Opinión

De Chile a esta parte

Elsa Cardozo

La solicitud de Michelle Bachelet de levantar la legislación sobre el secreto de testimonios recogidos sobre las torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet habla del largo recorrido chileno en el proceso de investigar, establecer responsabilidades y sancionar a los responsables de crímenes contra la humanidad. Esta noticia chilena tiene varios aspectos de interés cuando la consideramos hoy desde Venezuela.

La lentitud que impusieron las necesidades de la transición chilena es, sin duda, un primer asunto del mayor interés. Sabido es que no había posibilidad de armar y sostener una transición a la democracia sin acuerdos con los militares. La corporación militar, tradicionalmente muy sólida en Chile, lo era mucho más tras diecisiete años en el gobierno, al punto de dejar aprobado su propio régimen de amnistías. Visto en trazos gruesos, aunque las primeras investigaciones sobre detenidos, desaparecidos y ejecutados se produjeron bajo el primer gobierno democrático, el de Patricio Aylwin, solo el de Ricardo Lagos, tercero de la Concertación, instaló una comisión para recoger testimonios de víctimas de prisión y torturas; entonces se acordó, sin embargo, preservar el secreto de esos testimonios por cincuenta años. Bachelet en su primer mandato formó una comisión similar que documentó casi 10.000 casos más de presos y torturados.

Tomó, pues, mucho tiempo avanzar en los procesos de investigación y judiciales chilenos, como revela el contraste de comienzos de este siglo entre menos de un ciento de sentencias condenatorias frente al más del millar de acusados. Lo que fue contribuyendo a cambiar el balance y aligerar la carga de secretos, amnistías y prescripción de causas no fue solo la consolidación democrática lograda a pulso por la alianza de la Concertación, sino el fortalecimiento del régimen internacional de protección de los derechos humanos. A partir de 1998, con la orden de apresamiento de Augusto Pinochet emitida por un juez de la Audiencia Nacional de España en aplicación del principio de jurisdicción universal, se inició un forcejeo internacional y nacional por ocho años en los cuales el ex dictador, entre sentencias, fianzas y sobreseimientos, no logró librarse de una larga secuencia de condenas por secuestros, asesinatos, desapariciones y corrupción. En suma, aun en circunstancias de transición tan complejas de construir, como las de ese país en su momento, la justicia fue llegando.

De modo que otro aspecto de interés sobre la legislación que propone modificar el gobierno chileno es que se sustenta en principios que en la actualidad tienen plena vigencia en materia de derechos humanos. Tal y como lo afirmó el presidente de la Corte Suprema de ese país, “con la comisión de crímenes de lesa humanidad, el ofendido es la humanidad toda y existe, por lo tanto, un bien superior y un derecho de la comunidad de conocer la verdad con todos sus detalles”. A eso contribuye en el presente un régimen internacional de protección de los derechos humanos cada vez más robusto, por sí mismo y por el activismo de redes no gubernamentales, comunidades académicas, cobertura en los medios de comunicación y escrutinio público. Ahora, sin negar el papel político que en situaciones de transición desempeña la llamada justicia transicional, instituciones internacionales como las del Sistema Interamericano y, particularmente, la Corte Penal Internacional dificultan la repetición de un proceso tan entrabado como el chileno y, en general, como los de las dictaduras militares de su tiempo y vecindario. Convendría a los victimarios del presente tenerlo en cuenta para no seguir alimentando su expediente y, en cambio, colaborar en las investigaciones. Mientras tanto, a las víctimas y sus dolientes toca seguir trabajando empeñosamente en la documentación de casos.

A los venezolanos la noticia chilena nos llega junto a una lista cada vez más larga de denuncias e iniciativas internacionales contra la violación de los derechos humanos en Venezuela. Vienen con la recomendación, expresa o tácita, de que deben investigarse posibles crímenes de lesa la humanidad. Así lo ha dicho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y, con esa idea, contribuyen a documentarlo las audiencias recién iniciadas en la OEA para determinar la procedencia de presentar el expediente a la Corte Penal Internacional. Así también lo considera la mayoría calificada de miembros del Parlamento Europeo y se lee en lo dicho con toda claridad por los gobiernos del Reino Unido, España, Alemania, Francia, Estados Unidos y los doce países del Grupo de Lima. No por casualidad son esencialmente de defensa de derechos humanos las bien conocidas cuatro condiciones que la dirigencia opositora ha reiterado nuevamente en República Dominicana y  la comunidad internacional ha reconocido como necesarias para iniciar una negociación seria.

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