo con elecciones no podremos salir de esta pesadilla, porque estamos enfrentados a mafiosos y delincuentes, a pranes y narcotraficantes. Ellos buscan mantenerse en el poder a cualquier precio, sin importarles la muerte de venezolanos, ni la crisis ni la falta de medicinas y alimentos. Venezuela es controlada por el crimen organizado internacional, tres cuartos del territorio nacional ya es controlado por mafias internacionales y nuestros esfuerzos por recuperar la democracia requieren del respaldo internacional.
Hoy debemos apelar a la civilidad de los hombres de uniforme, a militares institucionales como lo fueron López Contreras, Wolfang Larrazábal y otros. Hacerles ver que la corrupción y el narcotráfico están destruyendo la institución, a familia militar y el país. Es indispensable y necesario dialogar con ellos, porque no habrá salida democrática sin su participación. Ellos, históricamente, han sido actores políticos y es el único factor organizado que sostiene al régimen de Maduro. Creo que no habrá restitución de la democracia sin participación militar.
La mayoría de los venezolanos creemos en la democracia y merecemos tener un país de ciudadanos, un país civilizado. Para eso, debemos reivindicar el poder civil, revisar el artículo 328 de la Constitución Bolivariana de 1999 y rescatar el artículo 132 de la Constitución Nacional de 1961.