La designación de un nuevo magistrado para integrar la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se hace en dos pasos. En primer lugar, el presidente postula un candidato al Senado y este tiene la facultad de aprobar o no la designación. Y, en segundo lugar, los senadores escudriñan las credenciales intelectuales y profesionales del postulado, sus inclinaciones ideológicas y hasta su vida privada para determinar si el candidato propuesto es idóneo para atender tan altas responsabilidades.
En este proceso han quedado en el camino reconocidos juristas, como sucedió con Robert Bork, propuesto por Ronald Reagan en 1987. Este gozaba de las credenciales intelectuales: era juez federal de apelación y profesor de la Universidad de Yale. Pero su candidatura fue resistida por el legendario senador Edward Kennedy, quien alegó que Bork significaría un retroceso en materia de derechos civiles, lo que fue suficiente para demoler su candidatura. La misma suerte de Bork, la corrió Harriet Miers, propuesta por George W. Bush en 2005. Se le imputaba carencia de credenciales profesionales para el cargo. Se opusieron tanto demócratas como republicanos y su candidatura no prosperó.
En estos momentos tenemos el caso del juez Brett Kavanaugh, en el cual se ha presentado una situación compleja por la denuncia de intento de violación formulada por la doctora Christine Blasey Ford, profesora universitaria de solidas credenciales intelectuales. (A esta denuncia se han agregado otras 3). Esta circunstancia y la claridad y seguridad como la acusadora describe los hechos han generado un proceso inédito en la historia judicial del gran país del Norte.
El juez acusado del asalto sexual, por su parte, negó haber cometido el hecho del que se le acusa. Se trata, entonces, de dos afirmaciones contradictorias sobre los mismos hechos, lo que sugiere que uno de los dos no dice la verdad. Al momento de escribir este artículo, el caso está en manos de la Federal Bureau of Investigation (FBI), organismo que investiga los hechos, lo que puede ser determinante en la decisión final.
La manera como se elige a un miembro del alto tribunal de Estados Unidos demuestra el vigor de la democracia norteamericana. En el caso del juez Kavanaugh, no se discuten sus credenciales intelectuales y la probidad exhibida como juez, sino su integridad como persona. La American Bar Association amplió la denuncia cuando se refirió al perfil político marcadamente parcializado del juez postulado.
Gracias a la fuerza que ha adquirido el movimiento #MeToo, la acusación de la doctora Ford es más fuerte que la presentada por Anita Hill de acoso sexual continuado contra Clarence Thomas, postulado por el presidente George Bush (padre) en 1991. En esa oportunidad, predominó el aspecto racial en vista de que Thomas es negro –o afroamericano como se dice en el lenguaje políticamente correcto de moda–. De haber existido en ese momento el movimiento #MeToo, tal vez la suerte de Clarence Thomas habría sido distinta.
El caso de Brett Kavanaugh merece la atención del mundo jurídico venezolano por varias razones. En primer lugar, el proceso demuestra que la designación de un magistrado del más alto tribunal del país es un hecho vital para la democracia y que las condiciones de los candidatos deben ser escrutadas por la sociedad. El control busca que no pueda ocupar un cargo tan relevante alguien sin valores éticos, con oscuros antecedentes o sin méritos profesionales ni intelectuales. También se evitan los acuerdos clandestinos para llevar nombres inconvenientes a la magistratura. En segundo lugar, el constitucionalismo norteamericano se ha convertido en una referencia de mucha fuerza en el mundo jurídico global. Sus sentencias en materia de discriminación racial, aborto, derecho de los homosexuales y el matrimonio entre personas del mismo sexo tienen fuerza expansiva en Europa y Latinoamérica.
El proceso de elección del juez Brett Kavanaugh nos enseña que la escogencia de un magistrado es asunto clave para definir la fortaleza de la democracia. Los venezolanos tenemos mucho qué aprender de esto.