La crisis venezolana es realmente grave. No es una simple crisis coyuntural y sectorial. Es una crisis estructural e integral que afecta a todos los venezolanos y a la región. Una crisis política, por la confrontación generada por el régimen que insiste en imponer de cualquier forma un sistema político que los venezolanos en su inmensa mayoría rechazan. Una crisis institucional, que se refleja en el desconocimiento por el régimen de los poderes públicos, en particular, de la Asamblea Nacional, expresión de la voluntad popular y de las constantes violaciones de la Constitución nacional y el orden jurídico interno al imponer un adefesio como la asamblea constituyente que hoy inventa una nueva constitución para el país, basada en el fracasado modelo cubano, para sellar el proceso de destrucción que no vamos a permitir.

Ni hablar de la crisis económica, social, cultural y de valores que nos agobia. Hambre, miseria, desnutrición, inseguridad, violencia. En fin, una verdadera catástrofe cuya solución escapa de nuestras manos, razón por la cual la importancia del papel de la comunidad internacional en estos momentos e incluso después, en el período poscrisis, cuando se inicie la transición que nos conducirá a la restauración del orden, a la reconciliación nacional, a la estabilidad, al crecimiento y el progreso que compromete a todos los sectores de la vida nacional.

La comunidad internacional, es decir, los gobiernos y las organizaciones internacionales, e incluso la sociedad civil en general, exige con toda legitimidad a la dictadura de Maduro que cese las violaciones de los derechos humanos, que abra el canal humanitario, que libere los presos políticos, que permita la restauración del orden democrático, que adopte todas las medidas para proteger la vida y los derechos de los venezolanos y evitar que esta crisis que centra la preocupación de todos se termine de convertir, como lo ha evidenciado, en una calamidad regional y universal que afecte la estabilidad social, política y económica de los demás países e, incluso, la paz y la seguridad internacionales.

Los Estados y las organizaciones internacionales tienen no solamente el derecho, sino el deber de proteger a los venezolanos. Sus decisiones y declaraciones han sido claras en ese sentido. No solo los gobiernos que han adoptado en forma legítima y conforme al derecho internacional medidas unilaterales selectivas para sancionar a individuos que controlan el poder hoy, vinculados a la violación de los derechos humanos e involucrados, además, en crímenes y delitos internacionales que afectan la seguridad internacional como la corrupción, el lavado, el narcotráfico e incluso el apoyo al terrorismo.

Las organizaciones internacionales lo han hecho. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el año pasado; el Consejo de Derechos Humanos, en su última resolución sobre la catástrofe venezolana hace unos días; los mecanismos de control de los tratados de derechos humanos que han constatado la violación por Venezuela y su régimen político de las normas de derechos humanos, desde hace tiempo; la OEA, que constituyó un grupo especial para estudiar tales violaciones en el país, y muchos otros han adoptado posiciones muy claras que para nada significan una violación de nuestra soberanía y una injerencia indebida en nuestros asuntos internos como lo argumenta canallamente el régimen de Maduro, que insiste en que todo gira alrededor de una eventual intervención militar, acción que nadie desea.

Mas bien, por el contrario, esas acciones responden a la obligación que se ha venido formando en derecho internacional de proteger a las poblaciones que sufren estos atropellos y que enfrentan el hambre y la miseria integral, como la venezolana, cuando un gobierno o un régimen corrupto, como en nuestro caso, no pueda resolver la catástrofe o simplemente no tenga la intención de hacerlo, como es el caso de Venezuela, donde evidentemente se unen ambos supuestos.

La comunidad debe insistir en la solución de la crisis antes de que se grave aún más. Y los venezolanos, por nuestra parte, debemos seguir insistiendo en esa acción positiva. El Consejo de Derecho Humanos ha tomado decisiones importantes, igualmente han sido las declaraciones de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU y de la misma manera la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que debe considerar las denuncias presentadas ante ella para que se investigue y se proceda a señalar y a procesar a los responsables de los crímenes cometidos en el país estos años.

Pero eso no es suficiente, debemos insistir ante esos órganos que tales resoluciones y declaraciones deben ser efectivas. De lo contrario, se correría el riesgo de alimentar la retórica y de prolongar aún más el sufrimiento de millones de venezolanos que en el país enfrentan el hambre y la miseria, y los millones que se han visto forzados a emigrar y buscar nuevas formas de vida que afectan no solo a Venezuela, sino a los países receptores que deben también enfrentar las consecuencias de esta catástrofe.


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