La barbárica represión que el poder ejecuta en contra de la población, no solo ahora sino por lo menos desde hace 15 años, no es de factura nacional o venezolana, sino de procedencia foránea o castrista. Me refiero, claro está, al concepto de la represión masiva, completamente desproporcionada y con una violencia que busca atemorizar y extinguir la protesta. No lo consiguen porque la realidad de Venezuela no es la de Cuba. Pero la intención y la estrategia son muy parecidas.
Se trata de la represión propia de los regímenes totalitarios que, sencillamente, no pueden aceptar la expresión pública de la crítica o la resistencia. Pero el pueblo venezolano no es uno resignado a la opresión totalitaria, sino más bien lo contrario: dispuesto a seguir luchando para que se produzca un cambio de fondo.
Tal represión se fundamenta en la noción de que “no hay enemigo pequeño”, y que cualquier “foco” por más irrelevante que parezca al principio, debe ser aplastado sin piedad para que no pase de allí. Por cierto, que bien se sabe que las técnicas represivas del castrismo, emularon mucho las del sistema de seguridad de la República Democrática Alemana, o la Alemania Comunista, la infame Stasi.
Más de 50 asesinados en pocas semanas de movilización popular, más centenares de heridos graves, y el encarcelamiento militar de una gran cantidad de manifestantes son realidades terribles de ese patrón represivo. Lo más trágico es el homicidio, porque la pérdida de vidas es irreparable, y cuando se trata de vidas de jóvenes, la indignación adquiere una dimensión de condena absoluta. Todo lo cual confirma, una vez más, que los derechos humanos no tienen vigencia material bajo la égida de la hegemonía roja.
Así mismo, están usando y abusando de los tribunales militares para encausar a los civiles, lo cual no solo es un absurdo, sino una violación brutal de la Constitución, porque salir a manifestar no es ningún delito de corte militar, sino un derecho reiterado en la Constitución de 1999. Hasta el propio Hermann Escarrá, uno de los promotores de la “constituyente de Maduro”, ha declarado públicamente que la utilización de la jurisdicción militar es inconstitucional. De igual manera se ha pronunciado la fiscal, Luisa Ortega Díaz.
Lamentablemente para los venezolanos, a los represores les importa un bledo lo que diga la Constitución. Y se equivocan. El asesinato de estudiantes en manifestaciones de protesta es un crimen de alcance internacional, que no prescribe jamás. Puede que la justicia tarde, pero al final llegará. Tengan eso en cuenta los instigadores de la represión importada que están imponiendo en Venezuela.