Opinión

Carlos Tablante, demandado

Rafael Rodríguez Mudarra

La opinión de

Leerse los libros El Estado delincuente y El gran saqueo, editados por Carlos Tablante y Marcos Tarre, el primero gobernador reelecto del estado Aragua, diputado y senador al Congreso Nacional durante cuatro periodos, constituyente y corredactor de la Constitución, ex ministro de Estado, ex presidente de la Comisión  Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas, fundador del portal Cuentas Claras, especializado en la prevención de legitimación de capitales. El segundo de los nombrados, Marcos Tarre, analista del problema de la criminalidad, experto en diseño e instrumentación de políticas públicas, con programas elaborados para conocer y enfrentar estos fenómenos. Director fundador de cuerpos policiales, presidente de la Asociación Civil Venezuela Segura, “es dar por entendido que los best seller publicados son aportes para una enseñanza más que expedita, en el entendido como se dice a “modo de introducción” de que: el gran saqueo es un análisis documentado y detallado sobre cómo las redes de la corrupción se adueñaron de Venezuela con absoluta impunidad”.

Los libros: bitácoras para la información encontrada sobre la destrucción de la capacidad productiva del país; sobre la sumisión de Venezuela a su actual miseria, con información más que soportada de actos de corrupción urdidos en Pdvsa. De saqueos insaculados en la Tesorería Nacional; en los sistemas para el control cambiario (Cadivi y Cencoex, Sicad), sumadas negociaciones con la red de corrupción eléctrica. De negocios fraudulentos con los alimentos adquiridos por el gobierno. De anuencia permisiva de un gran número del sector castrense en servicio activo, con ejercicio funcionarial en empresas básicas del Estado; de conformidad con lo sostenido por sus autores, “evidencian el crecimiento de la pobreza en los programas de importación, distribución y ventas de alimentos protegido por la impunidad que se deriva de la complicidad, con probanza, entre otras, en el llamado escándalo ‘Pudreval”, donde la permeada corrupción de directivos de Pdval facilitó la pérdida de 116.808 toneladas de alimentos, sin que se hubiese abierto investigación alguna, sobre tan inaudito acto de peculado.

Los libros con mérito de consulta permanente, sin excluir el análisis y diagnóstico que en ellos se esboza, denotan que sus editores insertan una propuesta de ley para la recuperación inmediata de los bienes producto de la corrupción y el robo que se ha hecho costumbre en el país. Son textos contrarios al peculado, al lavado de capital, al nepotismo con poder de mando y la intromisión de los militares activos en las controversias políticas al servicio del gobierno. De obligada lectura como base fundamental de consulta para todos los que, conscientes de la necesidad de un cambio, compartan que el cese del autoritarismo gobernante será de fácil logro si ponemos interés unitario en el fin propuesto, cual no es otro que la restauración del Estado de Derecho, de la civilidad; y el castigo a todo acto de corrupción llevado a cabo por los que han detentado cargos públicos.

Sin preámbulos, agradezco a los que se dignaron obsequiarme El gran saqueo, entendido como sano propósito para la claridad sobre la investigación del derroche de los dineros públicos emprendida en 2013 con el que fuere titulado Estado delincuente. Leído con interés, sin retaliación al gobierno cuyo proceder autoritario adverso, me es de fuerza apreciar que se trata de una escritura de buena prosa, sencilla, sin rebusques semánticos y entendible; sin dificultad alguna para visualizar los hechos descritos; cuya lectura ha hecho de mi conocimiento la existencia de un pequeño país enclavado en los Pirineos, entre Francia y España, asiento del Principado de Andorra, con existencia de bancos para los ricos, con clientes de diversas nacionalidades, donde la entrada a sus arcas no cuesta menos de medio millón de euros. No emite moneda. No tiene banco central; pero aceptan cualquier tipo de moneda, con experiencia de excelencia en el “lavado de dinero”.

Me he dado también por enterado, lo cual ilustra mi ignorancia, de que en la banca privada de Andorra (BPA), a través de investigaciones financieras, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala con nombres y apellidos a un grupo de “clientes venezolanos por medio de cuyas cuentas se desviaron fondos de Pdvsa por más de 2.000 millones de dólares a través de empresas ficticias y productos financieros complejos”, lo cual hace suponer que Rafael Ramírez, dueño y señor del manejo petrolero, no desconociera las operaciones fraudulentas cometidas por familiares y amigos que hubo de designar en la hoy cuasi quebrada empresa petrolera más importante de Venezuela.

Sin duda alguna, se evidencia de la lectura de los textos identificados que se ha hecho del conocimiento público un valioso “reporte fiel” de la delictiva conducta de conspicuos burócratas criollos, contentivos de documentada y notoria información, que fuerza suponer el encontrarnos con la divulgación de una noticia criminis, que reseña delitos de acción pública, por lo que nos viene la idea de que la Fiscalía General de la República, actuando en representación del Estado, una vez conocidos los actos de corruptelas, sin duda, cometidos por destacados funcionarios identificados en los libros en comento, ya que por ser notorio las irregularidades reportadas por Carlos Tablante, editor del portal Cuentas Claras, referidas en los libros best seller en comento, ha debido el Ministerio Público abrir una etapa de investigación que le haya permitido establecer responsabilidad penal, lo cual no hizo. Por el contrario, haciendo caso omiso de los fraudulentos y notorios delitos cometidos y denunciados, ha tolerado, por falta de independencia, autonomía y sujeción al Ejecutivo nacional, que funcionarios denunciados y sancionados por organismos internacionales hayan intentado acciones judiciales contra editores de la prensa independiente, entre los que se cuentan a Miguel Henrique Otero, editor de El Nacional; Alberto Federico Ravell, editor de La Patilla, y Carlos Tablante, editor del portal Cuentas Claras, valiéndose de las influencias que les da el poder.

Carlos Tablante se encuentra hoy fuera del país, tuvo que hacerlo, como lo han hecho Miguel Henrique Otero y Alberto Federico Ravell.

Carlos Tablante por haber publicado un “reporte fiel”, en el portal Cuentas Claras Digital, del cual es fundador y presidente, sobre el comportamiento no ético, con sospecha de fraude, en una compra cárnica, en el cual se alude a un militar, con grado de general, con más de veinte años al servicio del gobierno de la llamada revolución bolivariana, rotado en diversos cargos, que requieren conocimientos para su desempeño, ha sido objeto de una acción temeraria, por parte del susodicho militar en función de gobierno, demanda que fuere incoada también contra los diputados Carlos Berrizbeitia e Ismael García.

A Tablante se le ha allanado el hogar materno. También ha sido objeto de una acusación penal. Cuentas Claras con base en la doctrina de reporte fiel se limitó básicamente a reproducir una información pública y notoria que exime de responsabilidad a su editor. Sería de buena leche que el funcionario militar en entredicho, en resguardo de su honor y para credibilidad de su conducta, debe exigirle al Ministerio Público se sirva abrir una averiguación sobre su persona para hacer prueba de inocencia, dada la omisión que este organismo ha mantenido sobre el particular aludido; eso sí, renunciando a los cargos que detenta. ¿Será capaz de hacerlo? Si así lo hiciere que Dios y la patria lo premie; si no, que se lo demande.