Kimberley Casey es profesora asistente en la Northwest Missouri State University. Se graduó en Historia (1987) y posee dos maestrías, Religión (1990) y Ciencia Política (2007) y un Ph.D, también en Ciencia Política (2009).

Con base en el principio de interconvertibilidad del sociólogo francés Pierre Félix Bourdieu (1930–2002), Casey propone la siguiente definición de «capital político»: Es la combinación de otros tipos de capital para la acción política intencional o, también, el retorno de una inversión de capital político que se devuelve al sistema de producción de ese capital político (Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu’s Interconvertibility Theory, trabajo presentado en la Universidad del Estado de Illinois en la conferencia para estudiantes de Ciencia Política, 4 de abril de 2008).

Para Bourdieu existían cuatro tipos primarios de capital: el capital económico (dinero y propiedad), el capital cultural (bienes y servicios culturales, incluidas las credenciales educativas), el capital social (conocidos y redes) y el capital simbólico (legitimación).

La formación de capital político es similar a la de cualquier otro proceso de formación de capital. Suponiendo que el actor político persigue activamente un resultado, una vez que los diversos recursos de capital de una variedad de mercados son agregados por el actor, se convierten en recursos políticos, esto es, dejan de mantener su forma de capital individual a cambio de un propósito basado en los fines perseguidos y, por supuesto, asociado con el mercado.

Si el productor gana en el intercambio más que el costo del producto, tiene un beneficio, o un retorno de capital. Si gana menos en cambio que el costo del producto, tiene un déficit de capital. Un déficit de capital es particularmente evidente en el mercado electoral: un candidato (y un partido) que pierde las elecciones pierde mucho, si no todo, de su capital político. A veces, este capital puede recuperarse y, a veces, es irrecuperable.

También y según Edward J. López, Ph.D en Economía y profesor en la Western Carolina University, en Carolina del Norte, existe un capital reputacional y un capital representativo (The Legislator as Political Entrepreneur: Investment in Political Capital, Review of Austrian Economics 15:2-3, Summer 2002, pp.211-228).

El primero, el capital reputacional, se refiere a la credibilidad y confiabilidad de un político. Esta forma de capital se acumula manteniendo posiciones políticas consistentes y puntos de vista ideológicos. El capital representativo por su parte, se refiere a la influencia de un político en el establecimiento de políticas. Esta forma de capital se acumula a través de la experiencia, la antigüedad y el servicio en posiciones de liderazgo. Ambos tipos de capital son el resultado acumulativo de las relaciones entre la opinión (impresiones públicas), la política (recompensas y/o sanciones legislativas) y el juicio político (toma de decisiones prudente).

En la consulta del 16 de julio de 2017, la oposición obtuvo 7.676.894 millones de votos. En las elecciones regionales del pasado 15 de octubre obtuvo 4.983.626 millones de votos. Entre ambas cifras hay una diferencia de 2.693.268 millones de votos. Si en lugar de la consulta del 16 de julio de 2017 se toma como referencia las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 donde la coalición opositora obtuvo 7.726.066, entonces la diferencia monta a 2.742.440 millones de votos.

Lo cierto del caso es que hubo acciones y decisiones de la MUD que reflejaron la ausencia de una posición política coherente y que estropearon su relación con la opinión pública y con su electorado en virtud del secretismo y la manipulación –desprecio por el mensaje– de sus voceros, manipulación a la que se sumó incluso la Iglesia. Tales acciones, dadas las condiciones de la elección, no podían tener rentabilidad alguna. Para colmo de males, la oposición exhibió, como la causa de la derrota electoral, el fraude, una singular y gastada operación de evitamiento de la culpa, operación que ha silenciado al conocer que en diciembre (y quizá en febrero de 2018) habrá nuevamente elecciones.

Por donde se mire, desde la perspectiva de Kimberley Casey, desde la perspectiva de Edward López o desde la perspectiva de la reactiva abstención-castigo, tales diferencias, 2.693.268 o 2.742.440 millones de votos, constituyen, ciertamente, una medida de la destrucción del capital político de la oposición.

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