La victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias del 6-D de 2015 colocó a Nicolás Maduro en una encrucijada mortal. Desconocer el resultado de las urnas o aceptar la existencia de un Poder Legislativo bajo control absoluto de la oposición, incidencia nada cómoda pero absolutamente normal en cualquier proceso político democrático. El régimen prefirió reconocer formalmente la victoria opositora, pero negar en la práctica todos los efectos reales de la derrota.
Desde ese momento puso en marcha un claro dispositivo golpista. El acoso implacable del TSJ a la Asamblea Nacional, la suspensión tanto del referéndum revocatorio del mandato presidencial de Maduro como de las elecciones regionales y municipales, el infame engendro que significó el adulterado diálogo organizado por el español Rodríguez Zapatero con sus secuaces latinoamericanos, finalmente las sentencias 155 y 156 dictadas por la Sala Constitucional a finales de marzo. Una serie de desafueros que acorralaron a la oposición y obligaron a sus dirigentes a dejar de lado los eufemismos, calificar al régimen de dictadura y convocar al pueblo a tomar las calles y no abandonarlas hasta lograr el objetivo constitucional de restituir su vigencia perdida al Estado de Derecho.
Hasta ese día desapareció la disyuntiva planteada por la estrategia de Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma en abril de 2014, ásperamente rechazada por PJ, AD y UNT, partidarios del entendimiento con el régimen con la esperanza de hacer realidad la imposible ilusión de construir una ruta electoral capaz de restaurar en la Venezuela chavista una relativa normalidad democrática. La torpeza del oficialismo para desconocer la voluntad de los venezolanos, y dejar sin efecto práctico el peligro que la nueva AN representaba para el proyecto hegemónico de Maduro y compañía, condujo a estas dos tendencias de la oposición a dejar de lado sus diferencias, al menos por ahora.
Estas estaciones de la obsesión totalitaria del régimen terminaron de imprimirle a la confrontación gobierno-oposición un carácter agónico. Todo o nada sostenían ahora hasta los dirigentes más apaciguadores de la oposición y la calle pasó a ser, a partir del 2 de abril, inmediatamente después de que la fiscal Luisa Ortega Díaz denunciara que el TSJ había roto el hilo constitucional con sus sentencias 155 y 156, el escenario que ocuparon todos los sectores de la oposición, incluidos quienes siempre se habían opuesto a emprender lo que el régimen calificaba de atajos golpistas.
Tras dos meses de masivas movilizaciones ciudadanas ya nadie tiene la menor duda. El camino es la calle, de manera muy especial porque nada ha logrado doblegar la voluntad de los ciudadanos. El régimen, ante la urgente necesidad de superar esta situación de progresiva ingobernabilidad, anunció la convocatoria ilegal de una asamblea nacional constituyente y la celebración de elecciones regionales y municipales, a ver si algunos dirigentes opositores, oportunistas o desconcertados, caían en la eterna trampa de los caramelos envenenados. Por fortuna no parece que esa traición vaya a hacerse realidad, pero gracias a (o por culpa de) estas propuestas se perciben, tanto en el campo de la oposición como en el de la comunidad internacional, inquietantes signos de duda. Desde entonces se escuchan algunas voces hablar de ruta electoral, como si en las actuales circunstancias esa fuera una opción factible, sin especificar qué clase de elecciones o bajo qué condiciones estarían dispuestos a participar en esos eventos electorales. ¿Con Maduro en Miraflores, con los actuales CNE y TSJ, con las tanquetas de la GNB en las calles?
Todos sabemos que las casas no comienzan a construirse por el techo, sino por los cimientos. En nuestro caso, no por la celebración de elecciones generales. Resulta más que sospechoso, pues, insinuar en este punto crucial el abandono de las calles con la falsa excusa de una supuesta pero inconcebible ruta electoral. Sin duda, el destino de esta etapa de lucha son las elecciones, pero para llegar a ellas solo hay un camino. La calle.