Opinión

Un balance del régimen madurista (III)

En el primer artículo de esta serie sostuve que “realizar un balance del régimen madurista obliga a analizar, con la necesaria objetividad, los doce años del corrupto y arbitrario gobierno de Hugo Chávez, los aciertos y errores de la oposición venezolana y los seis años de la irresponsable, corrupta y desastrosa gestión de Nicolás Maduro. Las últimas dos decisiones de Hugo Chávez, antes de fallecer, le hicieron un inmenso daño a Venezuela: lanzar su candidatura a la Presidencia de la República conociendo su grave estado de salud y profundizar el despilfarro del dinero público en aras de su triunfo electoral, a pesar del desmoronamiento de los precios petroleros; y escoger a Nicolás Maduro como su heredero político, teniendo certeza de sus grandes limitaciones y su incondicional subordinación al castrismo. El fallecimiento de Hugo Chávez y la manipulación seudolegal que se realizó para la designación del entonces vicepresidente Nicolás Maduro, como encargado de la Presidencia de la República e ilegítimo candidato del oficialismo en las siguientes elecciones, son harto conocidas. Ellas exigirán una profunda investigación para establecer las responsabilidades correspondientes. Son demasiados los interrogantes que rodean esos hechos.

El dudoso triunfo de Nicolás Maduro en 2013 por una exigua diferencia de votos frente a su contendiente Henrique Capriles, en un proceso electoral repleto de irregularidades, comprometió, aún más, su legitimidad ante la opinión pública. La gestión del nuevo gobierno se caracterizó por tres líneas estratégicas fundamentales: respetar celosamente el “legado del comandante supremo”, acatar las orientaciones ideológicas cubanas y, emitir, sin respaldo, inmensas cantidades de dinero inorgánico para tratar de superar el déficit fiscal creado, entre otros, por la destrucción del aparato productivo nacional, un permanente incremento del gasto fiscal, una incontenible corrupción y el desplome de los precios petroleros. Nicolás Maduro, de manera irresponsable, consciente o inconscientemente, todavía no lo sabemos, no tomó ninguna medida para enfrentar la creciente crisis económica. Solo se dedicó a aplicar las recomendaciones de su asesor, de origen español e ideología marxista, Alfredo Serrano Mancilla lo cual ha llevado la economía al catastrófico resultado que hoy estamos padeciendo.

Su primer gran fracaso fue la derrota sufrida en las elecciones parlamentarias del año 2015. Desesperado con la realidad que significaba que la oposición hubiese obtenido la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, utilizó un tribunal de instancia que cuestionó la elección de los diputados del estado Amazonas. Esa acción produjo un fuerte forcejeo entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial hasta que el Tribunal Supremo de Justicia, designado fraudulentamente, sentenció, en contra de la Asamblea Nacional alegando, seudolegalmente, que se encontraba en desacato e impidiendo el legítimo ejercicio de sus funciones. De todas maneras, la oposición consideró que, dada la cercanía de la mitad del período presidencial, era posible revocar el mandato de Nicolás  Maduro. La camarilla gobernante conocía, con certeza, que serían derrotados en cualquier elección. Ese temor los condujo, nuevamente, a, inconstitucionalmente, utilizar unos tribunales penales para evitar la recolección de 20 % de las firmas necesarias, comprometiendo definitivamente la realización del referendo revocatorio. Seguidamente, la camarilla gobernante planteó la convocatoria a un diálogo con la presencia de la Santa Sede, la cual fue lamentablemente aceptada por la MUD sin estar preparada para dicho diálogo, con el consecuente y estruendoso fracaso.

Tantas arbitrariedades provocaron que un sector de la oposición convocara a manifestaciones diarias de protesta durante varios meses, las cuales fueron brutal y cobardemente reprimidas por la Guardia Nacional, los organismos policiales y grupos paramilitares organizados y armados por el gobierno, en connivencia con los anteriores, con un doloroso saldo de muertos y heridos. La criminal agresión gubernamental produjo la muerte de 1 a 2 muertos diariamente, sin contar la cantidad de heridos y presos. Las cifras dadas por los medios de comunicación indican que el número de muertos pudo haber alcanzado cerca de 300 jóvenes. El cometido de esta masacre, perpetrada en cámara lenta, fue el de atemorizar y suprimir la protesta, lo cual logró. Nicolás Maduro, creyéndose fortalecido convocó, de manera inconstitucional, a la elección de una asamblea nacional constituyente que él llamó además “comunal”. La firme posición de la MUD de no participar en esa elección, respaldada por una imponente abstención, pusieron en evidencia, ante la opinión pública nacional e internacional, la condición fraudulenta de ese proceso y el evidente rechazo de la sociedad a lo que ya se percibía como una dictadura totalitaria. Ese fue su segundo gran fracaso. La reacción fue impresionante: más de 50 países desconocieron la legitimidad de dicha asamblea nacional constituyente y empezaron a cuestionar, severamente, el gobierno de Nicolás Maduro.

Lamentablemente, la cruel y cobarde represión utilizada por la camarilla gobernante, en 2017, para sofocar la protesta, con el consecuente sufrimiento infligido a la población, sin haber podido alcanzar ninguno de los objetivos propuestos, así como la execrable parcialización de las instituciones del Estado y el Alto Mando de la Fuerza Armada, a excepción de la Asamblea Nacional creó una creciente desesperanza y la convicción de que participar en las elecciones regionales, aun contando con una abrumadora mayoría, no se traduciría en una derrota para el gobierno. Para colmo, las negociaciones de Santo Domingo fracasaron estruendosamente, ante la rotunda negativa de la camarilla gobernante de permitir unas elecciones libres y transparentes. Este sentimiento mayoritario en los venezolanos opuestos a la dictadura madurista, permitió que en las elecciones de alcaldes y gobernadores el PSUV impusiera su voluntad, en medio de una gran abstención. Nicolás Maduro consideró que era el momento político para adelantar las elecciones presidenciales, las cuales fueron convocadas para el 20 de mayo de 2018, en lugar de hacerlo en el mes de diciembre como correspondía. Esa decisión fue ampliamente rechazada nacional e internacionalmente. Ese fue su tercer gran fracaso. El obvio resultado de esa fraudulenta elección fue de inmediato desconocido por la gran mayoría de los venezolanos y los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea y de los países del Grupo de Lima. Seguidamente se produjeron sanciones económicas en contra de personeros y del propio gobierno de Nicolás Maduro.

El cuarto y más grave fracaso de Nicolás Maduro ha sido el criminal sometimiento a nuestro pueblo, sin motivo ni causa que lo justifique, durante sus seis años de gobierno, a un proceso de destrucción y ruina nacional creando las condiciones económicas y sociales que han generado una dolorosa diáspora de venezolanos que huyen por todo el mundo, del hambre y la muerte provocada, entre otros motivos, por una inmanejable hiperinflación, gracias a la destrucción del aparato productivo, la corrupción y un desbordado endeudamiento interno y externo; una galopante inseguridad personal, el colapso de todos los servicios públicos, el uso del terrorismo de Estado para acallar la disidencia, etc. Ante esta catástrofe nacional, Nicolás Maduro presentó un programa de ajuste económico que ha producido, en todos los sectores sociales, más angustia que sosiego, al considerar que las medidas que plantea son inconexas y contradictorias y que tendrán un inmenso costo para nuestro pueblo. En mi opinión, pareciera que busca repetir la reforma china de Deng Xiaoping: una dictadura totalitaria, en medio de una economía de mercado. Sin embargo, ni siquiera eso es posible por varias razones fundamentales, entre otras: falta de confianza y credibilidad, una marcada escasez de divisas, inexistencia de infraestructura industrial y falta de voluntad política para acometer la solución de los problemas, en beneficio de la población. Esta situación continuará agravándose y el régimen madurista seguirá sometido a grandes presiones, nacionales e internacionales y su estabilidad política muy comprometida.

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