La esencia de la democracia es la libertad en todos sus órdenes, y la alternabilidad en el control de sus gobiernos mediante la institución del voto. Ricardo Lagos, uno de los escasos y excepcionales estadistas de centro izquierda, de esa excepcional izquierda democrática que ya no abunda en América Latina, lo definió con una muy gráfica expresión que lo sintetiza de manera elocuente: la democracia consiste en sabe hacer las maletas. Basta ver la ausencia de maletas, que no sean las preparadas para saquear los bancos centrales, en algunas “democracias” de nuestra región, para concluir que en donde no hay maletas para desalojar los despachos presidenciales, no hay democracia. Hay dictaduras. Así se hallen travestidas de democracias.
Poco importa si sus dictadores –Chávez, Ortega, Maduro– o los aprendices de tales –Correa, Evo Morales, Cristina Kirchner, Lula o Dilma Rousseff– juren ser demócratas y hayan montado un parapeto fraudulento para hacer creer que están haciendo las maletas. Fue el caso de Venezuela desde el asalto al poder por el chavismo, que una vez que controlara las instituciones las manipulara a su antojo y celebrara elecciones cuantas veces le fuera necesario, porque ya las había pervertido en su esencia; es el caso de Nicaragua, donde por permanecer anclado en su despacho presidencial Daniel Ortega ya ha ordenado el asesinato de cientos de jóvenes manifestantes, algún sacerdote entre ellos; es el caso de Evo Morales, en Bolivia. Y es, desde luego, el caso de Cuba desde hace sesenta años.
Ya en su ensayo “El sistema de legalidad del Estado legislativo”, el constitucionalista alemán Carl Schmitt demostró la superioridad y ventaja de quien posee el poder para impedir una auténtica igualdad de oportunidades electorales, así haya llegado a él por vías legítimas y auxiliado por ese principio de igualdad de oportunidades, sagrado bajo el imperio de la democracia: “La pretensión de legalidad convierte en ‘ilegalidad’ toda resistencia y toda revuelta contra la injusticia y la antijuridicidad. Si la mayoría puede fijar a su arbitrio la legalidad y la ilegalidad, también puede declarar ilegales a sus adversarios políticos internos, es decir, puede declararlos hors-la-loi (fuera de la ley, forajidos, ASG) excluyéndolos así de la homogeneidad democrática del pueblo. Quien domine 51% podría ilegalizar, de modo legal, al 49% restante. Podría cerrar tras sí, de modo legal, la puerta de la legalidad por la que ha entrado y tratar como a un delincuente común al partido contrario, que tal vez golpeaba con sus botas la puerta que se le tenía cerrada… En consecuencia, por encima de toda normatividad, la mera posesión del poder estatal produce una plusvalía política adicional, que viene a añadirse al poder puramente legal y normativista, una prima superlegal a la posesión legal del poder legal y al logro de la mayoría”. [1] Han pasado más de setenta años desde que esa verdad matemática fuera expresada. Aún no la comprendan quienes, siendo naturalmente de izquierdas, siguen apostando sus vidas y las de sus semejantes a procesos electorales realizados bajo los tiranos de izquierdas que detentan la propiedad plena de los mecanismos electorales. Es la consanguinidad del mal de las izquierdas.
La orientación política de todos esos histriones del autocratismo no es, por azar, de izquierdas. Izquierda, autocracia y populismo se han convertido en sinónimos. Un concepto democrático diluido en el corrosivo ácido marxista leninista de toda proveniencia, que de definir en sus orígenes a los sectores progresistas, democráticos y renovadores de la sociedad posilustrada pasaron a cubrir esa amplísima gama de sectores herederos de la Revolución rusa y derivados. En muchísimos casos, desde los sótanos de la conspiración y el asalto. Eso fue, ha sido y será la izquierda en todo lugar y en todo momento: la permanente amenaza a la estabilidad del régimen imperante, el asalto revolucionario y la conquista del Estado.
El concepto se ha pervertido a tal extremo que nadie se equivoca si admite que las fuerzas más derechistas de la sociedad latinoamericana son de izquierdas, y las más izquierdistas, de derechas. Si la democracia, la división de poderes y la alternabilidad son banderas de las izquierdas, lo cierto, objetivo y real es que desde la victoria de las guerrillas de Fidel Castro se han convertido en banderas de las derechas. Las principales fuerzas democráticas de nuestra región son de derechas. Las de izquierda apuestan por una suerte de neofascismo que, en el caso del chavismo, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, ha llegado al extremo del Estado mafioso.
Así, ha venido a resultar de izquierdas desmantelar el aparato de Estado y entregar el control de la sociedad a bandas mafiosas. Solo las guerrillas colombianas y el Estado bolivariano de Venezuela, sostenidos ambos por el régimen comunista cubano, se han convertido en los principales proveedores de droga en el mundo y la plataforma de ingreso y difusión del Estado islámico en América Latina. Lo cual es de público y suficiente conocimiento, lo que no obsta para que todas las izquierdas de la región se solidaricen con el régimen narcoterrorista venezolano.
Tampoco en lo que hace al papel de las Fuerzas Armadas y del Parlamento, no se diga de la justicia y la controlaría estatal, que en el pasado siempre estuvieran en manos de fuerzas derechistas. Han pasado a estarlo en manos de las izquierdas en Argentina, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Uruguay, en Bolivia y, naturalmente, en Venezuela. No puede culparse hoy por hoy de asesinar a opositores a ningún gobernante de derechas de la región. Ni de tener en sus ergástulas a centenas de presos políticos. En Venezuela son cientos los opositores asesinados y otros tantos los presos políticos. En Nicaragua ya se cuenta con más de un centenar de jóvenes manifestantes asesinados por el gobernante de izquierdas, Daniel Ortega. Bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y a un día de dar a conocer sus investigaciones sobre el papel jugado por su gobierno en la protección al terrorismo iraní culpable por el atentado a un organismo de judíos argentinos que se saldara con decenas y decenas de muertes, el fiscal Alberto Nisman, que llevaba el caso, fue asesinado por agentes del gobierno o bajo sus órdenes. Ni Cristina Kirchner ni su esposo, predecesor en el cargo de presidente de Argentina, Néstor Kirchner, eran de derechas. Representaban al peronismo de izquierdas.
Los brutales casos de corrupción, que en el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro sobrepasan ya varias decenas de miles de millones de dólares e involucran a los principales líderes de su movimiento, eran comparativamente insignificantes en gobiernos anteriores, tanto de Venezuela como de la región. Las cifras incautadas por las autoridades del Departamento del Tesoro sobrepasan largamente los 1.000 millones de dólares. La hija menor del fallecido mandatario Hugo Chávez, que ha sido protegida de la persecución policial internacional mediante el nombramiento de funcionaria de primer nivel de la Embajada de Venezuela ante la ONU, cuenta con un patrimonio en dinero contante y sonante de más de 2.000 millones de dólares. Herencia de un padre que al subir a la presidencia ganaba el salario de un oficial de rango medio del Ejército venezolano. Son decenas los casos de funcionarios sancionados y sus suculentas fortunas confiscadas. No solo en Estados Unidos. También en España y otros países europeos, en donde existen organismos de policía y justicia confiables. Todos, sin excepción eran y continúan siendo de izquierdas.
¿No lo sabían los 8 millones de votantes que a la hora del voto sufragaron por Gustavo Petro, quien se declara solidario con este gobierno y ya comienza a sentar las bases del Estado mafioso que se encargaría de implantar de hacerse con el poder de Colombia? ¿No lo saben los millones de votantes que elegirán a López Obrador, también solidario con el chavismo y sus siniestras ejecutorias? ¿Tampoco lo sabían los millones de chilenos que votaron por sus izquierdas para llevar a la presidencia a Michelle Bachelet y luego lo intentaran con Alejandro Guillier? ¿No lo saben los millones de brasileños que volverían a elegir a Lula da Silva si estuviera jurídicamente capacitado para optar al cargo?
Los triunfos de Mauricio Macri, de Sebastián Piñera y de Iván Duque son extraordinariamente alentadores. La Secretaría General de la OEA en manos de Luis Almagro y la conformación del Grupo de Lima, lo son igualmente. Pero nos llamaríamos a engaño si creemos que esas izquierdas, ya ganadas para implantar Estados mafiosos poscastristas en todos los países en que llegue al poder, ha asumido la defensa del Estado de Derecho con todo cuanto ella implica. Continúan genética, históricamente encadenadas a la misión de destruir las democracias e implantar gobiernos dictatoriales desesperados por implantar el socialismo. Son el cáncer político de nuestra región. Un enemigo siempre activo y al acecho.
[1] Carl Schmitt, “El sistema de legalidad del Estado legislativo”, en Carl Schmitt, Teólogo de la política, págs. 281, 282. México, 2001.