Luego de considerar todo lo que ha ocurrido en el país durante los últimos 18 años, pero sobre todo lo ocurrido desde marzo de 2013 hasta el presente, no es difícil conjeturar lo que algunos quieren hacer con el dinero de los trabajadores colocado en las cajas y fondos de ahorro.

El universo integrado por las 787 instituciones de cajas y fondos de ahorro que lleva el Banco Central de Venezuela indica que, finalizado el año 2016, el efectivo en caja y bancos alcanzaba la cifra de 18,5 millardos de bolívares. Para que el lector tenga una idea de lo que este monto significa, puedo decirle que repartido entre los 31,5 millones de habitantes que somos, nos tocarían casi 2.339 salarios mínimos integrales a cada uno.

Primero fueron el Consejo Nacional de Cajas de Ahorro de Venezuela, Conacave, y la Federación Nacional de Cajas de Ahorro de Venezuela, Fecafasv, las que en mayo de 2015, y en forma conjunta, dirigieron una carta abierta a Nicolás Maduro en la que le pedían permiso para el bachaqueo financiero, al solicitarle la creación de una institución financiera especializada para colocar los ahorros de los trabajadores, a cambio de mayor rendimiento que el proporcionado por la actividad natural de una, en esencia, entidad cooperativa cuando otorga préstamos a bajas tasas de interés a sus asociados.

Un año después, Williams Dávila, al promocionarse como candidato a gobernador, le echaba una manito a Conacave, a Fecasfav y, sin querer queriendo, a los “enragés” de la Asamblea Nacional para ayudarles a legalizar el bachaqueo financiero así solicitado.

Como se recordará, en lugar de aprovechar el tiempo para leyes y asuntos realmente útiles, la Asamblea Nacional aprobó, por unanimidad durante una sesión ordinaria, el proyecto de ley que regula las actividades del Sistema Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Popular, lo cual allana el camino para “invertir” el mencionado dinero en “proyectos sociales”.

El asunto no ha pasado a mayores porque los asociados de las cajas de ahorro no son tontos. Sin embargo, frente a las posibilidades culinarias que una cifra como 18,5 millardos de bolívares ofrece, algunos todavía se encuentran altamente incentivados y han vuelto a las andanzas. A principios del mes de julio se celebró un encuentro entre un grupo de representantes de 70 cajas de ahorro, apenas 9% de las 787 que lleva el BCV, en Ciudad Flamingo, Chichiriviche, municipio Monseñor Iturriza en el estado Falcón.

Sin hacer mención del problema ético que significa esta reunión entre supervisor y supervisado para la finalidad implícita, reporta la prensa nacional, el superintendente de Cajas de Ahorro encargado, Carlos Luis Briceño Viloria, soltó allí para la historia del cooperativismo “rent-seeking” venezolano esta perla en la que las comillas no son mías: “Queremos ampliar el abanico de posibilidades” para la inversión de alto rendimiento de las cajas de ahorro, que repercutirán en los asociados. Tal como el lector lo puede apreciar, se trata de un concepto, sin duda, novedoso: organizaciones sin fines de lucro de alto rendimiento.

¿Sabe este superintendente que el alto rendimiento va de la mano con el alto riesgo?

Al menos un gran número de asociados a cajas y fondos de ahorro sí lo saben: lo aprendieron cuando perdieron sus ahorros en la debacle de los mutuos del año 2010. Se calcula que 40% de las cajas y fondos de ahorro existente para finales de 2009 tenía dinero colocado en instrumentos prohibidos por la ley vigente para la época, entre ellas, en varias cajas de ahorro de institutos militares y del gobierno.

Así, el aprendizaje derivado de sufrir importantes pérdidas patrimoniales por operar fuera de lo expresamente permitido por la ley que las agrupaba y por la grave omisión supervisora de la Superintendencia de Cajas de Ahorro –de la que, por cierto, nadie habla– significó que aprendieron la lección de que el riesgo y el rendimiento caminan juntos de la mano.

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