El toque de queda y la suspensión de las garantías constitucionales no han sido anunciados ni fueron incluidos en las medidas especiales, estado de emergencia y demás fárragos ejecutivos que frecuentemente la camarilla anuncia a medianoche y echando un pie de salsa brava. Tampoco es la aplicación del texto constitucional que ilusamente suponemos impreso en los libritos de miniatura que en su versión azul –la roja desapareció con el finado– muestran a la masa municipal y espesa el presidente y el vicepresidente del PSUV para reforzar sus mentiras. Sin embargo, los ciudadanos deben recogerse temprano, guardar silencio y abstenerse de reunirse con más de tres personas en sitios públicos, por ahora; si lo hicieran podrían ser detenidos y acusados por la Guardia Nacional Bolivariana, también conocida con el remoquete de Guardia del Pueblo, de “malandros, borrachos y drogadictos, además de armar escándalo”.
Fue lo que les ocurrió la semana pasada a 24 ingenieros agrónomos de la UCV que el día de su graduación decidieron tomarse una foto con la estatua del toro que está frente al zoológico de Las Delicias de Maracay, ese del cual han desaparecido las dantas y han muerto de hambre y otras penurias valiosas especies de la fauna. El periodista y poeta Alberto Hernández reportó a través de las redes sociales que el general de la IV División de Infantería que se hizo cargo del “procedimiento” declaró que no le importaba que los detenidos fuesen futuros productores de alimentos, que su comida se la traían de Brasil –¿se habrá enterado que la mafia de Lula está fuera de juego?– y que era mejor “que se quedaran calladitos y sumisos”.
Después de 40 años de democracia sin apelativos y de mucha confianza en el respeto de los derechos restituidos con la huida del general Marcos Pérez Jiménez –“los pescuezos no retoñan”–, en los últimos 20 años la historia ha dado un inesperado giro en U y ese ciudadano que se presentaba como díscolo y retrechero se topa en las bocacalles y en los más recónditos callejones con las hordas miserables de José Tomás Boves. Los uniformados verde oliva no se amparan ni en la razón ni en el derecho, les basta mostrar las armas –pistola automática, fusil AK-103, un par de bombas lacrimógenas, esposas, gas paralizante, bayoneta y conducta delincuencial–, los “códigos” que fundamentan su apego a la justicia y a la institucionalidad. Reclaman mansedumbre al bravo pueblo, de lo contrario aplican su ley o jalan el gatillo. Escoja.
Es una nueva etapa de la “democracia verdadera” que devino en dictadura dura y pura sin solución de continuidad, sin periódicos impresos, con la televisión y la radio autocensurada y un mazo blandiendo sobre todo aquel que se arriesgue a traspasar en su propensión informativa la línea imaginaria que trazan a placer los cuarenta y tantos compañeros de ruta de Alí Babá.
En los regímenes dictatoriales y autoritarios que no son doctrinarios ni ideológicos (como el que ocupa ahora los 916.445 kilómetros cuadrados de lo que antiguamente era la República de Venezuela cuyas Fuerzas Armadas defendían su soberanía de la planta insolente del extranjero) los derechos humanos y civiles son letra muerta. Impera “el me da la gana” y “lo digo yo”; cuando alguien cuestiona su proceder aparece el “órdenes superiores” y ahí se acaba el revire. Cada funcionario se cree revestido de toda la autoridad imaginable y con licencia hasta para matar, como lo hacen cuando hablan de resistencia a la autoridad con arma de fuego, ataque al centinela y hasta ajuste de cuentas.
El socialismo del siglo XXI, que con tanto furor defendieron los “intelectuales” y “pensadores”, resultó ser un vulgar pranato, una analfabetocracia u oclocracia, pero seguirán callados, como ustedes pueden ver; claro, mientras les den el miserable plato de lentejas (una bolsa CLAP premium y un trago de aguardiente) que garantiza su deleznable silencio seguirán callados, rodilla en tierra y culo al aire. Vendo aceite de ricino, sal de higuera y otros vermífugos contra lombrices cerebrales.