El régimen usurpador de Maduro decidió rechazar con el uso indiscriminado de la fuerza, utilizando incluso armas no convencionales prohibidas por el Derecho Internacional, el ingreso de la ayuda humanitaria legítima y legalmente solicitada por el presidente interino Juan Guaidó. Las fuerzas regulares y los grupos paramilitares organizados, controlados y dirigidos por el régimen usurpador, llevaron a cabo acciones militares y hechos violentos en las fronteras con Colombia y Brasil, en donde murieron 20 personas y resultaron heridas más de 250, algunas de gravedad. Además, en su empeño en detener la ayuda humanitaria, la tiranía bloqueó la zona fronteriza marítima con el Caribe y amenazó con el uso de la fuerza a una embarcación humanitaria, algo simplemente atroz.
Una acción canalla que ha sido condenada por todos, dentro y fuera del país. Un crimen internacional, tal como está descrito en el artículo 7 del Estatuto de Roma (un ataque generalizado sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque) y en los “Elementos de los Crímenes” (hay diferentes formas de matar, sea directa o indirectamente; la imposición de esas condiciones podría incluir la privación del acceso a la alimentación y a las medicinas) que alarma y genera enorme preocupación. El ataque a la población civil, pacíficamente organizada como voluntariado, que acompañaba el ingreso de la ayuda humanitaria; y, la retención y destrucción por parte de los esbirros del régimen del material humanitario (medicinas, alimentos) son actos de barbarie que confirman muy claramente la índole del régimen contra el cual estamos luchando los venezolanos.
Estamos ante una crisis que se ubica en el plano internacional, una crisis que afecta nuestros intereses pero también los valores de la comunidad internacional. La internacionalización del conflicto se acentúa y se agrava por la presencia de los cubanos en el país. Es bien sabido que el usurpador Maduro y sus cómplices actúan bajo la dirección y el control del régimen cubano, lo que nos coloca en un escenario en el que una potencia extranjera invade y ocupa el territorio nacional con el consentimiento del régimen usurpador y controla el funcionamiento de las instituciones provocando una dependencia externa que vulnera la soberanía nacional y pone en peligro la existencia misma de la nación.
Ante la violación de las normas de Derecho Internacional y la grave situación que se plantea por el reto del régimen usurpador, instrumentado por fuerzas militares institucionales y por grupos paramilitares afectos; y, ante la indefensión de una población sin armas, se plantea la posibilidad de que participe una fuerza multinacional que asegure el ingreso y la distribución de la ayuda humanitaria, lo que podría solicitar en su oportunidad el presidente Guaidó, en ejercicio de las facultades que le acuerda la Constitución Nacional.
El régimen agotó la vía pacífica para solucionar la crisis en la que nos ha sumergido y ante ello se abren opciones, entre las cuales la asistencia militar para proteger la ayuda humanitaria y más allá, de ser necesario, para proteger a los venezolanos que sufren la represión de un régimen criminal que controla el poder militar y la fuerza de las armas. Los beneficiarios del izquierdismo virtual, aquellos que no viven ni entienden la realidad y el sufrimiento de un país entero, rechazan cualquier acción militar, sin plantear soluciones sensatas y válidas, mientras guardan silencio ante el uso indiscriminado de la fuerza y de las armas por la tiranía en contra de una población civil indefensa.
Y no solamente intelectuales que viven de estas posturas excéntricas plantean soluciones dilatorias, también algunos políticos lo hacen, para fortalecer sus aspiraciones presidenciales. Es el caso de Bill Sanders, de nuevo precandidato presidencial por el Partido Demócrata en Estados Unidos, quien sin ofrecer una solución viable y seria que considere el sufrimiento de un país, condena toda participación militar en Venezuela para proteger el ingreso de la ayuda humanitaria que salvará millones de vidas, asimilando una acción en este sentido a las que habría realizado Estados Unidos en la región, en otros tiempos.
Una apreciación errada, mal intencionada, que desconoce la realidad. No se trata de sustituir un régimen, ni de cambiar un sistema, menos de regresar a prácticas odiosas neocoloniales. Se trata de una cuestión humanitaria. Pero, además, y quizás esto no haya sido comprendido por el líder demócrata estadounidense, Maduro representa un régimen usurpador entregado a una potencia extranjera e incurso, al menos su cúpula mayor, en crímenes internacionales y en delitos de carácter transnacionales muy graves. Mientras que Juan Guaidó es el presidente interino de Venezuela, de acuerdo con nuestra Constitución Nacional, tal como ha sido reconocido no solo por 97% de los venezolanos, sino por la mayoría de gobiernos democráticos del mundo.
No se trata en definitiva de aupar una intervención militar extranjera sino de hacer efectiva la responsabilidad que tiene la comunidad internacional de proteger a una población que, como la venezolana, enfrenta penurias y la represión de un régimen que lejos de ser de izquierda o de derecha es simplemente un régimen criminal, forajido en el sentido estricto de este término, que debe ser superado para dar paso al restablecimiento de la democracia y de las libertades en el país, y a la estabilización de la región, de la que quedarían marginados solo los regímenes dictatoriales de Nicaragua y de Cuba, ambos también en proceso de cambios internos que se acelerarán una vez concluido el venezolano, lo que ocurrirá sin desespero pero con seguridad y firmeza, bajo la dirección de Juan Guaidó.