Con la ayuda de “gobiernos amigos”, Nicolás Maduro ha desarrollado este instrumento de identidad paralelo, también llamado “carnet socialista”, dotado de QR o código de barras de matriz que contiene la información en cuanto a localización de residencia, centro donde la persona vota, ingresos, estado de salud, carga familiar y demás datos importantes para el evidente control social, político, económico y electoral de sus portadores.
Es el llamado carnet de la patria, concebido como el mecanismo de discriminación y control, mediante el cual el gobierno se sirve para “reconocer” a los “verdaderos” patriotas fieles en aras de garantizar votos cautivos a su favor. Quienes no lo poseen quedan excluidos de sus derechos y garantías constitucionales para acceder a medicamentos, atención hospitalaria, acceso a subsidios, como el caso de las bolsas CLAP, asignación de pensiones o los bonos compra-votos que se transfieren a quienes posean este instrumento de dominación e identificación.
Sumado al hecho político-electoral de la inscripción exprés del partido Somos Venezuela, supuestamente constituido por todos los portadores de esa herramienta de control social, político y económico.
Estas acciones constituyen una violación permanente de los derechos humanos de los ciudadanos.
El gobierno de Maduro ejecuta el despojo tanto de la nacionalidad como de su humanidad, y execra y condena sus opositores y a quienes no comulgan con su política de mantenerse en el poder a toda costa, grupo que, según encuestas, constituye una mayoría, ya que la gestión de Maduro tiene 75% de rechazo.
La declaratoria y distintas prórrogas del estado de excepción y el carnet de la patria se constituyen en una “guerra civil legal” contra su propia población, que le permite la eliminación de todo derecho y garantía constitucional no solo a los adversarios políticos, sino al sector mayoritario de ciudadanos que lo rechaza, debido al desastre en que ha sumido a uno de los países con mayores potenciales del hemisferio.
En general, los países se dotan de leyes y gobiernos que garantizan la seguridad jurídica a sus ciudadanos, mientras las empresas no requieren de controles feroces. Los gobiernos totalitarios y dictatoriales incrementan sus mecanismos de dominio a medida que se ponen de espaldas a sus pueblos y estos los rechazan.
El gobierno de Maduro siente que el carnet de la patria es efectivo porque muchos ciudadanos lo han tramitado y esperan que eso se traduzca en votos el día de las elecciones presidenciales.
No obstante, y a pesar de lo “efectivo” que puedan parecerle al gobierno venezolano sus métodos de control y dominación, la inflación, el no acceso a alimentos ni medicamentos, efectivo y demás necesidades básicas, mantienen al rojo vivo la crisis humanitaria compleja.
Esta situación y atrocidades en la que nos encontramos sumergidos conduce en consecuencia a la reacción por parte de la comunidad internacional, a partir del derecho internacional humanitario, de activar la obligación de proteger a nuestra población que sufre hambruna, hiperinflación y escasez crónica de cualquier bien o servicio para su supervivencia.
Estamos frente a una política de exclusión, discriminación y segregación, un apartehid. Nos parecemos a los peores momentos de la Suráfrica que Mandela liberó.