Desafío a los adeptos a tiranías que muestren sus razonamientos y públicamente defiendan, sin bufonadas, la falacia según la cual quienes impulsan la corrosiva percepción feudal o monopólica de los poderes en un país son aptos o doctos para formular proyectos de Estado.
Es irrestricto que un Estado corrompido se sostenga gracias a su bufonería de nómina, presente en las siguientes y fundamentales instituciones: primera: “ultraje ejecutivo”; segunda: “apalea nacional constituyente”; tercera: “tribunal excretorio de justicia”; cuarta: “ignorar a ciudadanos”, y quinta: “fétida uniformada nacional”.
Alguien pudiera ultrajar o permitirlo en su perjuicio. Resignarse cuando lo roban o protestar mientras vándalos lo hacen. En un régimen dictatorial de bufonariado, los que ejecutivamente se apropian de billetardos ajenos forman parte de uno de los abominables poderes públicos estatales. Ultrajar es un delito en cualquier parte del mundo. Ese verbo no tiene acepciones que lo maquillen. De modo intuitivo y en cofradía institucional, quien integra el ultraje ejecutivo piensa que no se apropia de las reservas financieras o tesoros de la nación a la cual devasta, tampoco de propiedades ajenas [medios de comunicación, fincas, empresas productoras], sino que está “en situación de goce o disfrute” de esos emolumentos. La epistemología lo certificará y hasta podría declarar que es un individuo “cogitativo” [no de cognición] porque supo cómo y dónde “coger” lo ajeno.
No es difícil entender que en claustros donde se parla con ferocidad algunos suelen molestarse, tanto que la apalea nacional constituyente se confiere inmunidad de cháchara. Todo está permitido entre querellados a causa del discurso, o “querellos” nada plebeyos que lanzan sus mejores puñetazos antes de blandir pertrechos letales. Hay registros de heridos en recintos de leguleyos que legislan, o conceden poderes extraordinarios al máximo de los aventajados en ejercicio de mando. A la apalea nacional constituyente se debe que quien pretenda exigir sus derechos civiles sea debidamente penalizado, siempre con respeto a la tradición de porrazos a opositores [recuerdo el adagio latino que dicta: “Nihil est Rex acceptius”].
El tribunal excretorio de justicia tiene la inconmensurable responsabilidad de ordenar que se cumpla la tradición de porrazos a opositores para mantener el orden público en un país por ellos defecado. Exalta su atribución de impartir, con celeridad, la inmundicia para garantizar la impartición de hedores y fluidos humanos donde torturan. Atento a las amenazas desestabilizadoras, el tribunal excretorio de justicia satisfará al supremo aventajado publicando interdictos que criminan a personas que pretendan luchar a favor de sus inalienables y civiles derechos.
Sin embargo, en caso de abusos u omisión de inmundicia, el ignorar a ciudadanos interviene para obligar al ultraje ejecutivo a que cumpla oportunamente con sus obligaciones: todo conforme al organigrama y ratifique los castigos a detractores establecidos en la aberración nacional. Para ellos es impostergable restituir garantías de aplicación de injusticia y recordar los deberes de sumisión a los habitantes de la república.
Para todos los fines circenses o criminales, la fétida uniformada nacional defenderá los intereses de mujeres y hombres que adhieren a la dictadura de bufonariado y reciben migajas del festín perpetuo de tesorería y finanzas públicas. A esta “fétida” se suman los (¿convencidos?) convidados con armas que, sin acreditación formal, son remunerados para matar al pueblo oprimido.
La fétida uniformada nacional tiene el monopolio del parque de pertrechos de guerra. Instiga la violencia cívico-militar, está presente en instituciones educativas para adoctrinar a infantes y adolescentes que tendrán comportamientos deleznables. Distribuye, apátridamente, los alimentos fuera del país sin admitir que comete contrabando de extracción. Raciona alimentos, ropas, calzados y medicinas internamente, los cuales distribuye a discreción entre esclavos. Asesina, expropia haciendas y empresas productivas.