Opinión

Bonos, diálogo y tiranía

¿Son los incentivos creados dentro y fuera de Venezuela en torno al pago de los bonos de deuda emitidos ilegalmente por el régimen chavista y a la emisión a futuro de más bonos u otro tipo de deuda, los que han condicionado, junto a otros varios factores que se podrían considerar, la nueva puesta en escena del llamado “diálogo” entre ese régimen y los integrantes de la deslegitimada Mesa de la Unidad Democrática?

La anterior pregunta apunta a una mucho más concreta: ¿cuánto importa a los intereses de los “dialogantes” en República Dominicana y los representados por ellos el que se paguen los bonos emitidos y se puedan emitir más deuda?

Cabe presumir que importa a los “dialogantes”, y mucho, que el Estado venezolano, desde hace años secuestrado por el régimen chavista, pague esos bonos y tenga credibilidad para emitir nueva deuda, mas no para garantizar la importación de alimentos, medicinas y otras urgencias de los venezolanos, negadas por el socialismo criminal, como insisten en afirmar los dialogantes “de lado y lado”, sino para que los acreedores de esos bonos, entre los que predominan extranjeros pero entre los que también figuran muchos venezolanos chavistas y no chavistas cuyas identidades sería indispensable conocer al día de hoy, puedan cobrar los montos que esos bonos les garantizan, con cargo al presupuesto nacional, objeto del más descomunal saqueo que una Nación contemporánea haya podido conocer.

Según el economista Miguel Ángel Santos “para mediados de 2017 el sector público venezolano había acumulado una deuda externa aproximada de 178 millardos de dólares. De esta cifra, unos 118 millardos son instrumentos financieros (bonos, préstamos documentados y pagarés), y unos 60 millardos son las mal llamadas “deudas no financieras” (por tratarse de obligaciones con entidades no financieras). En el caso de Venezuela, ese conjunto de compromisos incluye atrasos con proveedores, contratistas y socios petroleros, autorizaciones de adquisición de divisas no liquidadas, y demandas por expropiación en los tribunales internacionales (entre otros) (…) Esta realidad trae consigo implicaciones de política económica muy concluyentes: Venezuela está fuertemente sobre-endeudada y no va a salir de la situación en que se encuentra emitiendo más deuda, a tasas que el mercado le exigiría a un país con esos niveles tan elevados de endeudamiento. Las últimas dos operaciones que el gobierno ha realizado, el canje de bonos de Pdvsa a finales de 2016 (con garantía de acciones de Citgo) y la venta de bonos en tesorería a Goldman Sachs, se hicieron a 21% y 48% en dólares, respectivamente. Menos pan para hoy y más hambre para mañana” (ver: https://goo.gl/QW763R ).

¿A quiénes les importa que Venezuela salga de su situación actual? ¿A los dialogantes de República Dominicana? ¿Coinciden los intereses de esos dialogantes, tanto de los públicos como de los anónimos, con los de las personas que a diario padecen el hambre, la muerte, la enfermedad y el miedo en las ciudades, barrios, pueblos y calles de Venezuela?

Es claro que al régimen le conviene que se mantenga la situación actual, pues creen –el tiempo dirá sin base– que la abierta aniquilación de la población que han emprendido, si bien en cámara lenta, no implicará su salida del poder. Para ello confían no solo en las armas y la corrupción de las Fuerzas Armadas, órganos policiales, pero sobre todo en el apoyo de los regímenes autoritarios de Cuba, Rusia y China, entre otros –una compañía de esta última, por cierto, demandó a Venezuela recién ante una Corte de Estados Unidos–.

¿Conviene a los integrantes de la Mesa de la Unidad un cambio de la situación? Habría que suponer que sí, que eso quieren, al menos algunos, pero que no son libres, o que no tienen la capacidad política –tampoco sus sabios asesores–, para actuar con coherencia y firmeza en esa dirección, prueba de lo cual es que su primera exigencia en la negociación no es el que se establezcan condiciones con apoyo internacional para la entrega del poder por parte de Nicolás Maduro y sus aliados más cercanos, y la designación por la Asamblea Nacional que controla la oposición de un Consejo Nacional Electoral imparcial, también con respaldo internacional, para iniciar así un proceso de transición a la democracia y celebrar elecciones presidenciales tan pronto como sea posible. La primera petición es que se abra un canal humanitario, de un lado, para que el régimen criminal reciba alimentos y medicamentos para distribuir con criterio político durante la campaña presidencial de Maduro en 2018, y de otro, para agravar aún más la condición de mendigos, siervos y desahuciados de los venezolanos, quienes por lo demás hemos llegado a tal circunstancia debido en gran medida a nuestra absoluta y total irresponsabilidad.

Definitivamente, la postura de los dialogantes por la Mesa de la Unidad, de centrarse en la autorización de un humillante canal humanitario que estabilice de algún modo la miseria actual de los venezolanos, unida a su silencio, y en casos abierta condena a las sanciones que de forma soberana y ajustada a Derecho tanto Estados Unidos como otros países de nuestro continente y de Europa han impuesto tanto a funcionarios del chavismo como a empresas estatales venezolanas, como Pdvsa, no coincide con los intereses de la mayoría de la población, que por ejemplo el pasado 17 de julio de 2017 gritaron por millones en un plebiscito que desean un cambio de régimen, ser liberados de sus captores, no que les tiren unas sobras de medicinas y comida para hacer algo menos infame su presidio arbitrario.

Importa recordar que el objetivo de las sanciones es impedir que empresas “capitalistas” y “pragmáticas” como Goldman Sachs (EU), Blackrock (EU), Fidelity Management and Research (EU), T. Rowe Price Group (EU), Invesco LTD (EU) y Ashmore Group (Inglaterra), no causar hambre y enfermedad en los venezolanos. La causa de esto son las políticas socialistas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro: “Las sanciones dictadas a través de una Orden Ejecutiva firmada este jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‘hacen que sea extremadamente difícil para Venezuela o Pdvsa obtener financiamiento nuevo al prohibir que cualquier entidad de ese país participe en operaciones destinadas a proveer nuevos fondos. Esto genera que una reestructuración de la deuda venezolana sea casi imposible’. Un régimen corrupto, criminal, mentiroso y violador de derechos humanos, y sus integrantes, vaya que merecen perder el derecho a contratar internacionalmente con agentes que sí cumplen con el Derecho interno e internacional en estas materias (véase al respecto (véase: https://goo.gl/cniGEG y https://goo.gl/EUhNps).

Sin embargo, lo anterior parecen no tenerlo claro los extraviados dialogantes de la Mesa de la Unidad. Peor aún, es la confesión de algunos de esos dialogantes o sus aliados, de estar dispuestos a reconocer a la tiránica Asamblea Constituyente castrochavista, y de autorizar desde la Asamblea Nacional con los votos de la oposición los contratos que el régimen ha suscrito sin tener su autorización, la deuda emitida y nuevos contratos, en especial para que emita más deuda y asuma compromisos que en modo alguno está Venezuela en capacidad de cumplir, dada la destrucción de su economía e incluso de su principal fuente de ingresos, la industria petrolera (por estos días, el ex zar del petróleo y responsable directo, junto a sus familiares abogados, de la destrucción de Pdvsa, Rafael Ramírez, ha caído entre los objetivos de las purgas “estalinistas” de Maduro contra otrora fichas duras de Hugo Chávez), todo ello solo a cambio de que se permita el canal humanitario, se respeten las competencias de la Asamblea Nacional y se permitan –increíble la candidez– condiciones electorales adecuadas para la elección presidencial de 2018.

Pareciera que experiencias importantes de transición a la democracia, como la de la antigua Checoslovaquia –en la que hasta el último momento en el poder los comunistas tuvieron preparados sus agentes militares para asesinar civiles y mantenerse en control del país– y Polonia no son relevantes para los dialogantes de la Mesa de la Unidad en República Dominicana, obsesionados por tener en cuenta transiciones que no son relevantes para la Venezuela actual –como las de España y Chile, por ejemplo–, pero sí lo son los informes de organizaciones claramente vinculada a los intereses de oficialistas dentro y fuera del poder como Torino Capital, que siempre coloca a la carreta por delante de los caballos en sus análisis, no por descuido, sino por interés: “…un informe especial de la firma Torino Capital (…) explica que la referida restricción impide que Estados Unidos acepte los bonos que se emitirían en un posible canje y además limitan la capacidad del país para obtener fondos a través de pagos de dividendos de Citgo o usar la empresa como garantía para futuras financiaciones nacionales. Al referirse a las excepciones, destaca que incluyen las transacciones necesarias para cerrar los contratos ya firmados durante un período de 30 días, la nueva deuda emitida por Citgo y la nueva deuda relacionada con importaciones de alimentos, insumos agrícolas, medicamentos y dispositivos médicos procedentes de Estados Unidos (ver el análisis de Torino: https://goo.gl/2RSz5Y).

Según Torino Capital, así como de otras compañías que representan a tenedores de bonos dentro y fuera de Venezuela, la culpa de que empeore la escasez de todo lo básico en el país no es del chavismo, del régimen, de lo que han hecho con absoluta saña durante ya casi 19 años contra una población idiota políticamente, no, sino de las sanciones de Estados Unidos, porque ellas no permiten al estafador, al violador, al corrupto, seguir “guisando” con sus panas y aliados “de lado y lado”. Ante tal cinismo e hipocresía, es cuando líderes honestos apelan a la verdad y al camino exigente para conducir a sus ciudadanos a una situación mejor que la actual. Pero no es ese el liderazgo que se muestra del lado de los dialogantes de la Mesa de la Unidad, muchos de los cuales apoyan la reestructuración: “La oposición venezolana pidió al Gobierno una refinanciación de la deuda externa para evitar que los más de 3.500 millones de dólares que el país tiene que pagar en vencimientos de octubre y noviembre se reúna sacrificando importaciones y agravando la situación de escasez que vive la nación: ‘Es una propuesta que lanzamos hoy para que en este momento (..) se refinancie la deuda y no se castigue a los venezolanos’ para ‘cumplirle a los bancos y tenedores de los bonos’, afirmó el presidente del Parlamento -en manos de la oposición-, Julio Borges, en una rueda de prensa (…) Borges pidió ‘refinanciar la deuda para que se pueda tener dinero para comida y alimentos’, además de una reforma profunda de la economía que contribuya ‘al bienestar de los venezolanos’” (ver: https://goo.gl/J17RkB).

¿Es en serio?, ¿por el bienestar de los venezolanos?, ¿o por el de los tenedores de bonos, de los corruptos y de los violadores de derechos humanos? ¿Cuáles son los principios, los valores y los fines políticos de los dialogantes de la Mesa de la Unidad y sus asesores en República Dominicana? ¿Acaso la mezcla de pragmatismo, nihilismo, improvisación, miedo, ingenuidad, populismo y presión de los que sí quieren que la catástrofe siga para cobrar sus bonos y comprar más bonos ad infinitum puede más que la responsabilidad histórica de derrotar a la tiranía, reconociéndola como tal de una buena vez?

Preguntas duras, que pueden tener como tenebrosa respuesta que sí, que todo eso puede más que la meta de rescatar a Venezuela de los autoritarismos, mafias, redes criminales y miseria que hoy la destruyen, y que el proceso de asimilación por parte del chavismo de al menos una parte considerable de sus auto reconocidos adversarios se ha completado, tanto en palabra como en acción, como le ocurrió a Winston Smith al final de 1984. Hasta ahora, pago de los bonos mata la libertad de venezolanos en Santo Domingo.