Así como sufrimos con la escasez de alimentos, medicinas y tantos otros productos, también la falta de gasolina se hace sentir en el territorio nacional. Nuestras refinerías acusan graves dificultades y están prácticamente paralizadas. La demanda de ese combustible está por encima de la cantidad que se produce realmente en el país. Lo que se importa resulta insuficiente. En este contexto surge entonces la decisión oficial de hacer un censo del parque automotor público y privado para racionar la gasolina. Es lo que anunció quien usurpa el poder desde Miraflores. Una medida que, de acuerdo con lo dicho por expertos en el asunto, constituye uno de los síntomas de la destrucción de nuestra industria petrolera. Evidencia, asimismo, la determinación gubernamental de aprovechar tal racionamiento para profundizar el control social y político y otorgar subsidios a propietarios de vehículos que solo tengan el carnet de la patria. Una nueva puerta que se abre para la corrupción y para proporcionarles más calamidades y humillaciones a los venezolanos. Nada dirá, por supuesto, sobre los enormes problemas que confronta el sector automotriz en crisis.
No dará a conocer, por ejemplo, los grandes cementerios de unidades de transporte público fuera de circulación. Tampoco la situación de innumerables vehículos privados aparcados por la carencia de repuestos o porque sus propietarios no cuentan con los recursos necesarios para su mantenimiento regular. No revelará la espantosa distorsión que hoy ocurre de manera increíble con el uso de determinados medios de transporte a lo largo y ancho de Venezuela. Como la utilización de los camiones de contingencia, llamados “perreras”, para el traslado de pasajeros de un lugar a otro de las ciudades. Un empleo improvisado e irresponsable de esos vehículos de carga de alto riesgo que viola el derecho a la seguridad de las personas y pisotea su dignidad, causante de accidentes que ya han dejado un número importante de víctimas en diversas entidades del país. A lo anterior hay que agregarle los servicios de las conocidas “carreritas” que se ofrecen con las tantas motos que han proliferado de manera anárquica en distintos centros urbanos, sin cumplir debidamente con los necesarios requisitos y controles para resguardar la seguridad e integridad física de sus usuarios.
Nada de esto es del interés del régimen. Solo habla de una nueva política energética para hacer más racional el consumo de gasolina. Palabras en el reino de la apariencia. Que suenan a burla, a mentira, a simple pretexto. Ríen las mafias que desde hace tiempo se benefician con el contrabando del combustible. Se sienten a salvo. No hay motivos para preocuparse. También ríen los que ahora se preparan para bachaquear el combustible a precios exorbitantes. Los que recibirán el visto bueno del oficialismo para formar parte del mismo ejército que hoy comercia de manera inescrupulosa con las necesidades de los venezolanos. Esos que con la complicidad gubernamental consiguen alimentos, medicinas y otros productos que luego revenden abiertamente, con total impunidad, para obtener cuantiosas ganancias.
Mientras, nos preocupamos de verdad los que somos propietarios de vehículos y nos resistimos a caer en los juegos perversos del poder. Asimismo, los usuarios de los medios de transporte público tienen motivos y razones para preocuparse. No es de extrañar que los costos de los pasajes se disparen con dicho racionamiento, o que empeoren los servicios que prestan dichos medios. Más nubarrones en el horizonte. Nuevas amenazas para padecer una vida más calamitosa. Sin embargo, más fuertes han de ser los deseos de seguir luchando para terminar con esta pesadilla nacional, para acabar con tantas perversidades, para salir adelante.
Ese censo automotor con el carnet de la patria a nada bueno conduce. Sin duda, huele mal.
@eleazarnarvaez