Opinión

¡Calle, calle y más calle!

Marisol García así lo manifiesta en un seminario en la firma de abogados Badell & Grau, en lo concerniente a la constitucionalidad y eficacia del régimen de gobierno en la Venezuela de hoy, coordinado por el autor del artículo, por haber sido profesor de los organizadores. Ese fue el eslogan de Antonio Ledezma cuando, conjuntamente, con María Corina Machado y Leopoldo López, propiciaron la rebelión popular de febrero/marzo de 2014. Lo adiciona Gustavo Velásquez, cuyo lamentable desafecto por AD lo llevó a Voluntad Popular, el partido de López. Los tres han sido castigados severamente con prisión, inhabilitación parlamentaria y exilio, sanciones impuestas con fundamento en preceptos normativos interpretados por jueces del terror, a merced de un gobierno decidido a que no se le deponga del ejercicio del poder. Una de las desviaciones más intolerables, consecuencia, en el fondo, del reclamo a la política, a los políticos y a la propia democracia, fenómeno con matices de ser universal. Con estas palabras María Amparo Grau se refiere a tan importante tema.

Diana Trías, bella como siempre, pero angustiada por no poder fumar, deja atónita a la audiencia, manifestando que la ponderada supraconstitucionalidad que postula la superioridad de la ley de leyes, no solamente con respecto a los preceptos normativos emanados del Poder Legislativo, sino también a los del gobierno y del propio Poder Judicial, prosigue siendo aclamada por los constitucionalistas, entre ellos, el profesor argentino Guillermo Lousteu, quien citando el importante caso Marbury vs. Madison, decidido por la Corte Suprema de Justicia, arrogándose esta última el poder de controlar la sujeción a la carta magna de los actos de los Poderes Públicos, sin exclusión. Se trata del denominado sistema de los “checks and balances”, una determinante metodología presente en los constituyentes de Filadelfia, advertidos, como afirma Lousteau, que “la historia revela el cuestionamiento de la regla de la mayoría”, razón para que la última, en lo que respecta a sus posibles desviaciones, esté sujeta a la función contralora de los jueces. Francisco Utrera comenta que el control de constitucionalidad, para Ronald Dworkin, como también lo puntualiza el académico de Argentina, no es otra cosa que una lectura moral de la Constitución. Por lo que es de la esencia de la interpretación de los jueces, encontrar la mejor lectura y la concepción más sincera de los principios morales constitucionales. Es, por tanto, comprensible, agrega Utrera, que don Guillermo titule su libro Democracia y control de constitucionalidad, Los fundamentos filosóficos de la judicial review (Interamerican Institute for Democracy, Fondo Editorial, Miami, 2009).

El aserto de que no hay democracia real en aquellos países donde se ponga de lado el control de la constitucionalidad conduce a la Venezuela de las últimas décadas. Es una acotación de Román José Duque, sentado en la silla contigua de Franklin Hoet, invitados especiales, en representación del Bloque Constitucional, por Badell & Grau. Pero, adicionalmente, lo cual es también grave la circunstancia de que los gobiernos acudan a los preceptos del Texto Fundamental para sustentar providencias, cuando más que permitirlas, el constituyente las prohíba, dice Salvador Yannuzzi, decano de la UCAB, pero aún más allá, pues el TSJ, que conforme a la carta magna pomposa de la mal denominada revolución bolivariana, avala tales decisiones, siendo en algunos casos autora de las mismas, generando una fachada de constitucionalidad democrática, situación que justifica la rebelión de Machado, López y Ledezma a la que Velásquez y García han hecho mención. Esa es mi consideración sobre el tema, se le escucha al hoy flaco Elías Antoni, quien advierte estar más cerca de la banca que del derecho.

Ha de tenerse presente, expresa Raúl Arrieta, quien asiste por su esposa Cecilia Sosa, que bastante se ha escrito en lo concerniente a la aparente falta de vocación de los países de América Latina para la observancia de la ley y los regímenes democráticos. Demarca María Amparo Grau que estamos compelidos a ponernos de acuerdo en que “la democracia, además de ser un sistema de gobierno basado en la libertad, la justicia y la equidad, es asimismo “una forma de cultura”, entendida como “un sistema de creencias, valores, actitudes, prácticas y hábitos de convivencia a través de los cuales se manifiesta una sociedad”. Es determinante, pues, la vocación a la cultura democrática, no solo para instituir el sistema político, sino mucho más para sostenerlo (Sosnowski / Patino, Una cultura para la democracia en América Latina, FCE, 1999).

Las décadas de sufrimiento, si tomamos en cuenta el masivo rechazo popular que ayer convocaron Machado, López y Ledezma, y hoy Juan Guaidó no dejan de ser buenos índices, por lo menos, para no equivocarnos de nuevo. Es la repuesta de Manuel Polanco advirtiendo, no obstante, que a pesar de haber sido buen estudiante del Derecho Público, tiene mucho tiempo dedicado al tema de marcas y patentes.

Para Marisol García no deja de influir la disociación con respecto a la democracia como constante (enfoque estructural) y la confianza en aquella en lo tocante a la materialización de los ideales que postula (enfoque procedimental). Es una falacia afirmar que la división ha sido superada por parte de los países latinoamericanos. Se originan, por tanto, diferencias con el resto del mundo, concretamente, con naciones que han hecho de las banderas democráticas liberales, una realidad. No han resuelto todos sus problemas, pero sí muchos, adiciona Utrera, quien como abogado en ejercicio pide excusas para retirarse expresando que “debe ir a tribunales”. Tulio Álvarez, esgrimiendo ser director de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV, lee que la operatividad de la democracia es juzgada en nuestros países, incluyendo a Venezuela, conforme a los resultados. Hasta el extremo, dice Hoet, de que suele invocarse mano dura y providencias autoritarias, en sustitución de las liberales, ante determinados problemas políticos, económicos o sociales. La estabilidad democrática para Lipset. (Algunos requisitos sociales de la democracia: desarrollo económico y legitimidad política / Deseymour Martin Lipset), a quien leo con asiduidad, está supeditada a la voluntad de los seres humanos, decisiones políticas y el desarrollo económico, por lo que no deberíamos olvidar que la riqueza, la urbanización y educación son factores determinantes. Solemos con frecuencia, además, alejarnos de las lecciones de Dios.

De los tres políticos mencionados, provenientes de Primero Justicia y de AD, al más joven de ellos, Leopoldo López, le ha tocado: 1. Las mazmorras de Ramo verde, 2. Juicio violatorio de la totalidad de los artículos de las leyes penales y 3. Preso domiciliado con tobillera electrónica, mecanismo para que la policía política del régimen controle cada uno de sus pasos. A la valiente, corajuda y siempre presente luchadora María Corina Machado no han podido doblegarla y Antonio Ledezma, quien ingresó desde muchacho con alpargatas a AD, en el exilio español, después de estar preso y como buen adeco fugársele al régimen.

Así lo afirma con coraje Gustavo Velásquez, quien a minutos antes de darse por concluido el seminario, se pone de pie para manifestar que Juan Guaidó, Voluntad Popular, María Corina, Ledezma y Leopoldo López son la misma cosa. Por ellos pasa lo que está sucediendo y acontecerá. No nos extrañemos, pues, en eso trabajo, que VP, Vente Venezuela y Alianza al Bravo Pueblo se constituyan en la fuerza política determinante en el país. Y que bajo pautas rigurosas del voto seleccionen al candidato presidencial, después de la usurpación, como lo pauta el estatuto para la transición de la AN.

¡Calle, calle y más calle!, grita con más fuerza Velásquez, agarrado de la mano con Judith Parada y Carmen Juana García, incorporadas con retraso al evento. La última, aunque afónica, adiciona que Juan Guaidó lo pide a gritos.

A la salida de la sala de conferencias de Badell &Grau, los socios y hermanos Rafael y Álvaro despiden a los asistentes, y les manifiestan que por invitación de Henrique Iribarren, Luciano Lupini y Jimmy Mathison, tenían pensado almorzar en el cercano restaurante Da Guido, en la avenida Francisco Solano, pero que les avisaron que esta cerrado por falta de electricidad.

El lector observará que Guerra no intervino. Yannuzzi dice al grupo: “¡Hemos debido demandárselo!”. “No te preocupes”, acota Marisol García, que no habló, pero lo escribirá.

García agrega, finalmente, con el humor que siempre la ha tipificado, que por ser democráticos deberíamos escuchar al gobierno, sugiriendo que el próximo seminario lo dirija Maikel Moreno, conjuntamente, con el constitucionalista Hermann Escarrá Malavé. “A esa gente le queda poco, pero además serán juzgados en un tribunal como el Núremberg”, contesta, Luis David Benavidez, estudiante sobresaliente de leyes en la UCAB, el único invitado que se le permitió al autor.

La carcajada es colectiva. Pero, además, sincera.